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Corrupción a nivel municipal
#1

NÚRIA BOSCH
Los casos de corrupción ocasionados por nuestros representantes políticos van apareciendo con cierta frecuencia en los medios de comunicación. Es un fenómeno que afecta a todos los países con más o menos intensidad. El Banco Mundial ha alertado de que la corrupción afecta al crecimiento de un país y es un impedimento importante para el desarrollo.
Muchos estudios económicos y políticos demuestran que los países con sistemas democráticos avanzados, basados en la competencia entre partidos, elecciones libres y libertad de prensa tienen menos corrupción política. Por ello, sería razonable pensar que los sistemas democráticos ayudan a reducir los niveles de corrupción al tener más transparencia y más sistemas de control político.
Uno de los mejores controles políticos lo ejercen los ciudadanos cuando acuden a las urnas. En un sistema democrático los ciudadanos pueden castigar a sus políticos no reeligiéndoles para el ejercicio del gobierno. Y es a nivel municipal donde mejor se puede ejercer a través de las urnas dicho control. Ello es debido a que los ciudadanos conocen mejor a los políticos de su gobierno local que a los políticos de gobiernos de administraciones superiores. A nivel local se conocen mejor las características personales de los políticos y el entorno donde ejercen sus funciones. Además, a nivel local muchos de los casos de corrupción están relacionados con la regulación del suelo y el urbanismo en general.
Las consecuencias de este tipo de corrupción son evidentes, en la medida que las irregularidades relacionadas con el suelo y el urbanismo pueden ser más fácilmente percibidas por los votantes. Por tanto, sería lógico pensar que a nivel municipal sea donde los ciudadanos castiguen más la corrupción política.
Un estudio reciente de unos profesores de la Universidad de Barcelona demuestra cómo en las elecciones locales de los años 2003 y 2007 los ciudadanos de los municipios españoles donde hubo casos de corrupción relacionados con la regulación del suelo y el urbanismo castigaron a los políticos corruptos. El estudio analizó una muestra de unos 4.900 municipios, de los cuales más de 500 tuvieron algún caso de corrupción entre 1999 y 2007. Los resultados del estudio indican que los partidos políticos son castigados en las elecciones cuando ha habido casos de corrupción en su municipio, siendo el partido del alcalde el más castigado. El conjunto de partidos pierde un 9% de los votos, mientras que el partido del alcalde un 11%. Asimismo, si el estudio se circunscribe a los casos más graves de corrupción, los porcentajes anteriores pasan a ser del 17% y del 20%, respectivamente.
En consecuencia, aunque los casos de corrupción han de ser penalizados a través de los sistemas judiciales, es evidente que el buen funcionamiento de la democracia es una de las mejores herramientas para luchar contra esta problemática.
Las elecciones no son sólo un mecanismo para elegir a los políticos, sino también un instrumento para que los ciudadanos puedan expresar su descontento y rechazo por la corrupción negando a ciertos políticos el privilegio de gobernar.
Núria Bosch es catedrática de Hacienda Pública
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Falta de coordinación político-institucional

07 Nov 2009

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Tags: economía impuestos NÚRIA BOSCH
España es hoy un Estado notablemente descentralizado, pudiéndose equiparar a Estados federales como Alemania, Canadá, Suiza o Estados Unidos. Y aunque no sea constitucionalmente una federación, las relaciones fiscales entre sus diferentes niveles de gobierno se pueden ubicar dentro del llamado federalismo fiscal.
El federalismo fiscal supone diversidad, y la diversidad puede implicar conflictos y tensiones entre las diferentes unidades de gobierno. En cambio, la centralización supone uniformidad y, por lo tanto, falta de conflicto. Pero, precisamente por esto, el centralismo no resuelve los problemas que trata de resolver el federalismo. En consecuencia, en un contexto de relaciones fiscales federales deben existir mecanismos de coordinación político-institucional entre las diferentes unidades de gobierno para superar los conflictos y promover el consenso. El propósito de estos mecanismos es garantizar la influencia de los gobiernos subcentrales en las decisiones del Ejecutivo central y permitir que cada nivel pueda desarrollar automáticamente sus responsabilidades y establecer mecanismos de superación de conflictos. En definitiva, hacer posible que el federalismo funcione como un instrumento para solucionar los conflictos y promover la formación del consenso.
Un ejemplo de carácter legislativo de estos mecanismos es el caso del Bundesrat (Cámara Alta) alemán. Es una cámara genuina de representación territorial mediante la cual se institucionaliza la participación de los länder en la política federal, ya que todas las leyes federales que afecten fiscalmente a los länder han de pasar por él. Sus miembros son designados y revocados directamente por los gobiernos de los länder de acuerdo con el número de votos de que dispone cada uno de ellos.
También en el ámbito gubernamental existen diferentes mecanismos de coordinación política en los países federales. Son las conferencias de ministros cantonales en Suiza, o de primeros ministros o jefes de Gobierno federales y subcentrales en Canadá y Australia. Estas conferencias se reúnen periódicamente con el objetivo de negociar previamente las principales medidas que afectan al nivel intermedio de gobierno y coordinar las actuaciones a desarrollar en sus respectivos ámbitos.
Actualmente, en España nos faltan mecanismos de este tipo. Los modelos de financiación autonómica han sido fruto de sucesivos pactos políticos entre el Estado y las comunidades autónomas. Estos pactos se han producido demasiado a menudo sin disponer de unas reglas claras y preestablecidas. El Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha caracterizado por su discrecionalidad y falta de transparencia. Además, el Senado, que debería funcionar como una cámara de representación territorial en donde canalizar los posibles conflictos entre territorios, tampoco cumple esta función. En definitiva, a día de hoy faltan en España mecanismos de coordinación político-institucional que permitan canalizar de forma adecuada el proceso de negociación del modelo de financiación autonómica, así como su aplicación y desarrollo.
Núria Bosch es catedrática de Hacienda Pública.
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Transparencia en los datos

27 Oct 2009

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Tags: economía NÚRIA BOSCH
El Gobierno central hizo gala de transparencia y madurez democrática al publicar en julio de 2008 las cifras de las balanzas fiscales de las comunidades autónomas. Es decir, el saldo entre lo que reciben del Ejecutivo las diferentes comunidades en forma de gasto público y lo que aportan en forma de impuestos. Estos datos han sido objeto de fuertes debates no sólo a nivel académico, sino también a nivel de la sociedad civil y político, aflorando a la superficie con una carga polémica muy considerable. No es extraño que así sea, porque se trata de una problemática que toca muy de cerca los intereses de los ciudadanos (cuánto pagan y qué reciben del sector público). La publicación de los saldos por el Ministerio de Economía y Hacienda ayudó a racionalizar el debate, lo que se debe valorar muy positivamente.
No obstante, el Gobierno central no ha adoptado la misma actitud en el caso del nuevo sistema de financiación autonómica, acordado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera en julio pasado. El nuevo sistema ha llegado ya como proyecto de ley al Congreso, pero todavía el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero no ha hecho público lo que representa en términos cuantitativos el nuevo modelo para las diferentes comunidades autónomas. Sólo se conocen parcialmente algunas cifras hechas públicas por algunas de ellas. Es cierto que, a partir de lo dispuesto en el acuerdo y en el proyecto de ley, los estudiosos en la materia pueden hacer un cálculo de lo que supone el nuevo sistema para cada comunidad autónoma, pero este es un ejercicio reservado a los especialistas que no esta exento de dificultades, ya que la redacción del acuerdo y del proyecto de ley en algunos puntos es bastante confusa.
A excepción del acuerdo de financiación autonómica del año 2001 (bajo el Gobierno del PP), en los anteriores acuerdos, una vez alcanzados, el Gobierno central había hecho públicas las cifras que el nuevo sistema de financiación autonómica suponía para cada comunidad autónoma.
Esta falta de transparencia por parte del Gobierno central no se justifica. En el momento de la negociación del cambio de sistema, es comprensible que el Ejecutivo sea prudente en facilitar las magnitudes de la nueva financiación por comunidades autónomas para que una escalada de competencia entre aquellas no entorpezca el proceso. No obstante, una vez aprobado el nuevo sistema de financiación tal oscurantismo no es justificable. Se vuelve a incurrir en el mismo error que en el acuerdo de 2001, del cual no se dispusieron las cifras hasta 2004, cuando se liquidó el ejercicio presupuestario de 2002, primer año de vigencia del pacto.
La transparencia contribuye a racionalizar y objetivar el debate. El oscurantismo, por el contrario, no evita la polémica y la confrontación, sino que hace que estas se fundamenten antes en los tópicos, los prejuicios y la explotación del agravio y del resentimiento que no en el conocimiento veraz de la realidad. Por ello, el Gobierno central debería hacer ya públicas las cifras relativas a la nueva financiación por comunidades autónomas.
Núria Bosch es catedrática de Hacienda Pública
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Competencia fiscal

11 Oct 2009

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NÚRIA BOSCH
Las comunidades autónomas tienen capacidad normativa para regular dentro de unos límites la mayoría de los tributos que les ha cedido el Estado. Son excepciones relevantes el IVA y los impuestos especiales. Esta potestad normativa empezó en 1997 y se ha ido incrementando hasta la actualidad. El último acuerdo de reforma de la financiación autonómica va en esta línea al incrementar el poder tributario de las comunidades autónomas sobre el IRPF.
En el caso de los impuestos directos, el uso de esta capacidad normativa ha consistido en introducir rebajas fiscales. En el IRPF, todas las comunidades autónomas han aplicado deducciones de la cuota, aunque en la mayoría de los casos afectan a pocos contribuyentes. A su vez, Madrid, La Rioja, Murcia y Valencia han disminuido la tarifa autonómica. Las rebajas fiscales en el impuesto sobre sucesiones y donaciones se han traducido en reducir la base del impuesto sobre transmisiones mortis causa, entre padres e hijos, en especial por la transmisión de la empresa familiar y la vivienda habitual, así como por adquirientes discapacitados. De hecho, algunas comunidades autónomas han reducido prácticamente la totalidad de la carga tributaria de este impuesto para determinados herederos. También, se han introducido beneficios fiscales en las donaciones de padres a hijos.
En cambio, las comunidades autónomas han tendido a aumentar los impuestos indirectos menos perceptibles y con bases menos móviles que los directos. En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados han aumentado el tipo impositivo general de las transmisiones onerosas de bienes inmuebles y la cuota gradual de documentos notariales. También algunas comunidades han aplicado recargos sobre el impuesto minorista de hidrocarburos. Es el llamado céntimo sanitario.
El resultado de este uso de la capacidad normativa por las comunidades autónomas es que hoy existen diferencias notables en la carga fiscal que soportan los contribuyentes por dichos impuestos, dependiendo de la comunidad autónoma donde residan. Ello no tiene por qué valorarse negativamente, ya que las comunidades autónomas no sólo han de ejercer su potestad para decidir cómo gastan, sino que también han de tenerla en los ingresos y ser responsables fiscalmente. Es el contribuyente-votante quien ha de valorar si el nivel de servicios públicos prestados por la comunidad se corresponde con el nivel de impuestos pagados a la misma.
No obstante, estas rebajas fiscales, en el caso del impuesto sobre sucesiones y donaciones, están generando algunas distorsiones y un fuerte proceso de competencia fiscal entre las comunidades autónomas, ya que con ello estas intentan atraer bienes procedentes de otras regiones. Ello podría conducir a la desaparición del impuesto, como ha ocurrido en otros países con procesos parecidos. Si se piensa que dicho impuesto tiene razón de ser –ya que grava una verdadera capacidad de pago–, para que el impuesto no acabe desapareciendo el Estado debería fijar un nivel mínimo de imposición por debajo del cual no pudiera situarse ninguna comunidad autónoma.
Núria Bosch es catedrática de Hacienda Pública
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Municipios en bancarrota

02 Oct 2009

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NÚRIA BOSCH
La situación financiera de los municipios está en una situación límite. A la caída de sus ingresos tributarios debida a la crisis económica hay que añadir la disminución de las transferencias procedentes del Estado. El próximo año recibirán 1.100 millones de euros menos de la transferencia que les hace el Estado en concepto de su participación en los impuestos estatales por la disminución habida en estos. Además, deben al Estado 2.500 millones de euros. La deuda se ha producido porque las entregas a cuenta de las transferencias estatales se basan en los ingresos impositivos del año anterior. En la liquidación definitiva se comparan las transferencias que corresponden a los municipios en base a lo realmente recaudado con las concedidas en las entregas a cuenta, resultando que estas últimas han sido superiores a las primeras.
En contrapartida, algunos municipios ya han reaccionado recortando algunos servicios públicos, y muchos otros dicen que deberán hacerlo pronto. Ello es especialmente grave en estos momentos en que la demanda de ciertos servicios –los de carácter social– se ha incrementado.
Ante esta situación, se oyen algunas voces que acusan a los gobiernos municipales de irresponsables. Les acusan de haber aumentado la provisión de servicios públicos, muchos de ellos sin ser de su competencia (la legislación vigente no los prevé como servicios municipales), ante el crecimiento de sus ingresos provenientes del boom inmobiliario, sin tener en cuenta que ello tenía carácter coyuntural.
En mi opinión, es un error calificar a los municipios de irresponsables, salvo seguramente algunas excepciones. Los problemas financieros que sufren hoy los municipios no son más que una consecuencia de no haber hecho a su debido tiempo una reforma profunda de la Administración local: de los aspectos competenciales, de la organización territorial y de la financiación.
A nivel local está pendiente una reforma competencial que reconozca parte de los servicios que ya están suministrando los municipios sin obligarles la ley y, en consecuencia, puedan recibir cobertura financiera por los mismos. Estos servicios no obligatorios los prestan porque, al ser las administraciones más próximas al ciudadano, se ven abocadas constantemente a dar respuesta a nuevas situaciones, como la inmigración, entre otras.
También está pendiente una reforma de la organización territorial que prime los entes supramunicipales. La cooperación municipal a través, por ejemplo, de mancomunidades, puede solucionar el problema de los pequeños municipios que muchas veces prestan los servicios a un coste mayor, porque no tienen la dimensión adecuada, o simplemente dejan de prestarlos. Por último, es necesaria y urgente, más que nunca, la reforma de la financiación local.
Es responsabilidad del Estado abordar las reformas anteriores, ya que los municipios tienen un papel fundamental en la prestación de servicios públicos y en el bienestar de los ciudadanos. La disminución de servicios tendría un impacto importante sobre la vida de los ciudadanos y la cohesión social del país que no se puede permitir.
Núria Bosch es catedrática de Hacienda Pública
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Impuestos verdes

17 Sep 2009

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Tags: economía medioambiente Núria Bosch
Recientemente, el gobierno francés ha anunciado que aplicará a partir del 2010 un impuesto sobre las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) procedentes del uso de petróleo, gas y carbón. El impuesto recaerá tanto sobre ciudadanos como empresas. En concreto, se pagarán 17 euros por tonelada de dióxido de carbono que se emita, lo que puede venir a representar el pago de cuatro céntimos por litro de gasolina. Asimismo, se tiene el objetivo de compensar a particulares y empresas con rebajas fiscales o cheques verdes. Francia sigue el ejemplo de otros países, como Suecia, que implantó dicho impuesto en 1991 y hoy grava la tonelada de CO2 a más de 100 euros. Finlandia, Dinamarca y Eslovenia también aplican impuestos similares.
Estas mediadas vuelven a poner sobre la mesa la oportunidad de realizar una reforma fiscal verde. En España no la ha habido, y los impuestos medioambientales se han desarrollado básicamente a nivel autonómico por diversas razones: entre otras, por la insuficiencia de recursos de las comunidades autónomas; porque es un campo donde éstas han podido ejercer su poder tributario sin entrar en conflicto con el poder tributario estatal; y por su escasa visibilidad al ser impuestos indirectos. El resultado de su aplicación ofrece experiencias positivas y negativas, aunque hay que reconocer su escaso poder recaudatorio y su débil vinculo ambiental en algunos casos. Los impuestos verdes tienen sus defensores y sus detractores. Muchas veces se ven como meros instrumentos recaudatorios, y no se perciben claramente sus incentivos. No obstante sus defensores, se basan en la cuestión del doble dividendo. Supongamos que una reforma fiscal verde establece impuestos medioambientales a cambio de la reducción de otros impuestos que generan pérdidas de eficiencia, como la renta o el IVA, manteniendo constante la recaudación. Ello puede ocasionar dos beneficios o dividendos: una mejora ambiental y, a la vez, un sistema fiscal menos distorsionador del funcionamiento de los mercados de bienes y factores productivos.
Faltan estudios que analicen los efectos de los impuestos ambientales: su efectividad ambiental, su eficiencia económica, su impacto distributivo sobre la renta y la producción, el empleo, la competitividad y la localización industrial. Con todo, algunos estudios realizados por académicos españoles concluyen que los impuestos ambientales, introducidos al margen de una reforma fiscal verde con la única finalidad de regular el medio ambiente, ocasionan costes en términos de empleo y del PIB. En cambio, la simulación de una reforma fiscal verde en España que implantara un impuesto sobre las emisiones de CO2 y redujera simultáneamente las cotizaciones sociales empresariales, promocionaría buenos dividendos tanto en términos medioambientales como de empleo y del PIB, siendo poco significativos sus efectos distributivos. Por tanto, es tarea futura, tanto de los expertos en materia fiscal como de los políticos, el considerar seriamente una reforma fiscal verde en España en aras a reducir el efecto invernadero y cumplir con los compromisos de Kioto.
Catedrática de Hacienda Pública
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Subida de impuestos

05 Sep 2009

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Tags: economía política Núria Bosch
La vuelta del curso político va a ser polémica con medidas como la subida de impuestos anunciada por el presidente Zapatero. La coyuntura económica actual ha conducido a un déficit elevado del sector público central que hay que empezar a controlar. Para ello hay dos soluciones: reducir el gasto público o incrementar los impuestos, aunque lógicamente pueden tomarse las dos medidas simultáneamente. La crisis económica hace difícil contener el gasto público, ya que es precisamente cuando el gasto para medidas de fomento económico y de carácter social tiene más peso. Por ello no es de extrañar que se opte por una revisión de los ingresos impositivos, y así también lo está haciendo algún que otro país europeo. Una subida de impuestos nunca es popular y tiene un coste político para el Gobierno que la aplica. En este sentido, es importante dar explicaciones claras a la población de la necesidad de la subida impositiva y de sus consecuencias. Hay que saber combinar criterios de equidad y de eficiencia, lo cual no es fácil, ya que muchas veces estos dos principios van en sentido contrario.
La reforma en el IRPF parece que va a ir en la línea de revisar al alza el gravamen de las rentas del capital (intereses bancarios, dividendos, rendimientos de fondos de inversión, plusvalías por ventas de acciones, etc.). Actualmente, estas rentas se gravan al 18%, uno de los tipos más bajos que se aplica en los países europeos. Así, hay un margen para su incremento. Se estudia subirlo al 20%. No obstante, los efectos recaudatorios de esta medida son bastante limitados, ya que, debido a la crisis, estas rentas no han sido muy elevadas últimamente y el ahorro de los más ricos tributa principalmente a través de las Sociedades de Inversión de Capital Variable, a través del impuesto de sociedades, que no van a modificarlo.
Sí, en cambio, que puede tener impacto recaudatorio la supresión para cierto nivel de rentas de la deducción de 400 euros. Ello incluso podría mejorar la progresividad del impuesto, ya que la aplicación generalizada de esta deducción no tiene mucho sentido. Asimismo, se podría incrementar la recaudación por IRPF creando un nuevo tramo en la tarifa del impuesto por encima del máximo actual. Ahora todos los ingresos que superan los 53.407 euros tributan al 43%. Pero ello supone que a partir de esta cuantía el tipo marginal es el mismo para las rentas de 60.000 euros que de 200.000. Por tanto, se podría crear un nuevo tramo con un tipo marginal más alto para las rentas más elevadas, en la línea de lo que ha hecho el Gobierno británico. También se estudia gravar más el tabaco, la gasolina y las actividades contaminantes, aunque estas últimas no ofrecen muchos réditos fiscales.
Finalmente, si se trata de aumentar la recaudación fiscal, hay que tener en cuenta que España es uno de los países europeos con un tipo impositivo general del IVA más bajo. No obstante, subirlo en la actualidad no parece lo más oportuno cuando hay que estimular el consumo. Pero es un hecho que hay que tener en cuenta al diseñar la política fiscal en el futuro.
Catedrática de Hacienda Pública
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Financiación local

14 Ago 2009

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Tags: economía Núria Bosch
Una vez acordado el nuevo sistema de financiación autonómica, es la hora de abordar la financiación local. Dados los graves problemas financieros que sufren actualmente los gobiernos locales, no se puede posponer más la reforma en profundidad de su financiación. La tributación local, excepto algunos cambios como la supresión parcial del IAE (Impuesto de Actividades Económicas), deriva de 1987 con muchos aspectos problemáticos que deberían reformarse; la participación local en los ingresos generales del Estado es insuficiente y sus criterios de distribución inadecuados; las participaciones locales en los ingresos autonómicos están por desarrollar; una parte importante del gasto municipal corresponde a servicios impropios (competencia de otros niveles de administración), sin que el sistema de financiación actual los cubra; el peso de los gobiernos locales dentro del sector público es parecido al del inicio del período democrático; las participaciones locales en los grandes impuestos estatales han de adaptarse a los nuevos porcentajes autonómicos de participación, y así podemos continuar con un largo etcétera.
Además de estos problemas, la actual crisis financiera castiga fuertemente a las arcas municipales al basarse en tasas e impuestos relacionados con la actividad inmobiliaria. La caída recaudatoria de estas figuras es notable.
La reforma de la financiación local tiene que apostar por un fortalecimiento de la imposición sobre la propiedad inmobiliaria a través del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). El uso de beneficios fiscales en este impuesto debería minimizarse al objeto de ampliar su recaudación. Asimismo, si se quiere que el IBI cumpla una función preventiva contra la retención especulativa del suelo edificable, se deberían autorizar tipos diferenciados y progresivos en el tiempo con los que incidir sobre comportamientos especulativos. Por último, la aproximación de los valores catastrales a los reales de forma suave y pacífica debe ser un objetivo de cualquier reforma de la Hacienda local. Se debe mejorar la gestión catastral y permitir la cooperación interadministrativa para optimizarla.
El IBI debería complementarse con una imposición que se adecuase a la nueva filosofía que vincula la financiación local a la prestación de servicios personales. Ello exige una mayor vinculación entre fiscalidad local y variables económicas como renta y consumo, frente a un esquema de financiación local apoyado en la imposición sobre la propiedad y vinculado a la prestación de servicios locales relacionados con la propiedad inmueble. Por ello, la tributación sobre la renta personal debería ser susceptible de ser aprovechada por los ayuntamientos a partir de una cierta dimensión. Ello daría mayor flexibilidad al sistema impositivo local en épocas de expansión económica. Ahora bien, el impuesto central debería ser el IBI, mucho más estable en su rendimiento que la renta al no depender como este último del ciclo económico. Ahora toca reformar la financiación local. Los gobiernos locales no pueden afrontar un nuevo ejercicio presupuestario sin que el Gobierno central tome alguna medida al respecto.
Catedrática de Hacienda Pública
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Los retos pendientes de la financiación

01 Ago 2009

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Tags: economía Núria Bosch
El nuevo sistema de financiación autonómica, acordado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, nos lleva a poder calificar a dicho sistema de federal. De hecho, todas las reformas anteriores de la financiación autonómica nos han ido conduciendo, con más o menos intensidad, hacia una financiación federal. Ello no ha sido de forma pacífica, sino que los grandes cambios siempre han tenido posiciones contrarias. Aún recuerdo en el año 1993, cuando se introdujo por primera vez una participación autonómica del 15% en el rendimiento del IRPF y cómo se argumentaba que ello tendría efectos muy negativos sobre la cohesión territorial y social del Estado. Ninguno de estos presagios se han cumplido. Con esta nueva reforma se acepta sin problemas que las comunidades autónomas participen en el 50% del IRPF, disponiendo además de capacidad normativa sobre el impuesto.
¿Por qué se puede calificar a la financiación autonómica de federal? En primer lugar, porque el poder tributario está compartido entre el Estado y las comunidades autónomas, característica propia de los países federales. Las comunidades autónomas participan en un alto porcentaje en los principales impuestos estatales y tienen capacidad normativa sobre ellos, aunque sea delegada por parte del Estado. Además, el nuevo acuerdo de financiación también refuerza la participación y colaboración recíprocas entre las Comunidades Autónomas y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
En segundo lugar, el nuevo acuerdo establece un sistema de nivelación de ingresos entre las comunidades autónomas, o un criterio de solidaridad interterritorial, en la línea de los sistemas existentes en los países federales. Por primera vez se establece un criterio de equidad que supone que todas las comunidades autónomas han de poder disponer de los mismos recursos para suministrar los servicios fundamentales que constituyen el Estado del bienestar. Las comunidades más dinámicas económicamente aportarán recursos a las menos dinámicas de una manera clara y transparente.
Estos dos aspectos descritos, compartir el poder tributario y un criterio de solidaridad explícito y transparente, son los ejes básicos que permiten calificar la financiación autonómica de federal. No obstante, hay todavía algún aspecto pendiente que también es propio de los sistemas federales, y que en España está poco desarrollado. Me refiero a mecanismos de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas de carácter político-institucional, que garanticen la participación de los gobiernos subcentrales en las decisiones del Gobierno central. Un ejemplo de este tipo de instituciones lo constituye el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero este se ha caracterizado por su discrecionalidad y poca transparencia. Otro buen ejemplo sería un Senado de carácter puramente territorial. Esta es una reforma pendiente en España que debería abordarse en un futuro próximo. En España faltan reglas e instituciones con las que abordar los temas básicos de la negociación política que comporta la aplicación del sistema de financiación autonómica.
Catedrática de Hacienda Pública
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Los problemas de la Ley de Dependencia

20 Jul 2009

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Tags: derecho sociedad Núria Bosch
La ley 39/2006 de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, destinada a prestar servicios y ayudas a las personas en esta situación, nació con varias aspiraciones, tales como lograr la cohesión social y territorial, y alcanzar una mayor coordinación entre el sector sanitario y el de servicios sociales. No obstante, la aplicación de la ley está generando varios problemas.
De acuerdo con dicha ley, la Administración del Estado garantiza unos mínimos básicos para todas las personas dependientes, pero la mayor proporción de los servicios lo deben ofrecer las comunidades autónomas. Este planteamiento está generando numerosos problemas en su implementación, básicamente por las diferencias que presentan las comunidades autónomas en el grado de contingencia, en la discrecionalidad a la hora de aplicar la ley y en las posibilidades de financiación de los servicios. El nuevo acuerdo de financiación autonómica, que aporta nuevos recursos para la aplicación de la ley, puede paliar este último problema.
Se observan grandes diferencias en el grado de contingencia entre las comunidades autónomas, ya que han utilizado baremos diferentes para determinarlo. Según la información estadística disponible, las comunidades autónomas con una mayor proporción de personas con algún grado de dependencia y, por tanto, susceptibles de aplicarles la ley, son Extremadura y Galicia, seguidas de Andalucía, Asturias, y las dos Castillas. En cambio, la comunidad que aparece con un menor grado de dependencia es Madrid. También donde se han presentado más solicitudes en relación a la población coincide con estas comunidades autónomas. Va a la cabeza Andalucía. En cambio, vuelve a ser Madrid donde hay menos solicitudes en términos relativos.
La anterior disparidad comporta unos costes en la prestación de los servicios de la ley muy diferenciados entre las comunidades autónomas, lo que da lugar a un impacto de la ley muy distinto en función del territorio.
Otro problema a destacar es que el número de solicitudes ha sido más alto del esperado, seguramente porque había una subvaloración del número de personas dependientes. Ello dificulta la aplicación de la ley, ya que se producen retrasos por un exceso de demanda.
Por tanto, los resultados actuales parecen de entrada que no permitirán alcanzar los objetivos que en su inicio quería lograr la ley. No se logra la equidad de trato a lo largo de todo el territorio estatal, sea cual sea el lugar de residencia. En contraposición, la aplicación de la ley va a resultar heterogénea, por las diferentes situaciones explicadas anteriormente. Para lograr una prestación similar entre las diferentes comunidades autónomas son necesarios más recursos, por ello es positivo el nuevo sistema de financiación autonómica que los aporta, y una serie de actuaciones entre el Estado y las comunidades autónomas para solventar las diferencias territoriales de partida existentes actualmente. El objetivo de las Administraciones debe ser no defraudar las expectativas que han puesto en la ley miles de ciudadanos.
Catedrática de Hacienda Pública


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