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El cáncer de la enseñanza
#1

CARLOS FERNÁNDEZ LIRIA
[Imagen: dd.jpg] Que el sistema de instrucción público está completamente deteriorado en el Estado español (y mucho más en la Comunidad de Madrid) es incontestable. Hace 25 años, antes de la LOGSE, los institutos y colegios públicos superaban a los privados en todos los ranking de calidad, con una ventaja masiva y apabullante. Ahora llevamos camino de invertir por completo esta situación. En muchos casos, incluso, la enseñanza pública se ha convertido en impracticable y ha dejado paso a la pura y descarnada asistencia social, de modo que la vida en los institutos se asemeja cada vez más a la de los reformatorios o los manicomios.
Es indudable la responsabilidad de los ministros de Educación en este naufragio. Aun sin voluntad premeditada de agredir a la enseñanza pública, es imposible que hayan ignorado las causas elementales del desastre. Y en ello el PSOE y el PP no han sido tan distintos. Más bien, cada uno a su manera, han cerrado la pinza sobre la instrucción pública hasta acabar por asfixiarla. En sus acusaciones recíprocas, unos y otros se cuidan muy mucho de aludir a lo que en verdad ha sido el cáncer del sistema educativo: la enseñanza concertada.
Sin duda la LOGSE marcó la tendencia hacia la calamidad actual. Pero no por lo que se suele decir (aunque también). Sus defensores siguen argumentando que se trataba de una buena ley, pero que faltaron recursos para aplicarla. Como si ignoraran que no hay nada tan destructivo como una ley inaplicable. Las malas leyes acaban por acomodarse a la realidad produciendo efectos medianos. Las leyes que no se pueden aplicar, en cambio, destruyen lo que hay sin ofrecer nada a cambio. En esto, es indudable la responsabilidad de los pedagogos propagandistas que cantaron las alabanzas de la “cultura del aprendizaje” (frente a la de “la enseñanza”) y de las “metodologías personalizadas” en régimen de “tutorías” y “clases participativas”, porque no podían ser tan idiotas (como tampoco lo son hoy con el asunto de Bolonia, en el que repiten la jugada) de ignorar que estaban construyendo con humo.
De todos modos, con el tiempo, la LOGSE habría acabado también por volverse razonable si el PSOE hubiera hecho lo que tenía que hacer: suprimir la enseñanza concertada. Esa era la premisa sine qua non para que ese tinglado de despropósitos y buenas intenciones pudiera cuajar de alguna forma. Al extenderse la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, en realidad, se daba un gran paso adelante. Pero delante había un abismo, al menos mientras se mantuviera abierta la posibilidad de que las clases acomodadas y medias optasen por la enseñanza concertada o privada. Actualmente hay no pocos profesores de instituto, incluso muy de izquierdas, que llevan a sus hijos a colegios concertados. Saben muy bien que las bolsas de población más desfavorecidas y problemáticas han acabado concentradas en la enseñanza pública y que esta no tiene ni de lejos recursos suficientes para estar a la altura. Ni los tendrá. Las políticas educativas (y más que en ningún sitio en la Comunidad de Madrid) se orientan cada vez más a proteger la enseñanza concertada del desastre social instalado en la enseñanza pública. Habría, desde luego, una posibilidad de revertir la tendencia: que la ley obligara a todo cargo público a escolarizar a sus hijos en guarderías, colegios e institutos elegidos por sorteo entre, por ejemplo, los 25 más cercanos al domicilio. Así tendrían que enfrentarse a la realidad de ver a sus hijos en clases que están llegando ya a los 40 alumnos, con tasas de inmigración y marginalidad altísimas, con profesores precarios que no imparten su especialidad y que, además, tienen que dedicar la mitad de su tiempo a complacer a los pedagogos con memorias, programaciones y controles que simulen una imposible atención personalizada de esta conflictiva multitud. Es obvio por qué no se legislará en ese sentido.
La situación actual es que los colegios concertados han encontrado mil maneras de burlar la ley y filtrar la extracción social de sus alumnos exigiendo tasas y donaciones o declarando tener cubierta la ratio de alumnos prescrita. Ello ha abierto en el mundo de la enseñanza el abismo de la clases sociales, dejando a la enseñanza pública la parte más conflictiva. Mientras tanto, estamos pagando con nuestros impuestos una plantilla de profesores nombrados a dedo por empresas y sectas privadas, como si nunca hubiera existido la Ilustración y viviéramos de nuevo en el medievo feudal. Todo en nombre de la libertad de los padres para elegir la enseñanza de sus hijos, como si la cuestión no fuera, más bien, exactamente la contraria: el derecho que deben de tener los hijos a librarse de los prejuicios y de la ideología de sus padres, gracias a un sistema de instrucción pública controlado por la sociedad civil mediante oposiciones y tribunales bien legislados. Los hijos no tienen por qué cargar sin protección alguna con el peso de haber tenido unos padres talibanes o testigos de Jehová o del Opus o de ETA. Hace ya mucho que existió algo llamado revolución francesa y que se comprendió que un sistema público de enseñanza servía precisamente para eso.
Algunos artículos de Público han alertado sobre la merma brutal en la financiación de la enseñanza pública, en especial en la CAM. Es la punta de lanza de un desenlace previsible. Según se va logrando deteriorar el sistema público hasta volverlo impracticable, se encuentran más y más argumentos en favor de la gestión privada. Los votantes de Esperanza Aguirre verán cada vez más lógico desviar fondos públicos para la enseñanza privada. Una secuencia bien conocida del credo neoliberal: primero se asfixian las instituciones públicas que funcionan; luego, se argumenta que no funcionan y se emprende su privatización, pero, eso sí, sin dejar de financiarlas con dinero público. Se trata de una forma de saqueo muy elemental, imprescindible para financiar la actual revolución de los ricos contra los pobres.
Carlos Fernández Liria es Profesor titular de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid
Ilustración de Gallardo
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Aborto: el derecho a decidir

08 Dic 2009

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Tags: igualdad justicia sociedad[Imagen: 12-08.jpg]
ALFONSO VILLAGÓMEZ CEBRIÁN
La reforma que se ha votado en el Congreso de los Diputados de la legislación en materia de aborto está irritando profundamente a los sectores más conservadores de nuestra sociedad. A la agresiva campaña puesta en su día en marcha por las facciones más reaccionarias de la Iglesia católica, ahora su Conferencia Episcopal Española vuelve a emitir por boca de su portavoz las mayores amenazas de castigos eucarísticos contra los políticos católicos que apoyan y defienden esta ley. Una rebelión clerical que hay que enlazar con campañas y proclamas de naturaleza cientificista y hasta con ñoñas manifestaciones dirigidas por esos mismos sectores en desenfrenada defensa callejera “de la vida”.
Pero algo tan serio para una mujer como es el grave problema de tener que verse en la dificilísima situación de abortar, después de tomar una estricta decisión personal en ese sentido, sin duda de lo que más necesita es de respeto. Del respeto que ha expresado con valentía José Bono a la vez que ponía el dedo en la llaga en el hipócrita planteamiento de la Iglesia católica, herida por la que viene sangrando desde hace tantos siglos. Porque no se puede razonar a través de algarabías de los que gritan por las calles con pancartas insidiosas, ni de sospechosos manifiestos de científicos, ni mucho menos de una posición frontal de la jerarquía eclesiástica que ningún derecho tiene en democracia para interferir en las leyes que se promulgan para todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes.
Y es que cualquier aproximación que se quiera hacer con rigor a este tema tiene que partir del supuesto de que el aborto es un acto traumático, que ninguna mujer –estoy absolutamente seguro– querría tener que llegar a realizar en su vida; y esa es una realidad tan tozuda que ningún legislador responsable puede desconocer. Por esto mismo, el progresivo tratamiento jurídico-legal del aborto tiene que ir alejándose de su contemplación penal, es decir, de una visión exclusivamente represiva que define como delito cualquier supuesto de aborto provocado, para aproximarnos a una nueva legislación preventiva del acto individual que encierra la interrupción voluntaria del embarazo. Por lo que no se comprende toda esta algarabía cuando no fue el propósito del Gobierno, y ahora del Parlamento español, desterrar dicho tratamiento penal del aborto. En efecto, lo que ahora se ha hecho ha sido exclusivamente sustituir el sistema de indicaciones incorporado al Código Penal de 1973 –a través de la Ley Orgánica 9/1985– por el sistema de plazos, es decir que se va a mantener el presupuesto básico de la protección penal de la vida humana en formación, estableciendo, al mismo tiempo, los criterios legales concretos de no punibilidad del aborto.
El debate sobre el aborto se ha intentado situar siempre, desde la perspectiva jurídica más tradicional, en el problema de determinar el momento en que el feto, una vez concebido, sea por medio natural o in vitro, comenzaba a ser humano. Pues bien, en este terreno hasta los juristas más santos de la historia han sido prudentes: San Agustín sostenía así que no comenzaba hasta después de 40 días de embarazo y Santo Tomás de Aquino estaba en la misma línea. Hoy en día, el punto de referencia está en el artículo 15 de la Constitución: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral…”.
Nuestro Derecho es claro en el sentido de que es el nacimiento lo que determina la personalidad y que al concebido se le tiene por nacido, “para todos los efectos que le sean favorables”, siempre que el feto tuviera forma humana y viviese 24 horas enteramente desprendido del seno materno (artículos 29 y 30 del Código Civil ). El hecho de que el nasciturus, es decir el concebido y no nacido, pueda alcanzar la personalidad con el cumplimiento de esas condiciones no implica en modo alguno un reconocimiento a efectos jurídicos de la existencia de vida en el feto desde el mismo momento de la concepción, sino que pone de relieve que es precisamente el nasciturus el bien constitucionalmente protegido por el artículo 15 de nuestra norma fundamental, como señaló el Tribunal Constitucional en su conocida sentencia del año 1985.
Porque una cosa es que la vida humana en gestación sea por tanto un valor a proteger jurídicamente –como de hecho ya está– y otra distinta que el nasciturus tenga derecho a nacer, ya que, como he dicho, únicamente la persona es sujeto de derecho y lo que determina la personalidad, en el caso que hablamos de la persona física, es el nacimiento. Por consiguiente, no se puede plantear la cuestión, como algunos pretenden, entre una colisión del derecho a la vida y un hipotético derecho de abortar que conferiría a la mujer la nueva ley en proyecto. Tan irreal puede ser ese pretendido derecho a abortar como lo es sostener la hipótesis de que desde la fecundación se posee entidad de ser humano.
En una sociedad democrática avanzada, el problema del aborto sólo se puede entender si se plantea desde el reconocimiento y el favorecimiento legal para que las mujeres puedan decidir. La función de la ley es así establecer los medios para que la mujer, único sujeto directamente interesado, pueda ejercer libremente esta capacidad de decidir irrumpir, o no, voluntariamente un embarazo, que lo pueda hacer a partir de la edad que el legislador estime razonable y, en todo caso, será en última instancia un juez quien determinará en los supuestos de ejercicio de esta decisión por parte de una menor, si ha tomado libremente dicha decisión. Pero no podemos volver a situarnos en el terreno de la hipocresía social y legal, pues si una mujer de 16 años puede obligarse válidamente en matrimonio y puede también decidir sola, por ejemplo, someterse a una intervención quirúrgica a vida o muerte, difícilmente se puede entender que no se le pueda otorgar el marco de seguridad jurídica necesaria para que pueda decidir sobre una materia tan personalísima como es su propia maternidad.
Alfonso Villagómez Cebrián es magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Ilustración de Mandrake
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Izquierda herida

07 Dic 2009

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Tags: políticaJUAN CARLOS MONEDERO
[Imagen: 12-07.jpg]Desde que se empezó a hablar de derecha e izquierda en la Revolución Francesa, la derecha está conservando y la izquierda se está refundando. Conservadores y reaccionarios miran al pasado. Progresistas y revolucionarios, al futuro. Margaret Thatcher golpeó esa idea cuando reprochó a los dinosaurios del PCUS querer mantener la Unión Soviética. Anthony Giddens habló al oído de la socialdemocracia, susurrándole la conveniencia de aceptar, junto al liberalismo político, el liberalismo económico. Se hicieron socialistas a fuer de liberales. En EEUU no hay pobres, sino loosers (perdedores). Aquí vamos en camino. Lo que el mercado no te dé, San Pedro te lo bendiga.
La izquierda está herida. De éxito –construir una sociedad real o potencial de clases medias–, de fracaso –no lograr esa sociedad en donde “la libertad de cada cual sea la condición de la libertad de todos”– y de indolencia –haber abandonado la lucha por la hegemonía–. Con el siglo, fue dando vueltas y vueltas a la estaca, acortando en cada giro la cuerda. Cuando se aproxima a tareas de gobierno no hace nada radicalmente diferente de lo que impulsan las fuerzas del gran centro. En tiempos de crisis, lejos de dar una respuesta a por qué en mitad de la barbarie no surge un cambio radical, se limita a adjetivar al sistema como “salvaje”, ofreciéndose como el domador firme de los desmanes de la fiera. Cuando habla de modelos, insiste en algunos claramente insuficientes. No hay ideas. Difícil despertar así a los dormidos.
En las postrimerías del franquismo, Fraga ganó una espectacular batalla después de vivo: “España –dijo, y todos asintieron– es diferente”. Muerto el caudillo, la ciencia económica se lanzó a demostrar que el atraso de España en realidad no era tal, y los sociólogos se empeñaron en certificar la normalidad hispánica. La izquierda olvidó su propia experiencia y se resignó a importar ese patrón europeo. Aún sigue haciéndolo, y por eso sigue rehén de la última moda ideológica.
En Europa, al igual que en España, las democracias liberales implosionaron en los años treinta, dejando paso a regímenes fascistas. La respuesta fue el antifascismo, responsable de la derrota de las potencias del eje (y en España, de los tres años que lució el cartel de “no pasarán” en la Plaza Mayor de Madrid). Comenzó entonces una pugna entre el liberalismo que pretendía sin más regresar al pasado, y las fuerzas antifascistas, que incorporaban una superación de la democracia liberal.
Triunfó el pasado, aunque tuvo que negociar con esa izquierda las bases constitucionales e, incluso, su participación en diferentes niveles de gobierno. La construcción europea, hasta el Tratado de Maastricht de 1992, estuvo marcada por esa impronta social.
Ahí están las claves de la diferencia de España. No en el nacional-catolicismo, sino en la ausencia social y política del antifascismo, fusilado y enterrado en cunetas, preso y torturado, exiliado, separado de sus cátedras y escuelas, desempleado y excluido, olvidado y, en la Transición, vuelto a olvidar. No hay diferencia con la Europa demoliberal –incluso puede encontrarse fuera una mayor densidad, como demuestra el caso de Berlusconi–, pero paga el precio de la ausencia de ese porcentaje de sociedad civil dura, republicana y defensora de las virtudes públicas, demócrata radical y movilizada de izquierda transformadora. El pacto de la Transición hizo olvidar la II República, la Guerra Civil y el franquismo. También el antifranquismo. El Partido Comunista de España, en nombre del consenso, aparcó el reconocimiento de todos aquellos y aquellas que lucharon por la legalidad republicana. Ese exceso de prudencia sepultó la memoria histórica y negó la impronta del antifranquismo en la democracia. E incluso impidió cualquier tipo de democracia interna en el partido que resumía la oposición al régimen del general Franco. La huella genética de la democracia española reposaba en una Transición salvada por el rey, y no en la lucha de los que se jugaron todo peleando contra nuestra prolongada ración de fascismo. Se nos hurtó discutir la Constitución del 78, asumimos Europa como un mantra, dimos a la extrema derecha marchamo democrático al esconderla –a veces ni siquiera– en uno de los partidos del consenso. En definitiva, arrastramos renqueantes algo mal resuelto.
La última gran refundación de la izquierda española nació del impulso social del referéndum contra la OTAN. El loable intento en marcha no presenta una gran diferencia con aquel proceso que dio nacimiento a IU, fuera de que no hay acción colectiva relevante y aquella Izquierda Unida se ha fragmentado en más grupos que los que le dieron origen. La refundación de la izquierda impulsada por un PCE al que le pesa un pasado –y a menudo un presente– cainita, hace ruido con el sentido común social de izquierda, fruto de la memoria y de las contradicciones que genera el sistema. Lleva, pese a haber votado o trabajado en ese espacio, 30 años sin poder referenciarse políticamente. ¿Qué es lo nuevo? Repeticiones no refundan.
Decía Saint Exupéry: “Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo, sino que primero has de evocar en los hombres el anhelo por el mar”. La refundación de la izquierda no pasa hoy por reunirse en torno a una marca electoral golpeada, sino por evocar ese anhelo de mar. Si quieres construir el socialismo, no empieces por buscar un partido, ganar concejales o negociar puestos (cosas importantes), sino que primero has de evocar en los hombres el anhelo por la emancipación. Es, una vez más, hora de ideas y pedagogías.
Juan Carlos Monedero es profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid
Ilustración de Iker Ayestaran
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El tabú

06 Dic 2009

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Tags: políticaVÍCTOR SAMPEDRO
[Imagen: 12-06.jpg]La Transición negó la redemocratización: retomar la II República, el Estado federal y laico que aquella quiso alumbrar. En su lugar, se anunció la democracia como el fruto natural de la dictadura. Franco habría exorcizado dos fracasos colectivos: el “caos republicano” y la “lucha fratricida”. El primero había causado la segunda, que se saldó con 40 años de cohesión, desarrollo y “democracia orgánica”. Esta falaz historia funciona aún como credo político, invocado en cuanto alguien rompe el tabú. República, federalismo y laicismo son una ponzoñosa hidra de tres cabezas, que alimenta el imaginario tradicionalista del nacionalismo español y nos devuelve a la España negra: inquisiciones y autos de fe. Todo un retroceso, tras haber representado la “modélica Transición”.
Cualquier proyecto republicano, federal y/o laico enfrenta prácticas o intentos de exclusión injustificables en ausencia de una amenaza involucionista. Quienes entonces encarnaban esa amenaza y atacaban la Constitución, han convertido el texto constitucional en las Tablas de la Ley. Al ciudadano creyente le adjudican la misma pasividad que en el rito católico preconciliar: escuchar a quien da la espalda y, desde que redescubrieron su potencial movilizador, acudir a las procesiones en las mani-fiestas de guardar. Los ateos son estigmatizados como herejes. Tanta es su fuerza que los agnósticos veneran en público a los santos padres del Códice del 78 y al Gran Demiurgo. En suma, el juego político rezuma aires clericales. Se libra entre fieles y sacerdotes. Lo dirimen los inquisidores.
La historiografía más sólida y los foros sobre políticas de la memoria nos retratan ya instalados en una esfera pública preilustrada. Las repúblicas federales y laicas que conocemos se gestaron en los siglos XVIII y XIX. Pero entre nosotros este modelo representa aún una amenaza a la convivencia. En puridad democrática, debatirlo sería una ocasión excelente para defender el actual marco de convivencia, renovar adhesiones y revalidar su legitimidad. Pero en estos pagos todo cambio estructural se demoniza como antimonárquico, antiespañol y anticlerical. En una democracia sus promotores serían considerados, ante todo, interlocutores válidos. Y luego, según su voluntad, compañeros de viaje. Y, mientras se aclaran y deciden, socios de convivencia obligada. Nunca por la fuerza. Nunca procesados y encarcelados. Siempre escuchados.
Pero los antisistema en España pecan de palabra, obra u omisión. Cuando sólo lo segundo –lo que hacen– sería considerado delito político según el canon democrático básico. En principio, la expresión de pensamiento y voluntades no delinque. Es nuestra primera premisa y última garantía de libertad. Pero en una democracia clerical y mojigata, como la nuestra, la penitencia a pagar por promover transformaciones de raíz resulta siempre merecida y necesaria. Es el caso del recorte que ha sufrido el Estatut y la negativa a reconocer lo aprobado por la inmensa mayoría del Parlamento catalán. No hay alternativa posible. Sólo un dilema. El mismo de 1936 y 1975: “Esto o el caos”.
La insolvencia política que delata esta disyuntiva -–propia de líderes autoritarios que la convierten en “yo o el caos”– supone además un insulto a la ciudadanía: “No se os puede dejar solos”. Debieran sonrojarse quienes la proclaman y sentir ira quienes les escuchamos. Los políticos sirven para conciliar e integrar voluntades, aunar proyectos de realización personal y colectiva, diversos y hasta opuestos. Si no, no sirven para nada. Y la ciudadanía nunca es menor de edad. Se autodetermina a diario. “Va sola”, aprendiendo a decidir “por sí misma”, como sostiene la pedagogía más elemental (laica, claro).
Sin embargo, nuestros debates sobre la jefatura, el modelo o la confesionalidad del Estado discurren como en catequesis: acaban en cuanto se plantean. Ahora, como entonces, quienes de verdad sostienen el tabú no fueron nunca las sotanas ni las togas, sino los mojigatos: la progresía postiza que abraza la denuncia de un único fascismo (ETA y su “entorno”), la defensa de un único idioma oficial (español) o la cruzada contra un único fundamentalismo (islámico). Cautivos y desarmados en un tablero de guerra forjado en 40 años, enmudecen ante los contertulios ultras, que con más gracejo y desenvoltura (juegan en campo propio) invocan o se mofan del monarca, crucifican a los obispos vascos o catalanes y alientan la islamofobia.
Si resultábamos modélicos en el tránsito a la posmodernidad, volvemos a parecer excéntricos. Ante los irlandeses, los escoceses o los canadienses, como poco, somos premodernos. Pero frente a ellos siempre lo fuimos. Por ello, quizás quepa compararnos en cultura política, por ejemplo… con Brasil.
Un profesor brasileño amigo interpretaba así la viñeta de El Jueves, que fue multada por la Audiencia Nacional como si se tratase de un delito “especial”. Me preguntó si el secuestro de la revista implicaba retirarla de los kioscos y custodiarla en el juzgado. Puso cara de horror. Tras señalar la falta de decoro del dibujo (el príncipe en coyunda marital reconocía trabajar por primera vez en su vida, gracias al “cheque bebé”), suscribió la pertinencia del mensaje político. Argumentaba mi colega que la ayuda por el nacimiento de un hijo, al margen de los ingresos, no es una medida progresista, sino de los defensores de la familia clásica. Además, opinaba que en el capitalismo el argumento más duro contra la monarquía señala que sólo trabaja reproduciéndose.
Recuerden: horror ante la vulneración de derechos, tacto para no incurrir en la chabacanería, respeto y reflexión ante los embates. Con este bagaje, sin perder el humor ni la paciencia, con la certeza de que juegan a favor nuestro, afrontemos los autos de fe venideros.
Víctor Sampedro es catedrático de Comunicación Política
Ilustración de Miguel Ordóñez
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Bolivia, adiós al colonialismo

05 Dic 2009

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Tags: elecciones Latinoamérica política internacionalGERMÁN OJEDA
[Imagen: 12-05.jpg]A la tercera va la vencida: después de las históricas derrotas frente al dominio imperial español de Tupac Amaru y Tupac Katari, después de la sublevación de independencia iniciada en 1809 –hace ahora 200 años– y de las grandes pérdidas territoriales a manos de sus vecinos, después de cinco siglos de saqueo internacional, las mayorías indígenas y mestizas del viejo “Alto Perú” van a ratificar masivamente, salvo sorpresas, el 6 de diciembre a Evo Morales como presidente del país con el propósito de certificar el fin de la Bolivia colonial.
Para Evo; para los indígenas aymaras, quechuas, guaraníes y pueblos amazónicos; para la Bolivia de origen precolombino –la inmensa mayoría de la población– el camino hacia la definitiva descolonización ha sido dramático. Lo ha sido después de soportar durante siglos un sistema de “repartimiento” que desde comienzos de la conquista les arrebató las tierras y un régimen de encomienda que les privó de su libertad personal. O sea, de padecer un colonialismo interno donde, hasta la revolución de 1952, existía legalizada la servidumbre personal –pongüeaje– y donde hasta ahora el racismo secular marcaba las relaciones sociales y la extrema pobreza definía la situación económica de las mayorías indígenas.
Por eso, la nueva victoria del indio Evo Morales será histórica, y lo será además porque durante estos últimos cuatro años su Gobierno ha tenido que dedicar todas sus energías a combatir a los movimientos oligárquicos separatistas de las regiones del rico oriente del país, a recuperar el control de los grandes recursos estratégicos –sobre todo petróleo y gas– entregados a las multinacionales por los anteriores gobiernos militares o neoliberales, y a conseguir la aprobación de una nueva Constitución democrática que pone fin al colonialismo interior y exterior y reconoce de una vez por todas la pluralidad étnica y los derechos históricos de los pueblos indígenas.
Y es que los indios, empezando por el aymara Evo Morales, no tenían derechos porque eran seres inferiores, seres sin alma, según los colonizadores, o como escribió el autor que da nombre a la Universidad de Santa Cruz, Gabriel René Moreno, “el indio incaico es sombrío, asqueroso, huraño, prosternado y sórdido”.
Un ser inferior sin derechos, tal como contaba el propio Morales solemnemente en la sede de la ONU hablando de su madre, “pues cuando iba a la ciudad no tenía derecho a caminar libremente por las calles y aceras”. Mientras, al otro lado, está la oligarquía criolla, dueña absoluta del poder y las riquezas del país. Sin ir más lejos el anterior presidente neoliberal Sánchez de Lozada –hoy prófugo de la justicia boliviana por la masacre ocurrida en 2003 y refugiado en Estados Unidos–, un terrateniente que vendió a la multinacional Glencore grandes yacimientos de oro, plata y zinc que eran de propiedad familiar.
Una Bolivia, dos mundos; un país, dos colonialismos: esa es la brutal realidad histórica de Bolivia, y esa es precisamente la razón de la refundación que propone Evo Morales, una refundación sin revanchismos, sin exclusiones y sin privilegios, basada en el socialismo comunitario y democrático.
Para ello, Morales ha demostrado estos cuatro años un gran talento político, pues ha tenido que afrontar una desestabilización institucional permanente de la oposición golpista, soportar continuas campañas mediáticas, someterse a un referéndum revocatorio, ganar cuatro consultas electorales, enfrentarse a las sanciones de EEUU expulsando al embajador Goldberg, e incluso ha tenido que realizar este mismo año una huelga de hambre para que se aprobara una nueva ley electoral que habilitara la convocatoria anticipada de estos comicios presidenciales y legislativas, donde el oficialismo aspira a controlar las dos cámaras para poder realizar sin sobresaltos el cambio histórico prometido.
Un cambio basado en esta dificilísima gestión de cuatro años donde el Gobierno ha sido capaz de derrotar a la oposición separatista, de frenar las transferencias de excedentes sin control al exterior y de lograr además un importante despegue económico en plena crisis internacional, lo que le ha permitido promover avances en las políticas públicas y sobre todo en educación, hasta el punto de que Bolivia ha sido declarado por la ONU país libre de analfabetismo.
Durante su segundo mandato, Morales se propone arrancar de raíz la hidra de los colonialismos y plantar con la nueva Constitución –refrendada por los bolivianos a comienzos de este mismo año– un nuevo Estado plurinacional y autonómico que respete los derechos de los pueblos indígenas y ponga fin a la marginación integral de la gran mayoría de los bolivianos.
El cambio pasa ante todo por descolonizar Bolivia, porque como ha dicho con razón el vicepresidente Linera, el país estaba “colonizado hasta los tuétanos: acá había que pedir permiso a los embajadores para escoger ministros, acá el ministro de Gobierno tenía que pasar por el visto bueno de la Embajada de Estados Unidos, el ministro de Hacienda por el visto bueno del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, etc.”.
Con la victoria de la revolución democrática encabezada por Evo Morales se trata de decir definitivamente adiós al colonialismo, de acabar de una vez con la humillante política del visto bueno, de fundar un nuevo Estado donde se respete a la madre tierra –los derechos de la Pachamama–, se promueva el desarrollo social y económico, y donde Bolivia tenga por fin –según repite el presidente– “socios pero no amos”, en una Latinoamérica libre y confederada, como quería el gran Simón Bolívar, que le da nombre al país.
Germán Ojeda es profesor Titular de Historia Económica de España y América de la Universidad de Oviedo
Iliustración de Patrick Thomas
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Embajador, ¿cuál guerra?

04 Dic 2009

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Tags: Latinoamérica política internacional VenezuelaISAÍAS RODRÍGUEZ
[Imagen: 12-04.jpg]Todo iba lento y el futuro llegó deprisa. Los cambios aparecieron y, como leyes ciegas, nada impidió que los hechos ocurrieran. Un nuevo concepto de integración se instaló en la región latina del continente. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América y del Caribe nació como respuesta al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y para no reeditar el pasado. Nueve países se asociaron para construir un nuevo eje geopolítico. Dejó de ser alternativa para convertirse en alianza de voluntades emergentes. La solidez del espacio conquistado empezó a verse con precaución y la guerra relámpago apareció.
Honduras, uno de los últimos países integrados en la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) fue objeto de un golpe militar donde cada vez está más clara la participación norteamericana. La ofensiva imperial ha desafiado la paz de nuestro continente con la instalación de siete bases militares en la hermana Colombia. Nuestra propuesta para construir consensos, erradicar pobreza, protegernos contra los cambios climáticos, corregir desigualdades sociales y profundizar la soberanía y dignidad de la integración latinoamericana parece haber chocado contra ese muro que Noam Chomsky ha llamado “seguridad preventiva de EEUU”.
La base de Palanquero ha pasado a ser esencial para los norteamericanos. El Comando Sur oteó allí “una oportunidad única” para enfrentar una supuesta “subregión crítica”. La Fuerza Aérea estadounidense ha explicado al Senado de su país que la estabilidad de su nación está sometida a la amenaza constante de la pobreza, la narco-insurgencia, los desastres naturales y “los gobiernos anti-norteamericanos”. El mismo informe solicita al Senado 43 millones de dólares con el fin de acondicionar Palanquero para realizar desde allí operaciones de presencia y seguridad norteamericana.
Ante estos hechos, nos sorprende que una periodista nos pregunte: embajador, ¿de cuál guerra habla el presidente Chávez? Le respondemos que hay desinformación y sesgos en algunos titulares y que el mandatario venezolano no ha proferido, ni ahora ni antes, declaración de guerra alguna y que nos preocupa la manera como se manipulan las palabras de un jefe de Estado. Le recordamos lo que verdaderamente ha dicho: “Hay que prepararse para la guerra”, y agregamos que el sacerdote Miguel D’Escoto, ex presidente de la ONU, repitió e hizo suya la declaración del presidente Chávez, declaración legítima y formulada con carácter total y absolutamente preventivo.
El sociólogo mexicano-alemán Heinz Dieterich sostiene que “de facto existe una guerra contra la nueva manera de integrarse”. Se teme una integración que aspira a una agenda económica soberana, sin tutela ni influencia de organismos económicos internacionales. Mercenarios de la comunicación aterrorizan y desarrollan acciones bélicas no sobre espacios físicos, sino sobre la mente de las personas. Es un plan intimidatorio para tratar de evitar que la mayor parte de los latinoamericanos llegue a creer que otro mundo es posible. Tal vez por ello, no sólo la periodista sino cualquier lector envenenado es capaz de preguntar: ¿cuál guerra…? Y (sin dejarse notar) la campaña implacable apunta, dispara, descalifica y desprestigia. Olvidan que fue Ernesto Samper, ex presidente colombiano, quien, a raíz del acuerdo entre su país y EEUU, acusó de “preguerra” las relaciones de Colombia con Venezuela. Olvidan que ha sido el propio Consejo de Estado del hermano país el que ha denunciado, en perjuicio de Bogotá, la desigualdad del convenio con el cual se instalaron las siete bases militares.
Con siglas en inglés, PSYOP, un mecanismo mediático instalado para operaciones psicológicas contra Venezuela, dispone de un equipo contratado para desarrollar conflictos de cuarta generación. ¿Cuál guerra, embajador? En efecto, no se ve; es invisible, pero sus objetivos están perfectamente planificados. Son sucias las matrices de opinión que entre sí se replican los medios comprometidos en esta campaña de descrédito. Es feroz la estrategia puesta en práctica contra un país para descalificar a su gobierno y a sus gobernantes. Un arsenal de palabras “bien asesoradas” ha sustituido por ahora a los ejércitos.
Venezuela ha sido totalmente contundente y coherente al negar “iniciativas” para cualquier choque armado, pero de poco vale que el presidente y el país nieguen el conflicto bélico. Artimañas mediáticas convierten pasarelas artesanales en puentes y la destrucción de las mismas son señales de agresión. No hay una sola palabra que recuerde cuántas veces antes se ha hecho lo mismo para evitar el paso ilegal de las drogas y el contrabando desde Colombia. Las grandes agencias de noticias muestran en negativo informaciones sin autoría ni procedencia. Está reciente aún el llamado de nuestra Cancillería a la UE para exhortar a la paz y a la estabilidad en la región. Sin embargo, PSYOP continúa su tarea. Ejércitos mediáticos distorsionan la realidad.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe resaltó que en 2008 la pobreza en Venezuela disminuyó respecto a 2007. El Latino-barómetro nos ubica como el primer país donde “lo más efectivo para cambiar las cosas es votar (80%)”. Asimismo, nos asigna el primer lugar en equidad social. Venezuela es el país en América Latina que en democracia está en el primer lugar respecto a la disminución de sus desigualdades sociales. Entre 30 países, la misión destinada a incorporar a los excluidos de la educación universitaria ha sido reconocida por la Unesco como el mejor programa de América Latina. La Unión Latina, organización internacional que difunde la identidad del mundo latino, nos señala con el índice de inclusión educativa más alto del continente.
Ninguna de estas cifras las vamos a arriesgar en una guerra, excepto que sea para defenderlas y para defender una soberanía que está hecha de pueblo y dignidad.
Isaías Rodríguez es embajador de la República Bolivariana de Venezuela en España
Ilustración de Javier Olivares
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La herencia nacionalista del fascismo

03 Dic 2009

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Tags: fascismo políticaVICENÇ NAVARRO
[Imagen: 12-03.jpg]Hay que enseñarle a la juventud que lo que se llama Guerra Civil en España fue predominantemente una lucha de clases en la que la banca, la patronal, las oligarquías terratenientes, la Iglesia y la gran mayoría de la oficialidad del Ejército se levantaron en contra de un Gobierno democráticamente elegido cuyas reformas estaban afectando a sus privilegios. Tal golpe estableció una dictadura enormemente represiva en contra de las clases populares de las distintas nacionalidades y regiones de España. Pero también hay que informarles de que la mal llamada Guerra Civil (en realidad un golpe militar en contra de la mayoría de la población) fue también una lucha entre dos visiones de España, que se entrelazó con el otro conflicto. Los golpistas y sus partidarios tenían una visión uniforme de España, altamente centralizada en una visión jacobina que negaba su pluralidad. Esta visión era empobrecedora, pues imponía una uniformidad enormemente opresiva a las clases populares de las distintas nacionalidades y regiones de España.
Recuerdo bien cuando a la temprana edad de 7 años un policía nacional me paró en una calle de Barcelona por hablar mi lengua materna, el catalán, y dándome un bofetón, me gritó “no hables como un perro, habla como un cristiano”. Le escupí en la cara y me llevó al cuartelillo desde donde llamaron a mis padres. Mi padre (que había luchado en muchos frentes de España defendiendo la República española y la Generalitat de Catalunya) no me dijo nada. Sólo acarició mi cabeza y le oí susurrar “tan joven ya”. Y mi madre me dio el beso más grande de su vida. En Catalunya, la burguesía y otros grupos dominantes hablaban castellano, considerando el catalán como un lenguaje vulgar y de las clases populares, supuestamente poco educadas. Esta fue la experiencia de millones de catalanes.
El golpe fascista se definió a sí mismo como un movimiento nacionalista (Alzamiento Nacional), que prohibió cualquier expresión de cualquier otra nacionalidad, incluyendo la catalana. No deja de ser paradójico, por cierto, que el golpe que se autodefinió como nacional no hubiera podido vencer la resistencia al golpe por parte de las clases populares de todas las nacionalidades y regiones de España sin la ayuda de las tropas extranjeras (más de 177.000) y el material militar enviado por Hitler y Mussolini. Tal golpe inició el régimen que ha asesinado al mayor número de españoles que hayan perdido su vida en tiempos de paz en el siglo XX, con más de 120.000 personas todavía hoy desaparecidas. Su caudillo (uno de los mayores asesinos que ha tenido Europa) era la expresión de su brutalidad.
Los fascistas justificaron la represión con el argumento de defender la unidad de España (tal como ahora los nacionalistas españolistas están justificando su oposición a reconocer la identidad catalana). El fascismo justificó su golpe como la defensa de España contra “comunistas, masones y separatistas”, definiendo como comunistas a todos aquellos que se oponían al régimen, masones a todos aquellos que no eran cristianos, y separatistas a todos aquellos que defendían la identidad catalana, vasca o gallega. Naturalmente que hubo comunistas entre los luchadores por la República (lo cual se les debe agradecer por su labor heroica en aquella lucha) y separatistas entre los que defendieron la identidad catalana (tienen todo el derecho de serlo). Pero la enorme mayoría de los que se les opusieron no fueron ni comunistas, ni masones, ni separatistas. En realidad, defender la identidad catalana no era (ni lo es ahora) el deseo de separarse de España. Lo que en realidad defendían los fascistas no era España sino sus intereses de clase, utilizando a España para alcanzar sus fines. Y los números hablan por sí mismos. Cuando la dictadura terminó en 1978, la concentración de renta y propiedad era la más elevada de Europa, y el retraso social, económico y cultural era el mayor en este continente.
Cuarenta años de dictadura y 32 de olvido de nuestra historia explican la enorme fuerza que aquella visión nacionalista españolista todavía tiene en sectores de la población que ven cualquier defensa de la identidad catalana como un separatismo (actual o potencial) o una defensa de privilegios. Y hoy las derechas (en complicidad con ciertos sectores confusos jacobinos de las izquierdas) están utilizando este anticatalanismo para movilizar un apoyo electoral, dividiendo y rompiendo España. Aunque tanto el PP como UPyD se definen como no nacionalistas (limitando el término para definir los nacionalismos periféricos) ambos lo son profundamente, pues promueven un nacionalismo excluyente y enormemente opresor, heredero del fascismo.
Catalunya es una parte de España que corre el riesgo de perder su identidad, tal como ha ocurrido en Francia, bajo un Estado jacobino. Catalunya, para mantener su identidad, debe defender su propia lengua, cultura y símbolos. De ahí que la gran mayoría de la población allí sea bilingüe, puesto que el Gobierno catalán no amenaza al castellano (que continúa siendo mayoritario), sino que defiende el catalán.
Dos últimas observaciones. Creerse que recuperar la identidad es un deseo de las élites catalanas es no conocer la historia de Catalunya. Allí, las fuerzas que históricamente defendieron la identidad catalana fueron las de izquierdas, las cuales lideraron la lucha antifascista. La otra observación es que la movilización en defensa del Estatut no es, en contra de lo que presentan los nacionalistas de ambos lados del Ebro, una muestra del conflicto Catalunya versus España. En realidad, la mayoría del Parlamento español la ha aprobado. Y la mayoría de la población española (68%) aprueba el Estatut. Lo que tenemos es un conflicto, no de Catalunya en contra de España, sino entre las fuerzas democráticas anticentralistas que tienen una visión plural de España, y las derechas herederas del fascismo que no renuncian a su visión uniforme de nuestro país.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de ‘Public Policy’ en The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso
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Aminattou: la dignidad saharaui

02 Dic 2009

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Tags: África justicia ONU política exterior política internacionalINÉS MIRANDA, JAVIER GALPALSORO Y MAURICIO VALIENTE
[Imagen: 12-02.jpg]Aminattou Haidar es el símbolo de la dignidad y la tenacidad de un pueblo pacífico y solidario. De un pueblo traicionado por la dictadura franquista, que el 14 de noviembre de 1975, tras la invasión militar marroquí del Sáhara Occidental, cedió la administración de este territorio a Mauritania y Marruecos. Hacía sólo un mes que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya había rechazado las pretensiones anexionistas de Nuakchot y Rabat y reafirmado que, en virtud de la Resolución 1.514 (XV) de 1960 de las Naciones Unidas, el pueblo saharaui tenía derecho a la autodeterminación.
En 1976 empezó la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos. La brutal violencia desplegada por el régimen de Hassan II, con bombardeos de napalm sobre los civiles, desplazó a una gran parte de la población saharaui hacia los actuales campamentos de refugiados en el desierto de Tinduf, en la Hamada argelina. El 6 de septiembre de 1991 se produjo el alto el fuego y ambas partes aceptaron la propuesta de Naciones Unidas de celebrar el referéndum de autodeterminación el 26 de enero de 1992. Pero durante años Rabat ha maniobrado con éxito para posponer una y otra vez esta consulta a través de la farragosa discusión sobre la composición del censo y en la última década ha planteado opciones alternativas que se apartan de la legalidad internacional y han sido rechazadas por Naciones Unidas. Mientras tanto, Marruecos y varias empresas extranjeras (entre ellas algunas españolas) expolian los valiosos recursos naturales de este territorio, como el fosfato, el petróleo, el gas natural, el hierro, el uranio o la pesca que ofrece sus 1.600 kilómetros de litoral.
En todo este tiempo la política de los sucesivos gobiernos de la España democrática se asemeja demasiado a la traición de la dictadura franquista. Ninguno de ellos ha asumido el papel de “potencia descolonizadora” que nos otorga la legalidad internacional sobre la antigua provincia, al contrario, han privilegiado las relaciones con Marruecos: inicialmente, por los acuerdos de pesca y hoy por el papel de gendarme de Rabat en la contención de las migraciones y por la protección de las importantes inversiones de las empresas españolas.
“El Gobierno de Zapatero cierra los ojos ante el sufrimiento del pueblo saharaui. Con su silencio tolera las violaciones de los derechos humanos y permite que nos masacren”, señaló en mayo de 2006, en Madrid, Aminattou Haidar cuando recibió el V Premio Juan María Bandrés de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Tres años después, la represión marroquí prosigue en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Y casi un cuarto de millón de refugiados continúa resistiendo ejemplarmente en la Hamada, aguardando una solución justa, acorde con la legalidad internacional, que permita el retorno a su territorio originario.
Aminattou conoce muy bien todo esto. Fue detenida por primera vez en 1987, cuando tenía 20 años, por participar en una manifestación contra la ocupación cuando una comisión de la ONU visitaba el Sáhara Occidental. Desaparecida y torturada durante casi cuatro años (tiempo en el que permaneció con los ojos vendados, atada de pies y manos, en condiciones infrahumanas de alimentación e higiene), y a pesar de sufrir posteriormente otras detenciones y vejaciones por parte de las autoridades marroquíes, no ha cesado de luchar por el derecho a la autodeterminación de su pueblo.
En mayo de 2005, participó en las manifestaciones pacíficas para denunciar el agravamiento de la represión, fue apaleada y torturada por la policía y conducida a prisión. El 13 de diciembre de aquel año un tribunal marroquí la condenó a siete meses de presidio y a trece compañeros a penas de hasta tres años en unos procesos irregulares según los observadores internacionales, entre ellos una comisión del Consejo General de la Abogacía Española.
En aquellos días, desde la Cárcel Negra de El Aaiún (construida por el colonialismo español) dijo al mundo: “Es un milagro que siga con vida, porque soy una mujer agotada físicamente por tantos años de desaparición y encarcelamiento, tanta tortura y tantas vejaciones. Pero aquí estoy y seguiré luchando con todas mis fuerzas, sabiendo que estáis allí luchando por nosotros. Estoy tan segura de vosotros como lo estoy del mar que me espera a 25 kilómetros, tan segura como lo estoy de que esos niños saharauis refugiados en Argelia volverán a su tierra liberada. Estoy tan segura de vosotros como lo estoy de la mirada cariñosa de mis dos hijos, Mohamed y Hayat, a quienes añoro tanto…”.
Hoy, en el aeropuerto de Lanzarote, Aminattou Haidar exige con su huelga de hambre desde el 14 de noviembre su derecho a regresar al Sáhara Occidental para reencontrarse con sus hijos y seguir la lucha junto con su pueblo, un pueblo abrazado por la solidaridad de miles de ciudadanos de España –que cada verano acogen a sus hijos y que estos días se movilizan en su apoyo–, pero también un pueblo maltratado por nuestro Gobierno, que contemporiza con el régimen represor de Rabat e ignora el papel que la legalidad internacional le impone: defender el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
Inés Miranda es Abogada de Aminattou Haidar
Javier Galparsoro es presidente de la Comisión Española de Ayuda al Redugiado (CEAR)-Euskadi
Mauricio Valiente escoordinador del servicio jurídico de CEAR

Ilustración de Mikel Casal
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El sida rural, la última frontera

01 Dic 2009

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Tags: sanidad sociedad solidaridadTERESA GONZÁLEZ
[Imagen: 12-01.jpg]Esta semana hemos recibido una buena noticia en relación con la epidemia del VIH/sida. ONUSIDA presentaba en Shanghai el último informe sobre el estado mundial de la pandemia y ofrecía datos esperanzadores en la lucha contra la enfermedad. Entre las grandes cifras destaca la reducción en el número de nuevas infecciones y el aumento de personas viviendo con VIH, gracias a la extensión de los tratamientos antirretrovirales.
Es uno de los datos alentadores tras años de lucha contra una enfermedad que afecta de forma directa a 33,4 millones de personas en todo el planeta y que, en el caso del África subsahariana, donde vive el 67% de las personas VIH positivas, ha agravado la situación de pobreza. Estos avances deben servir para demostrarnos que las estrategias de prevención y de tratamiento dan resultados.
Sin embargo, no debemos caer en la autocomplacencia al igual que no arrojamos la toalla cuando la epidemia crecía sin freno. Todavía existen ámbitos y grupos de población a los que los métodos de prevención y detección y los tratamientos con antirretrovirales (ARV) llegan con dificultad.
La incidencia del sida en las comunidades rurales –especialmente en Asia y África, donde más de la mitad de la población vive en el campo– es profunda y la enfermedad supone una doble carga para las familias. La propia enfermedad en sí, por un lado, y la necesidad de prestar atención a los enfermos, por el otro, debilita la productividad agrícola y la capacidad de las familias para cubrir sus necesidades. Esta situación se da en un contexto en el que los habitantes de las zonas rurales en los países pobres suelen encontrarse especialmente desfavorecidos en términos de servicios sociales y sanitarios básicos.
Una de las tendencias que se vienen observando en los últimos análisis es que, si bien el número de nuevos casos se ha estabilizado, en las comunidades rurales los datos no llaman al optimismo. El propio informe de ONUSIDA pone como ejemplos los casos de Angola y Kenia, donde la incidencia del VIH entre los adultos aumenta en las zonas rurales, o de Burundi, país en el que la prevalencia del virus en los jóvenes ha disminuido en las ciudades pero se ha incrementado en el campo.
Otro de los estudios de ONUSIDA señalaba que la prevalencia del VIH entre las mujeres jóvenes atendidas en los dispensarios prenatales había disminuido en 14 de los 17 países, pero en cinco de ellos la disminución sólo se ha producido en las zonas urbanas. En Haití, país que padece la mayor epidemia del Caribe, se habían documentado niveles importantes de comportamientos de alto riesgo en las zonas rurales. Así mismo, en República Dominicana, su vecino en la isla, la población rural tenía un 20% más de posibilidades de tener el VIH que sus compatriotas de las ciudades y en las fincas donde se extrae el azúcar la prevalencia del VIH es cuatro veces mayor.
Las prácticas de riesgo, la falta de conocimiento sobre la enfermedad, la lejanía de los centros donde se dispensa tratamiento y la escasez de medios económicos para llegar a ellos hacen de las zonas rurales un espacio al que, quizás, es más difícil llegar.
En el ámbito sanitario, los retos que plantean las comunidades rurales son especialmente exigentes en países con sistemas sanitarios ya de por sí débiles. Así le ocurre a Leonardo, persona con VIH que vive en Angola. Para llegar a Benguela, a 70 kilómetros de su hogar y donde está el centro más cercano en el que puede recibir tratamiento, tiene que pagar 500 kuanzas (cinco euros) de transporte al día, cuando su salario diario como zapatero es de un euro.
En las raras ocasiones en las que un dispensario rural puede proveer medicamentos antirretrovirales, continúa siendo necesario viajar a las grandes ciudades para poder realizar las pruebas de control de la enfermedad.
Por ello, resulta imperativo integrar el diagnóstico y el acceso a los tratamientos en la estructura de la salud primaria, el primer nivel de atención. Las actividades de la lucha contra el sida deben estar lo más cerca de las poblaciones aisladas.
Las mejoras que ofrece esta estrategia son evidentes. Así, la población prefiere pasar consulta en su


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