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En el Estado español ya existe cadena perpetua
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Aunque es inconstitucional más de 345 personas cumplen de facto esta condena
En el Estado español ya existe cadena perpetua

Diagonal 08-06-2010


345 personas (sin contar con las condenadas por delitos de terrorismo) cumplen penas superiores a 30 años de prisión sin posibilidad de revisión. Estas condenas pueden alcanzar incluso los 40 años, una situación que no se da en ningún país de nuestro entorno europeo. Así, de hecho, en las cárceles se aplica la cadena perpetua aunque la legislación española no la recoja.
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Aunque, en sentido estricto, por cadena perpetua se entiende “aquella pena que dura toda la vida del condenado”, en la práctica se suele aplicar a aquéllas de más de 20 años en prisión. En el Estado español, tras una reforma del Gobierno de Aznar en 2003, el límite máximo de cumplimiento de las penas llega hasta los 40 años, incluidos los casos sin que se haya cometido un delito de sangre. Esa elevación del tope punitivo, sumada a otros obstáculos aprobados anteriormente para impedir el acceso a los permisos penitenciarios, al tercer grado o a la libertad condicional a ciertos colectivos de presos, supuso un cambio fundamental, sin parangón en el entorno europeo, en el contenido de la pena de prisión. Por si fuera poco, y a modo de corolario, debe añadirse la llamada “doctrina Parot” que, desde 2006, amplia el cálculo del tiempo de reclusión.
Numerosos estudios médicos y psicológicos han comprobado empíricamente que una privación de libertad prolongada y continuada produce graves perturbaciones de la personalidad y dinamita cualquier principio de reinserción o resocialización del individuo. Por eso, en Alemania, por ejemplo, en 1977 su Tribunal Constitucional no sólo declaró inconstitucional la pena de prisión perpetua sin posibilidad de liberación –por ser contraria a la dignidad humana–, sino que declaraba también la incompatibilidad de 30 o 40 años de reclusión.
El fin de las penas es, teóricamente, el de “castigar a la persona que comete el delito pero también el de resocializar”, según explica la abogada penalista Julia Clavero, que añade que la cadena perpetua no cumpliría con el objetivo de reeducación que rige nuestro derecho penal. Por eso, distintos juristas, defensores de derechos humanos, además de los propios presos, han denunciado en numerosas ocasiones que las penas de larga duración aplicadas en las cárceles españolas no sólo son inaceptables desde un punto de vista humanitario, sino que atentan contra el valor constitucional de la dignidad humana y vulneran el artículo 25.2 de la Constitución. Éste impone la orientación reinsertadora de las penas de prisión. “La preparación para la vida en libertad a lo largo del cumplimiento de la condena constituye un mínimo innegociable”, según la sentencia 112/96 del Tribunal Constitucional. Pero la realidad en las cárceles españolas es bien distinta. Aproximadamente 345 personas (sin contar con las condenadas por delitos de terrorismo), según datos de Instituciones Penitenciarias, cumplen condenas superiores a los 30 años.

Para leer más: Rebelion. En el Estado español ya existe cadena perpetua


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