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El alcalde de Valladolid declara las c/ de su propiedad
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Diagonalweb
JAVIER LEÓN DE LA RIVA REINTERPRETA UNA ORDENANZA Y COBRARÁ POR CUALQUIER ACTIVIDAD EN LA VÍA PÚBLICA. MÁS DE 56 ORGANIZACIONES SE OPONEN
El Alcalde de Valladolid declara las calles de su propiedad
El Ayuntamiento de Valladolid va a cobrar a cualquier asociación, partido político o sindicatos que haga actividades en la calle. El polémico regidor del PP, Javier León de la Riva argumenta que por culpa de la crisis el Ayuntamiento necesita dinero. Desde repartir folletos, manifestaciones, mesas de firmas, etc, todo tendrá precio. Más de 56 organizaciones de Valladolid se oponen y dicen que esa medida va en contra de la libertad de expresión.
Javier León de la Riva, un cacique hecho a sí mismo

ALBA C. / VALLADOLID
MARTES 30 DE NOVIEMBRE DE 2010. NÚMERO 138
El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, del Partido Popular ha decidido reinterpretar la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilizaciones privativas y aprovechamientos especiales del dominio público municipal. Así, si antes solamente tenían que pagar esta tasa quienes utilizaran la calle para desarrollar actividades lucrativas (parece lógico que quien obtenga beneficios deba a cambio contribuir al erario público), desde ahora deberán pagarla también cualquier asociación que utilice la calle, aunque no tengan ánimo de lucro. El Ayuntamiento exceptúa las actividades que cuenten con el patrocinio del propio Ayuntamiento o éste califique de “interés público”.
De esta forma, cualquier asociación vecinal, social, cultural, política, sindical, etc., que desee simplemente repartir hojas informativas, recoger firmas en una mesa en la calle, o simplemente utilizar megafonía, deberá pagar por ello. La medida afecta también a actividades deportivas organizadas por asociaciones de vecinos o clubes deportivos, a mesas de organizaciones como “Stop Accidentes”, Ingenieros sin Fronteras, la Asociación de Víctimas de Agresiones Sexuales, etc., a quienes se equipara con empresas de venta ambulante.
Esta medida comenzó a aplicarse, sin publicidad, a partir de una modificación de la Ordenanza fiscal mediante el Decreto de Alcaldía nº 4610 de 14 de Mayo. Pese al secretismo, desde entonces se han ido produciendo los casos que han alertado a los afectados, todas las organizaciones sociales de Valladolid.
Por ejemplo se ha tenido noticia de que recientemente se tuvo que celebrar en un recinto cerrado una actividad deportiva infantil organizada por la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León, que incluso contaba con subvención de la Junta de Castilla y León. Sindicatos (en los días previos a la huelga general del 29 de septiembre) y partidos políticos ya han experimentado igualmente en carne propia esta medida. Por ello, representantes de los colectivos afectados han manifestado que detrás de esta medida puede esconderse un intento de dificultar la libertad de expresión de los colectivos más críticos, mientras que el alcalde, Francisco Javier León de la Riva la ha justificado por la situación de crisis que obliga a obtener ingresos de fuentes nuevas para compensar la disminución de otros de cara a equilibrar los presupuestos.
La cuantía cobrada es de 1,85 euros por metro cuadrado ocupado, y si la policía municipal ha de vigilar el evento se cobra 23,20 euros por cada hora y por cada agente que esté cumpliendo esa labor. Este celo recaudatorio contrasta con los cuantiosos ingresos que el Ayuntamiento de Valladolid ha dejado de percibir por no haberlos cobrado en plazo a diversos constructores de la ciudad; por la negativa a exigir un canon a AGUALID (la empresa adjudicataria del abastecimiento de agua) por el vertido de agua a cauces públicos pese a que estaba recogido en el contrato de adjudicación y la empresa lo repercutía los vecinos en el recibo del suministro; por las reticencias a cobrar un tributo de 100 millones de las antiguas pesetas (en 1997) al Real Valladolid, lo que originó un enfrentamiento con el director del servicio de inspección general tributaria, etc.
Más de 56 colectivos sociales de Valladolid (ONG, fundaciones, asociaciones culturales, vecinales, partidos políticos, sindicatos y, en general entidades, sin ánimo de lucro) se han reunido para tomar una postura común ante el tema. Han presentado alegaciones, indicando que el hecho imponible del impuesto es la obtención de beneficio económico, por lo que no es de recibo cobrarlo a entidades sin ánimo de lucro, y han elaborado un comunicado conjunto mostrando su “oposición radical” a esta nueva medida, que “condiciona el ejercicio de derechos fundamentales como el de libertad de expresión o de asociación, pues se está poniendo un precio a su ejercicio”.
Estos colectivos anuncian que recurrirán por las vías administrativa y judicial todas las liquidaciones de la tasa y realizarán actos de protesta en la calle.Si antes del próximo mes de Abril no se ha derogado este decreto, ¿se aplicará a las procesiones de Semana Santa?


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