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El sumario confirma la financiacion...
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El sumario confirma la financiación ilegal del PP
Señala la relación "directa" entre Orange Market y el partido

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F. VARELA - MADRID - 07/04/2010 08:00PUBLICO.ES


Al Partido Popular se le acaban las excusas. El levantamiento del secreto del sumario que pesaba sobre la investigación de la trama Gürtel ha confirmado la existencia de indicios más que suficientes como para que la policía afirme que la formación conservadora se benefició de su relación con las empresas de la red capitaneada por Francisco Correa para financiarse ilegalmente al menos en las comunidades autónomas de Madrid (ver página siguiente) y Valencia. Donde el PP no veía hasta ahora más que filtraciones interesadas e informaciones sin confirmar, el sumario ha venido a mostrar investigaciones oficiales que describen con toda nitidez la mecánica utilizada para nutrir las arcas del partido.

El caso de la Comunitat Valenciana no ofrece dudas para la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, que en un informe afirma la existencia de "una vinculación directa" entre la trama Gürtel, representada en Valencia por la empresa Orange Market, "con responsables políticos del Partido Popular y de los órganos de gobierno de la Comunidad Valenciana".

Modus operandi
El modus operandi queda al descubierto en el informe policial. Orange Market prestaba servicios tanto para el PP Valenciano como para el Govern presidido por Francisco Camps. El vínculo era tal que su máximo responsable, Álvaro Pérez El Bigotes, siguiendo instrucciones de Pablo Crespo, negociaba el cobro de pagos pendientes "tanto del PP como de la Comunidad" directamente con Ricardo Costa, que entonces era únicamente secretario general del partido y ni siquiera tenía un cargo en la Generalitat. Para liquidar las deudas, El Bigotes y Costa pactaban la falsificación de las facturas que Orange Market endosaba después al PP. Y, al mismo tiempo, pedía a Vicente Rambla, número dos de Camps, que le asegurara "un porcentaje" en las adjudicaciones de la Generalitat.

Tan buenos contactos hicieron de Orange Market un negocio muy próspero, hasta el punto de ingresar, sólo en 2008, casi cuatro millones de euros que ni siquiera declaró a la Agencia Tributaria. Estos ingresos están relacionados con servicios prestados a empresas relacionadas con la construcción o la organización de eventos.

Costa negociaba conjuntamente la deuda del partido y de la Generalitat
Orange Market también ingresó de la Generalitat Valenciana 45.600 euros. Sin embargo, los dos pagos de mayor cuantía sin declarar superan el millón de euros y proceden de la Feria Muestrario Internacional de Valencia y de la Agencia Valenciana del Turisme.

Según la documentación incluida en el sumario, Orange Market tampoco declaró ninguno de los pagos que realizó durante 2008 y que superaron los cuatro millones de euros. Estos pagos se realizaron a empresas relacionadas con la publicidad, el diseño o mobiliario, aunque también aparece el Palau de les Arts de la Comunitat Valenciana.

Dinero de empresarios
Los ingresos ilegales del PP valenciano proceden, según la policía, de donaciones de empresarios que tienen "contratos vigentes, prestan servicios y realizan obras para las administraciones públicas obtenidos como contraprestación a los favores realizados para la formación política, concretados en el pago de actos políticos". El propio PP, a través de Ricardo Costa, "actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero". Todo ello siguiendo una práctica "persistente en el tiempo" que supone "una actuación sistemática" al margen de la ley.

Los empresarios son Enrique Tomás Ortiz, administrador único de Enrique Ortiz e Hijos; Enrique Gimeno, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA; Vicente Cotino, presidente del Grupo Inmobiliario Sedesa; Luis Batalla, presidente y accionista mayoritario de Lubasa, y Antonio Pons, presidente de la mercantil PIAF SL.

El levantamiento del secreto del sumario sacó también ayer a la luz un informe de la Agencia Tributaria según el cual las empresas de la trama abonaron 420.000 euros al PP de Valencia en 2002. Un año después, el fisco concluye que se entregaron 144.420 euros al PP castellano-leonés.

Agrupaciones políticas
El informe afirma, sin identificar a las personas concretas que recibieron el dinero, que en algún caso los beneficiarios son "agrupaciones políticas o asociaciones de esta índole", como en la entrega realizada el 18 de diciembre de 2002, donde el PP valenciano, "o alguien integrante de esta agrupación", recibiría 420.000 euros.

Meses más tarde, el 15 de mayo de 2003 se habla de una asignación de 144.220 euros a "CL-S", que la Agencia Tributaria dice haber asignado hipotéticamente a Castilla y León-Segovia, "dada la participación del diputado del PP por Segovia Jesús Merino".

En algunos casos, las entregas de las empresas vinculadas a Francisco Correa se llevan a cabo mediante una distribución paritaria entre cuatro o cinco personas, entre las que se encuentran el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, Merino y el ex tesorero y senador del PP Luis Bárcenas.

Un sueldo para Sepúlveda
De Sepúlveda, que desde que dejó la alcaldía de Pozuelo presta servicios en la sede nacional del PP con el beneplácito de la dirección del partido, la Agencia Tributaria subraya que podría haber cobrado de la trama "una asignación mensual fija de la organización durante un periodo dilatado de tiempo".

Las evidencias, sin embargo, no son suficientes para el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados. El número dos de Esperanza Aguirre negó que su partido se haya financiado ilegalmente. "Yo hablo de lo que conozco, evidentemente. Hablo del PP de Madrid, que es lo que me compete".


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