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Versión completa: En 2009 las desconesiones por impago
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En 2009, las desconexiones por impago reportaron a las eléctricas más de 22 millones de beneficios
• Los cortes de luz se han convertido en un jugoso negocio gracias a las tasas de reenganche, el dinero que las compañías eléctricas cobran por devolver el suministro a los usuarios. Organizaciones como Cáritas hacen malabarismos para ayudar a miles de familias que no pueden hacer frente a sus recibos domésticos.

Reportaje por: Nieves Salinas
Fotografías por: 01/03/10
Por mucho frío que haga, y este invierno ya han caído cuatro nevadas sobre Madrid, en la casa de Juan Antonio Vázquez, en la sierra madrileña, no hay dinero para encender la calefacción. Y puestos a elegir, este chapista de 35 años, casi uno en el paro y padre de dos niños, prefiere calentarse con mantas, pero mantener el alumbrado. “Llego muy justito. Y con retraso. Hasta ahora he conseguido que no me corten la luz. En el banco me conocen y me aguantan los recibos. El último –de luz y gas, por un importe de algo más de 64 euros– lo pagué porque vendí una joya de mi madre”.
Según ha podido saber esta revista de fuentes del sector, solo en 2009 se produjeron en España más de 1.300.000 cortes de luz por impago, el doble que en 2005, un año en el que –según datos de la Comisión Nacional de Energía (CNE)– cerca de seiscientos mil clientes se quedaron sin suministro por no abonar sus facturas. Del total de interrupciones de 2009, unas doscientas mil familias no abonaron sus deudas para recuperar el alumbrado.
El aumento de desconexiones conlleva, además, un suculento negocio para las compañías eléctricas, que el año pasado se embolsaron, como mínimo, más de 22 millones de euros. Cada vez que se procede a la interrupción del suministro –y una vez saldada la deuda– el usuario paga en torno a 20 euros por el reenganche, según explican a esta revista desde una gran compañía, cantidad que FACUA-Consumidores en Acción sitúa entre los 30 y 40 euros.
Es una de las consecuencias más visibles de la crisis que ahoga a miles de familias que, hasta no hace mucho, llevaban sus recibos al día. El impago de suministros básicos –luz, agua, gas o teléfono– ha empeorado en el último año: hasta un 30 por ciento más de facturas sin pagar, asegura Luis Salvaterra, director general de Intrum Justitia Ibérica, multinacional sueca especializada en el recobro de deudas.
El de vivienda –hipotecas, recibos…– es el capítulo en el que más han aumentado los fondos invertidos por Cáritas en ayudas económicas –un 72 por ciento entre 2008 y el primer semestre de 2009–. “Hacemos lo que podemos. Cuando la gente viene a nosotros es porque normalmente ya les han cortado la luz”, explican en la organización caritativa. Existen incluso sociedades municipales que, como la Empresa Metropolitana de Abastecimiento de Agua de Sevilla, ya han aprobado medidas para que sus ayuntamientos accionistas abonen, previa comprobación, el pago de facturas de las personas que no pueden hacerlo. “Las empresas deben adecuarse a la realidad que se vive”, apunta Salvaterra.
Según datos publicados por El Periódico de Aragón, solo en esta comunidad la banca devolvió en el primer cuatrimestre del pasado año 80.000 recibos de luz por impagos. Un 22 por ciento más que en el mismo periodo de 2008. Las compañías dejaron de ingresar casi tres millones de euros al mes en Aragón –donde las eléctricas tienen 900.000 abonados– porque los clientes no pueden pagar y los bancos no se arriesgan a adelantar ese dinero.
Una realidad que dicen desconocer, y a la que además restan dramatismo, la Comisión Nacional de Energía –el ente regulador adscrito al Ministerio de Industria–, las grandes compañías eléctricas y la patronal que las representa, UNESA. “En el sector doméstico puede haber un aumento puntual, pero no masivo. En las familias no se puede hablar de problemas para pagar sus facturas, sobre todo con el tema del bono social”, apuntan desde una eléctrica en alusión a la congelación de las subidas de la tarifa de la luz –de la que se benefician tres millones de españoles– prevista por el Gobierno para los sectores más desfavorecidos.

Una realidad ajena
Todos los organismos y compañías consultadas se han negado a cifrar los impagos y a realizar oficialmente declaraciones. “No procede hablar de las deudas que tienen nuestros clientes”, dicen en Iberdrola. No es la única. El mismo argumento esgrime Gas Natural-Unión Fenosa: “No podemos dar ningún dato ni tendencia. Las informaciones sobre impagos se incluyen en la protección de datos”. En el caso de E.ON optan por el silencio, lo mismo que Repsol o Endesa: “No tenemos datos –añaden desde UNESA–, pero el impacto de los impagos en el consumo doméstico sería pequeño, también a efectos de las cuentas de resultados. Ahí lo gordo es que no te pague una administración pública [ver recuadro de la página 10 sobre el corte en el Ayuntamiento de Madrid] o una gran factoría”.
Otras pequeñas empresas, como Eléctrica de Cádiz –con 65.000 abonados–, aseguran que no se ha producido “una situación de impagos por encima de lo normal por la crisis”. Solo otras compañías admiten –eso sí, desde el anonimato– que el número de facturas por abonar ha aumentado notablemente. Esta revista ha podido saber que una de las grandes del sector llegó en 2009 al medio millón de cortes de suministro. El dato supone que, en un año, los impagos han subido ese mismo 30 por ciento que ha aumentado la morosidad de otros servicios básicos.
¿Culpable? La crisis. La Comisión Nacional de Energía tampoco dispone de datos. El único confirmado es que en 2005 fueron 600.000 las interrupciones que practicaron las eléctricas por falta de pago. Desde entonces, dicen desde la CNE, no existe información al respecto.
Pero más allá de la información que se maneja en los despachos de las grandes compañías –alguna llegó a mostrar su sorpresa porque se le explicase que, en palabras de Cáritas, hay quien no tiene ni para abonar los 20 euros que de media puede costar la luz con el bono social–, los datos son rotundos. Y coinciden no solo con lo que Cáritas comprueba cada día a pie de calle, sino con lo que aportan empresas como Intrum Justitia.
De 2008 a 2009, dice Luis Salvaterra, el impago por parte de particulares de lo que ellos denominan utilities (gastos domésticos) ha aumentado entre un 25 y un 30 por ciento. Hasta el extremo de que las compañías deberían “ayudar a las personas con aplazamientos, financiaciones o cambios de condiciones. La gente no paga no porque no quiera, sino porque no puede”. Un dato lo avala: el 85 por ciento de los clientes a los que se les ha cortado el suministro de luz por falta de pago se reconectan tras abonar su consumo y los 20 euros, como mínimo, de gastos de reenganche.
Pero ¿estarían las eléctricas dispuestas a flexibilizar sus condiciones de pago a los clientes en dificultades, como ya han empezado a hacer algunas empresas municipales de agua [ver recuadro sobre estas líneas]? interviú ha lanzado esta pregunta a la propia CNE, que, a su vez, pasa la bola a las eléctricas: “A esto deberían responder las compañías”.

“Pues váyase a Cáritas”
La respuesta que, a modo de latiguillo, ha comenzado a extenderse cuando un cliente acude a su compañía para explicar que no puede pagar la factura es: “Pues váyase usted a Cáritas”. Lo cuentan desde la organización católica, desbordada ante las peticiones de ayuda de familias que, sin empleo y sin prestaciones, tienen graves dificultades para afrontar los gastos de una vivienda. “Priorizan sus gastos. Primero, la hipoteca, aunque luego no puedas pagar los recibos y te quedes sin luz o agua”, señala Sonia Olea, experta en temas de vivienda de la organización.
Como Juan Antonio, el parado madrileño. En Salamanca, donde vivía antes de trasladarse a Madrid, llegó a ganar 3.000 euros “a base de echar horas matando garrapos [cerdos] en una fábrica. Ahora no duermo por la noche pensando en pagar el coche, el agua, la luz… Por eso no gasto en calefacción y pongo mantas y edredones. Y menos mal que no tengo hipoteca, que vivo en la casa que nos ha dejado mi madre…”. En su hogar entran 1.200 euros al mes. La suma de los 420 que le da el Gobierno –destinados a parados sin prestación– y lo que su mujer gana en una gran superficie.
“Nuestros voluntarios –dicen en Cáritas– ayudan cada vez a más personas a renegociar las deudas con los bancos, personas que estaban normalizadas y que, al perder su trabajo, atraviesan una situación muy difícil. El de la crisis es un tercer grupo con el que Cáritas no estaba acostumbrada a trabajar. No se trata de no pagar recibos, sino del desastre que existe en España en la vivienda, que debería ser un derecho esencial de las personas, igual que tener unos mínimos de dignidad: agua, luz y gas o lo que sea para calentarnos de alguna manera”.
En Cádiz, indica el concejal de Hacienda, José Blas Fernández, el consistorio se presta a ayudar, a través de sus servicios sociales, “a todo aquel que no pueda pagar la luz y demuestre una situación insostenible”. Como la de José Macías, vecino de Málaga, parado, como su mujer, padre de dos hijos y a quien le acaban de pegar el susto de su vida: “O pago o me cortan la luz. Y no ha sido un problema mío, sino que durante meses no me llegaron los recibos a mi casa y ahora me reclaman 500 euros –por varios meses– que no tengo para pagar y no sé que hacer. Llamé a la compañía para que me dijeran qué pasaba con los recibos, se disculparon. Pese a eso, o pago o me quedo sin luz”. REVISTA INTERVIU 2-3-10