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Libertad de elección: ¿a costa de qué?

23 Nov 2009

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Tags: política internacional sanidadJORGE CALERO
Hace unos días el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Affordable Health Care for America Act (Ley de Sanidad Asequible). Un paso importante en la reforma sanitaria a la que se comprometió el presidente Obama en su programa electoral. En las próximas semanas el Senado debe elaborar su propia propuesta y negociar con el Congreso hasta alcanzar, en su caso, una redacción final para la ley.
La ley introduce reformas que podrían ser consideradas modestas desde el punto de vista de un observador europeo. Sin embargo, las enormes dificultades que ha conllevado su aprobación en el Congreso y la previsiblemente mayor dificultad que supondrá su aprobación en el Senado dejan claro que los avances introducidos en esta ley son los máximos admisibles en el contexto político e ideológico estadounidense. La muy comedida intervención pública en los mecanismos del mercado sanitario que plantea la ley ha provocado manifestaciones de ciudadanos a favor de la libertad de elección; en alguna pancarta se podía leer: “Ya tuvimos suficiente con el socialismo de la Unión Soviética”. Se han puesto en marcha, también, todos los mecanismos de lobby en defensa de la libre actuación de las empresas vinculadas al sector sanitario. Ya en 1994, acciones similares consiguieron bloquear la propuesta de reforma liderada por Hillary Clinton.
¿Y de qué modo pretende la ley distorsionar el libre funcionamiento de los mercados y erosionar la libertad de elección? Hasta ahora, la intervención pública se había limitado esencialmente a proporcionar un programa de seguro sanitario para las personas de mayor edad (Medicare) y para las personas con menos recursos económicos (Medicaid); en torno al 15% de la población no dispone de ningún seguro sanitario. La nueva ley introduce, en esencia, modificaciones en cuatro áreas.
Primero, en el área de la regulación, exigiendo que todos los ciudadanos obtengan un seguro sanitario. También, prohibiendo que las aseguradoras discriminen (privándoles del seguro o incrementando sus primas) a los clientes con problemas de salud.
Segundo, en el área del gasto, expandiendo el programa Medicaid para que cubra a ciudadanos con ingresos hasta el 150% del nivel de pobreza y, por otra parte, proporcionando un subsidio a las rentas menores para ayudar a pagar los seguros.
Tercero, en el área de la financiación, introduciendo un nuevo impuesto, con un tipo del 5,4%, sobre las personas con rentas superiores a medio millón de dólares (o las familias con rentas superiores a un millón de dólares).
En cuarto y último lugar, en el terreno de la provisión del aseguramiento, creando un plan de seguro gestionado por el sector público, que competirá con las aseguradoras privadas.
Son todas ellas reformas modestas y que pueden ayudar a mejorar un sistema ineficiente y muy poco equitativo. Pero las posiciones a favor de la libertad de elección hacen pasar estas consideraciones a un segundo plano. Son posiciones en las que se prioriza siempre la libertad de elección, a costa de todo lo demás. A costa, incluso, de la salud de buena parte de la población.
Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada
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Los costes de la corrupción

06 Nov 2009

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JORGE CALERO
La corrupción suele provocar un rechazo de índole moral, que verbalizan incluso los que la practican. Pero creo que muchos ciudadanos no son plenamente conscientes de las implicaciones, en términos de costes económicos, de las prácticas corruptas. De no ser así, no sería comprensible la tibieza con la que el electorado (especialmente el de partidos conservadores) responde a casos comprobados de corrupción generalizada. Pensemos, por ejemplo, en el ciudadano que paga 20.000 euros de más (seamos optimistas) al comprar su vivienda. Una cantidad que se ha incorporado como un coste más del proceso productivo de la vivienda. O en el consumidor que tiene que afrontar un mercado poco o nada competitivo porque la corrupción ha puesto barreras insuperables a los posibles ofertantes adicionales. Situaciones que muchos consideran ya como parte del paisaje, sin relacionarlas directamente con la corrupción. Aunque no es ni remotamente posible efectuar una estimación de la proporción de la inflación provocada por la corrupción, resulta claro que esta no debe ser desdeñable.
Más allá de la incomodidad moral que produce, la corrupción causa sustanciales pérdidas económicas que ni mucho menos se limitan al incremento de los precios. En un contexto globalizado, por ejemplo, la inversión extranjera se resiente de la percepción de corrupción y puede optar por desplazarse a territorios menos hostiles. Y lo que sucede con la inversión en capital físico sucede también con el capital humano: el talento no se siente especialmente atraído por el cenagal del cohecho y la comisión. Otros costes son incluso más evidentes, en tanto que conducen a la parálisis completa. En entornos dominados por la corrupción, por ejemplo, las administraciones públicas llegan a preferir no convocar ninguna licitación, o las mínimas posibles, con objeto de no correr demasiados riesgos.
En ocasiones se ha planteado la corrupción como el aceite necesario para engrasar pesadas e ineficaces maquinarias burocráticas. Desde este punto de vista la corrupción no generaría costes, sino que, al contrario, reportaría beneficios, evitando trabas y facilitando la actividad de los mercados. Pero ¿qué mercado queda tras la corrupción? Un mercado despojado precisamente de la ventaja que pueden tener los mercados en un mundo ideal: la libre concurrencia sobre bases no políticas. Un mercado “cerrado”; es decir, ningún mercado.
Ya se habrá podido intuir, además, que los costes de la corrupción no se distribuyen homogéneamente entre la población, sino que se concentran en los más pobres. Especialmente en los países menos desarrollados, este extremo tiene consecuencias devastadoras.
En España, la existencia de diversos focos no permite concluir que la corrupción forme parte estructural y generalizada de la actividad económica, como ha llegado a suceder en otros
países. Cómo evolucione este fenómeno en los próximos años va a depender de la respuesta electoral de los ciudadanos, primeras víctimas de los costes de la corrupción.
Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada.
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Ciclo económico contra ciclo político

23 Oct 2009

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Tags: economía políticaJORGE CALERO
Buena parte de las dificultades del Gobierno en el ámbito económico se deben a la falta de coincidencia del ciclo político-electoral, por una parte, y el ciclo económico, por otra. Las medidas relativas a los gastos e ingresos públicos parecen últimamente en ocasiones fuera de lugar. Y es que, realmente, algunas medidas han sido poco ajustadas con respecto al ciclo económico y se han correspondido más con el ciclo político electoral.
Es conocido, ya desde hace varias décadas, que los ingresos y gastos de los gobiernos se ven afectados por los ciclos electorales. Como norma general, los gobiernos tienen incentivos para gastar más e ingresar menos, incurriendo en déficits mayores, antes de las elecciones. Los periodos postelectorales dan oportunidad a los gobiernos para reducir los déficits y, eventualmente, la deuda pública en la que se haya incurrido para financiarlos, con pocos riesgos de que tales políticas restrictivas se traduzcan en pérdidas de votos. Estas prácticas se basan en la falta de memoria de los electores y, también, en la convicción de estos de que todos los partidos van a actuar de un modo similar.
La norma general se cumplió en el periodo previo a las elecciones legislativas de marzo de 2008. Recordemos, por ejemplo, la deducción de 400 euros en el IRPF. En ese periodo, todavía de crecimiento económico, probablemente habría sido conveniente elevar la carga fiscal, más que reducirla. Pero el ciclo electoral hacía inviable tal medida. ¿Y después de las elecciones? Según el ciclo político-electoral, habría sido un buen momento para contener el déficit. Sin embargo, el ciclo económico no se ajustaba a esa posibilidad: el Gobierno se vio forzado a realizar elevados gastos de apoyo al sistema financiero y de fomento a una demanda menguante. Los gastos en prestaciones de desempleo se dispararon. Simultáneamente, los ingresos públicos se reducían rápidamente. Como resultado de todo ello, el déficit previsto para este año 2009 se situará alrededor del 10% del PIB.
A su vez, la magnitud del déficit ha exacerbado las dificultades para dar una respuesta continua a la crisis durante el próximo año. Pensemos, por ejemplo, en el incremento previsto de los tipos de gravamen del IVA. Se trata de una medida poco adecuada para una fase contractiva del ciclo económico; el Gobierno espera que esa fase se haya superado en julio de 2010, pero difícilmente se puede tener la seguridad de que tal previsión se cumpla.
Las dificultades, de cualquier modo, podrían haber sido bastante mayores si el punto de partida no hubiera sido muy favorable: se partía de una situación que en 2007 era de superávit, con una deuda pública en circulación muy reducida (menor que el 40% del PIB), y se disponía, además, de un fondo de reserva considerable en la Seguridad Social.
En suma, las exigencias de dos ciclos diferentes han resultado ser incompatibles. Aunque probablemente ello no sucederá, convendría aprender de esta situación y anticipar tales incompatibilidades, dando prioridad a las exigencias del ciclo
económico.
Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada
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Educación y desempleo

10 Oct 2009

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JORGE CALERO
La actual crisis económica está provocando que el valor económico de la educación sea cada vez mayor. Esto es así, especialmente, si consideramos su eficacia para evitar el desempleo. El acceso a niveles más elevados de educación proporciona, en tiempos de crecimiento, una importante protección contra el desempleo; tal protección se hace mucho más intensa, como veremos a continuación, durante fases de crisis como la actual.
En el año 2007, un trabajador que tuviera completada únicamente la educación obligatoria tenía el doble de riesgo de caer en el desempleo que un trabajador con educación superior y 1,5 veces más riesgo que un trabajador con educación secundaria superior (Bachillerato o Formación Profesional). En el segundo trimestre de 2009 (datos de la EPA), ya en plena crisis, la situación era bastante diferente: los trabajadores con menor nivel educativo tenían el triple de riesgo de quedar desempleados que los titulados superiores y 1,6 veces más que los bachilleres, por ejemplo.
Resulta claro que la crisis ha expulsado del mercado de trabajo especialmente a las personas con menos educación. Otra mirada a los mismos datos de desempleo nos permite observar que la crisis ha doblado la tasa de desempleo de los titulados superiores (situándola en el 8%), pero ha triplicado la tasa de desempleo de los trabajadores que sólo tienen educación obligatoria (situándola en el 24%). Especialmente los sectores de la construcción y de los servicios menos cualificados son los responsables de este golpe tan severo a las posibilidades que, en la fase expansiva del ciclo, habían tenido los trabajadores con menor nivel educativo para ubicarse en el mercado de trabajo.
Y no parece razonable confiar en que, durante los próximos años, el mercado de trabajo vaya a acomodar de nuevo a muchos trabajadores de baja cualificación. El mito popular del fontanero que se gana mejor la vida que el licenciado siempre fue eso, un mito, pero actualmente, y previsiblemente en el futuro, va a ser un mito cada vez más descabellado. Es conveniente, por ello, que los jóvenes y las familias tomen sus decisiones educativas conociendo el valor creciente que tiene la educación en las trayectorias laborales.
El desplazamiento de los trabajadores de menor cualificación, en el medio plazo, va a ser consecuencia de la actuación autónoma de los mercados, pero también de las políticas públicas. El intento de reorientación del modelo productivo que presumiblemente abordará la futura Ley de Economía Sostenible implica, precisamente, el desarrollo de actividades de mayor valor añadido, como la I+D+i, las nuevas tecnologías o las energías renovables, actividades donde la productividad no puede basarse en bajos costes laborales ni, por tanto, en bajos niveles de cualificación. Su impulso es una cuestión de supervivencia para nuestra economía, que el sector público debe tomarse suficientemente en serio. Pero que, indefectiblemente, profundiza en la expulsión progresiva del mercado de trabajo de una franja hasta ahora importante de trabajadores.
Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada
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Gutenberg, en la escuela

28 Sep 2009

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JORGE CALERO
La vida de los niños y los adolescentes actuales discurre casi totalmente al margen de la letra impresa. Los medios audiovisuales, cada vez más canalizados a través de Internet, han capturado la atención, el tiempo y la imaginación de los más jóvenes. La comunicación entre pares tiene como medio el teléfono móvil (en buena medida, a través de SMS) y el ordenador (chats, foros, etc.). En la vida privada, en el ámbito familiar y de ocio, el papel está en vías de extinción para las generaciones más jóvenes. Y parece claro que la tendencia no sólo es irreversible, sino que se va a acelerar en los próximos años.
El libro, sin embargo, sigue siendo el instrumento privilegiado en la escuela. El aprendizaje se organiza a menudo en función del libro de texto y los maestros son portadores de una cultura basada en la letra impresa: son asiduos lectores de prensa, por ejemplo. La escuela es, de hecho, prácticamente el único ámbito en el que amplios grupos de estudiantes coinciden con los libros. La situación es más extrema en el caso de los jóvenes que proceden de familias con pocos recursos culturales. Tengamos en cuenta un par de datos extraídos de PISA-2006: el 22% de los estudiantes españoles viven en hogares donde hay menos de 25 libros, el 7% vive en hogares donde hay menos de 10 libros. Para muchos, como vemos, no es que los libros estén desapareciendo, es que no han existido nunca.
La brecha entre la cultura Gutenberg de la escuela y la cultura audiovisual de los jóvenes provoca tensiones muy difíciles de resolver. En comparación con los estímulos audiovisuales y con instrumentos basados en la multifuncionalidad, lo que proporciona la escuela adquiere una tonalidad más bien gris y aburrida, en todo caso, ajena.
¿Qué estrategias puede aplicar la escuela ante esta situación? Las posturas extremas no parecen recomendables. Ni enrocarse en la defensa a ultranza del papel impreso ni, por el contrario, intentar competir con el entorno atrayendo a los estudiantes exclusivamente con contenidos audiovisuales e informatizados. Esta segunda estrategia, además de ser poco razonable, difícilmente podría aplicarse, debido a que el núcleo de aprendizaje que proporcionan los maestros no tiene ni la intención ni, a menudo, la preparación adecuada para llevarla a cabo.
Una estrategia gradual, en la que se respete escrupulosamente el valor de la letra impresa y se dé paso de forma equilibrada a otros soportes parece la solución óptima. Conviene recordar, en todo caso, que el equilibrio al que me refiero debe estar apoyado no solamente por inversiones que permitan la compra de material (ordenadores, por ejemplo), sino por un conjunto de acciones que permitan incorporar al proceso a otros miembros de la comunidad educativa como maestros y familia. El programa, desarrollado en Aragón, en el que se utilizan “Tablet-PCs”, es un ejemplo positivo en este sentido. Conocemos ya sobradamente cómo la inversión en recursos físicos, si no va acompañada de intervenciones más globales, difícilmente permite conseguir mejoras en el sistema educativo.
Jorge Calero es Catedrático de Economía Apliada
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¿Quién paga los libros de texto?

16 Sep 2009

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Tags: economía educaciónJorge Calero
Como cada año, las familias afrontan estos días la adquisición de los libros de texto para sus hijos. Dependiendo de la comunidad autónoma en la que residan, el gasto en el que incurren puede ser muy diferente. En la última década han proliferado los programas autonómicos que permiten aligerar a las familias de esta carga. Las alternativas son diversas, incluyendo la gratuidad total, programas de reutilización, “bonos-libro” que cubren parte del coste y becas selectivas de diferente cuantía. Como veremos, unas son mejores que otras.
El tipo de cobertura del gasto en libros de texto nos ilustra bien acerca de dos tendencias que encontramos en muchas otras políticas públicas aplicadas por las comunidades autónomas. Por una parte, una cierta competencia que empuja a las comunidades a ofrecer nuevas prestaciones para no quedarse atrás con respecto a otras, a partir de la iniciativa pionera de Castilla-La Mancha del año 2000 (basada en el préstamo de libros por parte de la Administración). Por otra parte, una progresiva polarización por la que las comunidades en las que gobierna el Partido Popular y las gobernadas por el PSOE se alejan progresivamente en cuanto a la orientación de las políticas sociales. El caso de Galicia nos proporciona un ejemplo claro de ello: la política de préstamo gratuito de los libros de textos, establecida en 2003, ha sido reformada recientemente por el nuevo Gobierno conservador. La cobertura universal se ha sustituido por unas ayudas de 180 euros selectivas y cuya concesión depende de los ingresos familiares. Se trata de un enfoque asistencial que comparten otras políticas sociales en comunidades gobernadas por el Partido Popular.
La justificación de una intervención pública que haga accesibles los libros de texto a todas las familias está relacionada con el principio de gratuidad de la enseñanza en los niveles obligatorios. En muchas comunidades se ha interpretado que tal gratuidad debe abarcar, también, a los productos complementarios, como los libros de texto, lo que parece razonable. En ocho de ellas el acceso gratuito a los libros se efectúa en régimen de préstamo, como he mencionado: los alumnos reutilizan libros empleados en cursos anteriores, lo que permite reducir el despilfarro que tradicionalmente se había producido en este ámbito. Un sistema de este tipo es demasiado intervencionista si se observa desde posiciones liberales, que presumiblemente apoyarán la compra particular por parte de las familias. Sin embargo, parece el más recomendable para reducir los costes totales (sean públicos o privados) de la compra de libros: a la reducción del despilfarro debe sumarse otro ahorro, el que proviene de la posibilidad de efectuar compras de mayor volumen por parte de la administración educativa.
Los cheques selectivos (en este caso, los “bonos-libro”) ejercen un atractivo insuperable para los gobiernos del Partido Popular; sin embargo, no parece que en este caso constituyan la mejor herramienta para asegurar la gratuidad de la enseñanza y la contención de los costes de la educación.
Catedrático de Economía Aplicada
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Una buena medida mal aplicada

03 Sep 2009

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Tags: economíaJorge Calero
La nueva prestación de apoyo a los parados de larga duración sin otra cobertura es un claro ejemplo de una buena medida mal aplicada. Además, en este caso, una mala aplicación puede poner en riesgo la eficacia total de la medida. Se trata de una buena medida porque cubre adecuadamente dos flancos. Por una parte, el estrictamente relacionado con las necesidades de un colectivo muy acotado. Por otra, el vinculado con el apoyo a la reactivación económica, por medio de la canalización de renta que se destinará casi inmediatamente al consumo. Además, la cuantía de la prestación (420 euros mensuales) se establece en un nivel que difícilmente va a causar desincentivos a la reincorporación al trabajo de los desempleados. La medida tiene un carácter temporal, lo que refuerza su función anticíclica.
Hasta aquí, todo bien: desde luego, siempre llegará alguna crítica desde el integrismo liberal, pero, como medida, es mucho más sólida y razonable que la desgravación de 400 euros anuales en el IRPF. Sin embargo, su aplicación está siendo manifiestamente mejorable, transmitiéndose una sensación (justificada o no) de improvisación por parte del Gobierno. En especial, llama la atención que un elemento crucial de la medida, la delimitación de las personas beneficiarias (en función de la fecha en que estas reunían las condiciones de desempleo sin cobertura), haya sido tratado de una manera tan poco consistente. Parece claramente recomendable que, en general, este tipo de decisiones se formule con precisión y claridad. Pero lo es mucho más cuando estamos hablando de un colectivo afectado que se encuentra, actualmente, en una situación de necesidad e incertidumbre. Las idas y venidas en cuanto a las fechas tienen en este caso, como en pocos otros, un efecto poco tranquilizador.
¿Qué ha sucedido para que se alcance esta situación? Los procesos de negociación del Gobierno (tanto internos como externos) no son sencillos en un momento de dificultades presupuestarias muy acusadas. El Gobierno ha tenido la voluntad, además, de buscar el consenso con los agentes sociales. En todo caso, se debería tomar nota de que conviene alcanzar decisiones después de la negociación y no antes de ella. La ampliación del plazo de retroactividad, desde el 1 de agosto inicial hasta el finalmente acordado del 1 de enero, supone un avance sustancial en la universalización de la medida: el colectivo beneficiario se sitúa en torno al 85% del total. Pero podemos preguntarnos, entonces, qué sucede con el 15% restante. Resulta difícil de justificar que la medida no atienda, precisamente, a los que más meses llevan fuera del mercado de trabajo.
En mi opinión, si la medida no estaba destinada a ser universal, habría sido más razonable incorporar inicialmente a los colectivos con más meses de desempleo sin cobertura y no justamente al contrario. Este tipo de detalles de aplicación, en una medida tan sensible, no son triviales. Pueden echar a perder la legitimación y el efecto deseado de una medida que podría haber sido intachable.
Catedrático de Economía Aplicada
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El Robin Hood miope

23 Ago 2009

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Tags: economíaJorge Calero
El sector público redistribuye constantemente recursos entre los ciudadanos. Algunas de sus funciones (pensemos, por ejemplo, en las que lleva a cabo la Seguridad Social) consisten, precisamente, en llevar a cabo esa redistribución. La imagen del sector público como “Robin Hood miope” alude a la dificultad que tiene para identificar de dónde tiene que obtener el dinero y a dónde tiene que llevarlo. Llevada al extremo, la miopía de Robin Hood hace que obtenga el dinero de los pobres y lo destine con generosidad a los ricos.
Pero, en el caso español, ¿es realmente miope el sector público cuando hace de Robin Hood? En buena medida sí. Cuando recauda impuestos y recibe cotizaciones de la Seguridad Social el efecto distributivo es prácticamente neutral. Se podría esperar que recibiera más de los grupos de renta más alta, debido a la progresividad formal de impuestos como el IRPF. Pero, incluso si nos centramos sólo en el IRPF, la progresividad queda compensada por una serie de deducciones que benefician a los grupos de renta más alta.
Pensemos en la reducción de la base por aportaciones a planes de pensiones privados, quizás el elemento más regresivo del sistema impositivo español, o en la recientemente reformada deducción por adquisición de vivienda habitual.
En el caso de las cotizaciones a la Seguridad Social, sabemos que la cuota patronal se traslada, en una elevada proporción, a los trabajadores por medio de salarios más reducidos. Si tenemos también en cuenta la evasión y la elusión fiscal, una mirada agregada a los ingresos del sector público nos indica algo sorprendente pero suficientemente establecido: los impuestos y cotizaciones nos retiran recursos en un porcentaje que se mantiene casi constante para los diferentes grupos de renta. Por tanto, cuando Robin Hood obtiene recursos, no tiene suficiente vista como para identificar a los ricos.
Y con los gastos tampoco acierta del todo. Hace años que ya no sólo son los pobres los beneficiarios del Estado del bienestar. La expansión de los servicios universales hace que los gastos se distribuyan cada vez más en función de criterios no relacionados directamente con la renta.
De hecho, de algunos servicios financiados públicamente se benefician más los grupos con mayores ingresos. Es esta una situación contradictoria desde el punto de vista de la viabilidad del Estado del bienestar: por una parte, hace más confusos sus objetivos, pero, por otra, garantiza que va a recibir apoyos que benefician su continuidad.
Hace días leí que la patronal, en Cataluña, instaba a la Generalitat a gastar los recursos adicionales procedentes del nuevo sistema de financiación autonómica en Sanidad, Educación y servicios sociales (y no en burocracia). Toda una señal de que el interés en el Estado del bienestar se ha extendido y obtiene apoyos no sólo de los más pobres. Puede, por tanto, que sea particularmente necesario corregir la miopía de Robin Hood a la hora de obtener ingresos, pero no lo sea tanto corregirla a la hora de distribuir gastos.
Catedrático de Economía Aplicada
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Los que se quedan atrás

09 Ago 2009

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Tags: educaciónJorge Calero
El 42% de los estudiantes españoles de 15 años están en un curso inferior al que les corresponde en función de su edad. La repetición de cursos en la educación obligatoria es un fenómeno muy extendido y, además, cada vez más frecuente: hace diez años el porcentaje de estudiantes que habían repetido algún curso era del 35%, siete puntos por debajo del nivel actual. Se trata, además, de un fenómeno característicamente masculino, ya que afecta al 48% de los chicos y únicamente al 36% de las chicas.
Estas cifras nos están señalando dos cosas. Por una parte, el problema, ya conocido, del bajo rendimiento de diversos grupos de estudiantes en la educación obligatoria, problema que culmina en las elevadísimas tasas de fracaso escolar que encontramos al final de la ESO (en torno al 30%). Por otra parte, el tipo de respuesta que con mucha frecuencia se da a los problemas de rendimiento en nuestro sistema educativo, centrada en la repetición.
La idoneidad de esta respuesta sigue generando una intensa controversia, aunque a medida que pasan los años va ganando terreno la convicción de que su eficacia de cara a recuperar a los estudiantes y conducirlos a una senda de éxito escolar es muy reducida. La evidencia que se va acumulando señala claramente en este sentido. Cuanto más se utiliza la repetición para gestionar el bajo rendimiento de los estudiantes, más baja el rendimiento; esto sucede tanto si observamos el problema desde el punto de vista individual como si lo hacemos desde el punto de vista de sistemas educativos agregados. La evidencia a la que me refiero ha llevado a que la OCDE, en su documento “No más fracasos: diez pasos para la equidad en educación” plantee, como uno de esos diez pasos, “identificar y proporcionar ayuda sistemática a los estudiantes que se quedan atrás en la escuela y reducir la repetición de cursos”.
Merece la pena reflexionar acerca de los procesos e intereses que conducen a mantener (e incluso intensificar) la repetición cuando conocemos su falta de eficacia. Es posible que estén influyendo factores como los intereses de los maestros y maestras en el corto plazo, o la dificultad para proporcionar, como recomienda la OCDE, “ayuda sistemática” a los estudiantes en riesgo. Es posible, también, que en ocasiones se hayan impuesto visiones reduccionistas y desenfocadas de la “cultura del esfuerzo”. En todo caso, la repetición es un recurso simple, aparentemente barato (cuando no se tienen en cuenta todos los costes) y sus posibles consecuencias negativas no son visibles. Candidato ideal, pues, para generar adicción entre algunos profesionales de la educación.
Las alternativas a la repetición no son ni mucho menos evidentes, ni tampoco baratas. Exigen una implicación de la administración educativa, de los profesionales y de las familias que difícilmente se produce espontáneamente. La “ayuda sistemática” necesaria para evitar que los estudiantes se queden atrás, sin embargo, es factible y se desarrolla, ya desde hace tiempo, en otros sistemas educativos.
Catedrático de Economía Aplicada
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El precio de las matrículas universitarias

02 Ago 2009

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Tags: economíaJorge Calero
En septiembre, con el comienzo del nuevo curso, los estudiantes universitarios tendrán que hacer frente al pago de las matrículas. El nivel en el que se deberían fijar los precios de las matrículas ha sido desde hace décadas (y sigue siendo) un ámbito de controversia en el que, en mi opinión, se enfrentan posiciones ideológicas poco matizadas. Conviene clarificar el conjunto de elementos que participan en la controversia.
Los precios de matrícula, actualmente, cubren menos del 20% del coste del servicio que prestan las universidades a los estudiantes. Por otra parte, los grupos sociales con más recursos económicos tienen más probabilidad de acceder a la universidad que el resto. Efectivamente, pese a la democratización del acceso que se ha producido en los últimos años, el 34% de jóvenes de cada cohorte que llega a la universidad sigue siendo un grupo relativamente aventajado económicamente. Finalmente, la obtención de un título universitario mejora los ingresos a lo largo de toda la vida.
Sobre estos tres hechos, sobradamente establecidos, una primera propuesta, poco matizada, consiste en insistir en que los estudiantes se hagan cargo de la totalidad del coste: como media, tienen suficientes recursos cuando estudian; como media, tendrán recursos en el futuro. Esta propuesta se matiza incorporando el sistema de becas y préstamos: aquellos que no pueden pagar deben ser cubiertos por becas o por préstamos que retornarán una vez titulados.
Aunque atractiva en su simplicidad, la propuesta no está exenta de problemas que deben ser muy tenidos en cuenta en cualquier reforma. Subrayaré los tres que considero más importantes. Primero, es cierto que la educación superior genera beneficios a sus receptores, pero también al conjunto de la sociedad (los denominados efectos externos positivos), por lo que resulta lógico que la sociedad en su conjunto participe en su financiación.
Segundo, que el sistema de becas y/o préstamos resuelva automáticamente los problemas de quienes no podrían pagar un precio de matrícula elevado está más en el terreno del desiderátum que en el de los hechos probables (máxime si consideramos las limitaciones de los actuales diseños de los programas). Y, finalmente, la resistencia de los estudiantes ante cambios en los precios de matrícula es notable y su capacidad para hacer oír su voz es superior a la del resto de ciudadanos (tenemos suficientes ejemplos cercanos).
Estos tres problemas son parciales y de diferente índole, pero nos permiten apreciar lo siguiente. La elevada subvención indiscriminada que reciben actualmente los estudiantes universitarios (al menos, en el grado) es, probablemente, ineficiente y regresiva. Sin embargo, las alternativas pueden ser, incluso, más problemáticas.
Cualquier reforma debería garantizar, con anterioridad a una subida sustancial de los precios, la equidad en el acceso y que la financiación pública cubra una parte suficiente de un servicio cuyos beneficios, finalmente, acabará recibiendo el conjunto de la sociedad.
Catedrático de Economía Aplicada


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