Avisu Septiembre 2020: aquellos usuarios que estén rexistraos y no puedan entrar en la su cuenta, que se pongan en contactu con nosotros en [email protected] x

¡BIENVENÍU A LOS FOROS DE LLASTRES, Invitado! Somos la primera comunidad llastrina que se formó en internet, allá por 1998. Puedes registrate de forma gratuita y empezar a debatir, estamos encantados de que formes parte de esta comunidad Smile x

Calificación:
  • 0 voto(s) - 0 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Felipe gonzalez datos relevantes
#1

Felipe González Márquez
Editado por:
Roberto Ortiz de Zárate


Datos relevantes

Actualización: 12 de Febrero de 2010

[Imagen: felipe_gonzalez_marquez_ficha_biografia.jpg]

España
Presidente del Gobierno
Duración del mandato: 02 de Diciembre de 1982 - 05 de Mayo de 1996
Nacimiento: Sevilla, Andalucía , 05 de Marzo de 1942
Partido político: PSOE
Profesión: Abogado
Crédito fotográfico: © Secretaría General de la OEA/Juan Manuel Herrera




Resumen

(Nota del editor: La presente biografía se halla en proceso de reedición y actualización completas)

Biografía

1. Líder de la oposición democrática a caballo entre dos regímenes
2. Triunfo electoral del PSOE en 1982 con el mensaje del cambio: reformas sociales y reconversión industrial
3. Despegue económico, liberalización y contestación sindical; la reforma militar
4. El relanzamiento de las relaciones internacionales de España; la OTAN y la UE
5. Un lento declive bajo las sombras de la corrupción y la crisis económica; el caso de los GAL
6. Tras la derrota electoral de 1996: actitudes evasivas y prolongación del ascendiente internacional
7. Aportaciones intelectuales y reconocimientos


1. Líder de la oposición democrática a caballo entre dos regímenes
El segundo de cuatro hermanos, sus padres fueron Felipe González Helguera, un tratante de ganado emigrado a Sevilla desde su Cantabria natal en 1929, de convicciones republicanas, azañista y militante del sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT), y Juana Márquez Domínguez, natural de la provincia de Huelva. El negocio de venta de vacas montado por don Felipe en el barrio sevillano de Bellavista reportó a la familia una situación económica relativamente desahogada, gracias a la cual su vástago tocayo pudo cursar el bachillerato en el colegio que los Padres Claretianos regentaban en la capital andaluza y después el preuniversitario en el Instituto San Isidoro.

Matriculado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, en 1965, el año previo a su licenciatura, asistió a un curso de Economía en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Una vez obtenido el título de abogado, abrió un bufete especializado en litigios laborales, lo que le permitió conocer de primera mano los problemas de los trabajadores en los años del desarrollismo de la dictadura franquista.

Al principio militante de las Juventudes Universitarias de Acción Católica y de las Juventudes Obreras Católicas, cuya orientación era democristiana, en 1962 se afilió a las Juventudes Socialistas y dos años después ingresó en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que estaba prohibido en España desde el final de la Guerra Civil en 1939 y cuyos dirigentes históricos operaban en el exilio. Su actividad se desarrolló, por tanto, en la clandestinidad, y en 1971 su participación en manifestaciones contrarias al régimen del general Franco le acarreó una detención policial.

Durante un tiempo, González combinó la práctica legal como abogado laboralista con la docencia en su antigua facultad. En julio 1969, regresado a tal efecto de uno de sus viajes solapados a la vecina Francia para reunirse con los camaradas en el exilio, contrajo matrimonio en Sevilla con Carmen Romero López, hija de un coronel médico del Ejército, profesora de instituto y militante socialista desde el año anterior, con la que iba a tener tres hijos, Pablo, David y María.

El liderazgo en el PSOE: de Suresnes al Congreso Extraordinario de 1979
Dentro del PSOE, González ingresó en el Comité Provincial de Sevilla en 1965, en 1969 accedió al Comité Nacional y en 1970 fue elegido miembro de la Comisión Ejecutiva. En agosto de 1972, en representación de la Ejecutiva del interior, que pugnaba con la Ejecutiva del exterior, participó en el XXV Congreso del partido, celebrado en Toulouse. Dos años después, en octubre de 1974, el XXVI Congreso, reunido en Suresnes, le encumbró a la Secretaría General, que se encontraba vacante desde la cita de Toulouse debido a las divisiones internas. González, conocido por sus camaradas como Isidoro, tenía solamente 32 años.

En aquella ocasión, el sector histórico del PSOE, integrado por los veteranos del exilio y encabezado por el secretario general entre 1944 y 1972, Rodolfo Llopis Ferrándiz, un viejo colaborador del que fuera presidente del Gobierno y del partido en los años de la Segunda República, Francisco Largo Caballero (y que sacaba a su sucesor en el cargo la friolera de 47 años), fue definitivamente relegado, tras dos años de cisma, por los renovadores del interior, donde Felipe, secundado entre otros por Nicolás Redondo Urbieta (cabeza del socialismo vasco) y Pablo Castellano Cardalliaguet (portavoz del socialismo madrileño), terminó llevando la voz cantante al convertirse en una solución de compromiso.

El joven Isidoro ganó la partida a los llopistas y su PSOE Histórico en buena parte gracias al patrocinio de las máximas figuras de la socialdemocracia europea, como el italiano Pietro Nenni, el sueco Olof Palme y el alemán Willy Brandt, quienes hicieron valer su peso en la Internacional Socialista para que ésta reconociera al PSOE Renovado como el legítimo representante del socialismo español.

Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, González, instalado ya en Madrid junto con su familia, pasó a liderar una parte de la oposición española al frente de la Plataforma de Convergencia Democrática, que en marzo de 1976 se fusionó con la Junta Democrática de España que animaban el Partido Comunista de España (PCE) y su secretario general, Santiago Carrillo Solares, dando lugar a la Coordinación Democrática, más conocida como la Platajunta. En el XXVII Congreso socialista, en diciembre de 1976 en Madrid y primero de los celebrados en España desde la Guerra Civil, González fue ratificado como secretario general mientras que el veterano Ramón Rubial Cavia obtuvo el puesto honorífico de presidente del partido.

Legalizado finalmente en febrero de 1977 por el Gobierno reformista de Adolfo Suárez González, el PSOE concurrió a las primeras elecciones generales democráticas, de carácter constituyente, el 15 de junio de 1977. Con el 29,2% de los votos y 118 escaños, el primero de los cuales, por Madrid, pasó a ocuparlo su secretario general, el PSOE se colocó como la segunda fuerza del Congreso de los Diputados y superó amplísimamente al PCE, su rival por la izquierda, que hubo de conformarse con el 9,3% y 19 actas. El trasvase masivo del denominado voto útil favoreció la aplastante superioridad de los socialistas en el arco de la izquierda, posición hegemónica que ya nunca perderían.

En su lustro como líder de la oposición democrática, González esgrimió un discurso radicalmente contrario a la entrada de España en la OTAN, que calificó de "tremendo error" y de "barbaridad histórica", y su antagonismo parlamentario al Gobierno de la Unión de Centro Democrático (UCD) encabezado por Suárez, que no gozaba de la mayoría absoluta, fue tan duro que contribuyó decisivamente a su caída en febrero de 1981, cuando la falta de apoyos en su propio partido no dejó al presidente nombrado por el rey Juan Carlos I en 1976 otra salida que la dimisión. En mayo de 1980, en un momento sumamente delicado por la crisis económica, la ofensiva terrorista de la ETA vasca y los rumores de sables en los cuarteles, los socialistas ya intentaron derribar a Suárez mediante una moción de censura que no prosperó.

En el campo ideológico propio, González insistió en la necesidad de eliminar la invocación del marxismo en la doctrina del PSOE y de convertir a éste en un partido moderno e interclasista, homologable a la socialdemocracia europea (y tal como había hecho, por ejemplo, el SPD germanooccidental en 1959 con su Programa de Bad Godesberg), la cual, por su parte, le respaldó nombrándole el 7 de noviembre de 1978 vicepresidente de la Internacional Socialista, donde entró a colaborar directamente con su presidente, el ex canciller Brandt.

González vio derrotada su ponencia transformadora en el XXVIII Congreso, el 17 de mayo de 1979, viéndose obligado a dimitir y a entregar la dirección a una gestora interina. Pero en septiembre del mismo año, un Congreso Extraordinario le repuso en la Secretaría General con el 86% de los votos. La victoria de González fue total al conseguir también el aggiornamento del partido, que renunció a la ideología marxista, abrazó la definición socialista democrática y se configuró como una organización federal, amoldada al incipiente Estado de las autonomías en la articulación territorial de España. El XXVIII Congreso creó también el cargo de Vicesecretario General, para el que eligió a Alfonso Guerra González, hasta entonces secretario de Organización. Paisano sevillano e ingeniero de formación, Guerra era, desde su coincidencia en la Universidad, un inseparable compañero de aventura política de González, relación dinámica que se intensificaría a partir de ahora.

Durante el intento de golpe de Estado perpetrado por un sector involucionista del Ejército en febrero de 1981, el llamado 23-F, González vivió un apurado trance personal al ser uno de los dirigentes políticos separados de su escaño en el hemiciclo del Congreso, que sesionaba la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como nuevo presidente del Gobierno, y encerrados en una dependencia por los guardias civiles que asaltaron el palacio legislativo y ametrallaron su techo para aterrorizar a los diputados. Hasta que el golpe fracasó y sus captores se rindieron, el líder socialista pasó unas angustiosas horas, bajo el temor a ser ejecutados sumariamente, en compañía de Guerra, Carrillo, el teniente general y vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado y el ministro de Defensa Agustín Rodríguez Sahagún (la misma peripecia sufrió Suárez, que permaneció aislado en otra sala).


2. Triunfo electoral del PSOE en 1982 con el mensaje del cambio: reformas sociales y reconversión industrial
Consolidado como una alternativa de gobierno en las legislativas del 1 de marzo de 1979, ocasión en la que alcanzó el 30,5% de los votos y los 121 diputados, el PSOE obtuvo una victoria arrolladora en las votaciones del 28 de octubre de 1982 con el 48,3% de los sufragios y 202 diputados. El vuelco del panorama político español -doblemente histórico, pues además del descalabro de la UCD, nunca antes un partido de izquierda había recibido tantos votos en solitario- supuso para el PSOE el regreso al poder ejecutivo que había ocupado por última vez en 1939, cuando la victoria del bando nacional en la Guerra Civil puso final al Gobierno republicano presidido por Juan Negrín López.

González fue investido presidente por el Congreso el 2 de diciembre con 207 votos a favor, 116 en contra y 21 abstenciones, prestó juramento ante el rey en el Palacio de la Zarzuela ese mismo día, y su Gabinete, en el que destacaban varios exponentes de la intelligentsia del partido con un sólido bagaje universitario, tomó posesión un día más tarde.

Los principales lugartenientes de González en su flamante Gobierno, todos ellos a caballo entre la tercera y la cuarta décadas de edad, eran: Guerra, en la Vicepresidencia; Miguel Boyer Salvador, en Economía y Hacienda; Carlos Solchaga Catalán, en Industria y Energía; Narcís Serra i Serra, en Defensa; José Barrionuevo Peña, en Interior; Joaquín Almunia Amann, en Trabajo y Seguridad Social; Fernando Ledesma Bartret, en Justicia; José María Maravall Herrero, en Educación y Ciencia; y Javier Solana Madariaga
La llegada al Gobierno de los socialistas alumbró en amplios sectores de la sociedad española esperanzas de mejoras y transformaciones a todos los niveles, en un país que en numerosos aspectos arrastraba un considerable retraso con relación a las democracias más consolidadas de Europa occidental; en este sentido, caló profundamente el lema, Por el Cambio, ondeado por el PSOE durante la campaña en un brillante ejercicio de marketing electoral. Por otro lado, los electores conservadores miraban a González y los suyos con diversos grados de recelo y temor, en la sospecha de que el cambio prometido podría traducirse fácilmente en medidas radicales de corte izquierdista.

En el terreno social, el país empezó a experimentar claros progresos, como la modernización de los tramos escolares básicos mediante la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) de 1985 (a la que siguió, cinco años después, ya en la tercera legislatura socialista, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, LOGSE, que reestructuró la enseñanza secundaria y universalizó la educación pública gratuita hasta los 16 años) y el desarrollo de un amplio sistema de Seguridad Social integral y sostenido por las cotizaciones de los afiliados, que tomó como referencia el modelo del Estado del bienestar característico de otras latitudes.

Uno de los jalones de la legislación social, manifiestamente mejorable para las asociaciones feministas pero una decisión aciaga para los grupos pro vida y la Iglesia Católica (que ya había condenado la introducción de la píldora anticonceptiva en España en 1978 y recibido igualmente mal el divorcio civil en 1981), fue, mediante la Ley Orgánica de Reforma del Código Penal, la despenalización parcial del aborto, que pasó a ser legal en determinados supuestos y períodos de gestación.

Aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de 1983 y por el Congreso en octubre siguiente, y promulgado el 5 de julio de 1985, el nuevo articulado autorizaba la interrupción del embarazo en centros públicos o privados en tres situaciones: en caso de violación (supuesto criminológico), dentro de las 12 primeras semanas de gestación; cuando existían graves taras físicas o psíquicas del feto (supuesto eugenésico), dentro de las 22 primeras semanas; y cuando había riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre (supuesto terapéutico), en este caso sin límite temporal.

Las reformas en la estructura económica
Al poco de constituirse, el Gobierno desató en el sector productivo unas reformas estructurales que González consideraba ineludibles para la modernización del país. El elemento más visible de este proceso fue la traumática reconversión industrial, que clausuró y desmanteló en buena medida la industria pesada, obsoleta y en su mayor parte incapaz de sostenerse sin grandes aportes de dinero público, que se había ido construyendo desde la autarquía de los primeros años del franquismo. Las compañías intervenidas pertenecían al Instituto Nacional de Industria (INI), un organismo del Estado que había cumplido su función desarrollista pero que ahora no encajaba con las necesidades de diversificación de la economía española y su apertura al comercio internacional. Las reformas internas se tornaron más perentorias tras el ingreso en 1986 en la Comunidad Económica Europea (CEE) y la consiguiente imposición por Bruselas de una política de subvenciones públicas mucho más exigente, ligada a unos criterios de racionalidad y viabilidad.

El 6 de julio de 1983 el Consejo de Ministros aprobó la reconversión de la siderurgia integral, que tuvo un durísimo impacto en las economías locales del País Vasco, Asturias, Cantabria y Valencia. La destrucción masiva de empleo a que dieron lugar la reconversión del acero y la subsiguiente ruina de numerosas pequeñas empresas privadas que recibían contratos de las grandes públicas convirtió en un fiasco la promesa hecha por el líder socialista de crear 800.000 puestos de trabajo en la primera legislatura. En 1984 el Gobierno lanzó la reconversión de los grandes astilleros, que arrastraban unos balances de cuentas muy deficitarios, y el resultado fue otro movimiento huelguístico en el País Vasco, Asturias, Galicia y Andalucía. Una aparente contradicción anidaba en los planes del Ejecutivo, que sostenía que para crear o mantener empleos, antes había que sacrificar otros.

Los cierres, los "planes de competitividad" y los "contratos-programa", que supusieron el despido o jubilación anticipada de decenas de miles de trabajadores y que encontraron una fragorosa resistencia sindical, afectaron en sucesivas oleadas hasta bien entrados los años noventa a los sectores de la siderurgia (Altos Hornos de Vizcaya en el Gran Bilbao, Altos Hornos del Mediterráneo en Sagunto, Ensidesa en Avilés, Foarsa en Reinosa), la minería del carbón (Hunosa y Figaredo en Asturias), la construcción naval (astilleros de la ría de Bilbao, el Ferrol, Cartagena y la bahía de Cádiz) y otros, como los bienes de equipo y los contratistas de defensa. En la automoción, el fabricante de automóviles SEAT, una vez desvinculado de la Fiat italiana, fue vendido por el INI a la alemana Volkswagen en un proceso por etapas que culminó en 1990, no sin someterlo a un severo recorte de la plantilla e inyectarle cientos de miles de millones de pesetas para cubrir su déficit.

El 23 de febrero de 1983 el Gobierno expropió por decreto el holding empresarial Rumasa, uno de los mayores grupos privados del país, propiedad de José María Ruiz Mateos. Según el ministro Boyer, Rumasa se encontraba en una situación de virtual quiebra, como fruto de su fuerte endeudamiento, empezando con la Seguridad Social, y de una serie de arriesgadas inversiones; en consecuencia, el Gobierno se había visto obligado a expropiarla para utilidad pública y en interés social, para proteger el erario del Estado, los puestos laborales de los 60.000 trabajadores del grupo y los intereses de sus accionistas.

Medida intervencionista espectacular que levantó una ruidosa polémica, la oposición centrista y derechista la cubrió de críticas no tanto por su necesidad como por el procedimiento expeditivo empleado, aunque el PSOE ganó para su lado a los comunistas y a los nacionalistas vascos en la convalidación parlamentaria del decreto-ley de expropiación. A posteriori, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo establecieron en varias sentencias que la decisión gubernamental de 1983 sobre Rumasa se había ajustado a la ley y que el demandante y máximo afectado, Ruiz Mateos, no tenía derecho a la restitución. El Gobierno sopesó nacionalizar Rumasa, pero finalmente se decantó por su fraccionamiento y reprivatización.

En 1985, mientras ejecutaba la reconversión industrial con pulso firme, el Gobierno socialista inició también un proceso de reestructuración orgánica y de redefinición jurídica de las compañías de titularidad pública, que entonces se aproximaban a las 200, sin contar los varios centenares de firmas que dependían del Estado de manera indirecta al tratarse de filiales o subfiliales de las anteriores. Este vasto patrimonio estatal se abrió parcial o totalmente, según los casos, a la capitalización privada, mediante la venta directa (como se hizo con SEAT, la siderúrgica Sidenor y la energética Enagás), mediante la venta de acciones en bolsa, o bien a través de un concurso público de ofertas. Algunas firmas que no eran rentables o que no encontraron comprador, fueron liquidadas.

En los últimos años de la administración de González, el parque de empresas del Estado experimentó, más que una privatización sistemática, un proceso de racionalización directiva, que asumía la mentalidad empresarial en el mercado común europeo altamente competitivo y ponía énfasis en la eficiencia de los holdings públicos que tenían encomendada la gestión de las compañías. La gran privatización del sistema vendría a partir de 1996, tras la marcha de González; con los socialistas, ese proceso arrancó, pero los esfuerzos se centraron en la reorganización de sectores productivos enteros y en las fusiones que afectaron a muchas corporaciones, antes de o durante su privatización parcial. Todo ello, repetía el Gobierno machaconamente, en aras de la modernización y la competitividad del sistema productivo nacional.

Las realizaciones más visibles de este proceso de concentración de empresas de un mismo ramo y de holdings gestores tuvieron lugar en el último lustro de la presidencia de González. En mayo de 1991 nació la Corporación Bancaria de España, luego conocida como Argentaria, como una sociedad estatal y una entidad de crédito que federaba a seis bancos públicos: el Banco Exterior de España, la Caja Postal de Ahorros, el Banco de Crédito Industrial, el Banco de Crédito Agrícola, el Banco de Crédito Local y el Banco Hipotecario de España. El macrogrupo bancario, que mantuvo su naturaleza pública, era una operación necesaria ante las recientes fusiones en la gran banca privada, y de hecho se convirtió en la principal entidad financiera del país, por delante de los bancos Bilbao Vizcaya (BBV, con el que terminaría fusionándose, privatización mediante, en 1999), Santander y Central Hispano (BCH).

En julio de 1992 nació el holding público multisectorial TENEO, vasta sociedad anónima que acogió a todas las empresas del INI, 47, capaces de gestionarse y de competir en el mercado sin recurso a los presupuestos generales del Estado. Más tarde, en junio de 1995, el INI y el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH, a cuyo cargo estaba la petrolera Repsol, la principal compañía industrial del país por volumen de negocio), fueron disueltos y en su lugar se establecieron dos nuevos entes, la Agencia Industrial del Estado (AIE) y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

De acuerdo con el nuevo esquema, las empresas deficitarias que sí dependían de la financiación pública para su sostenibilidad quedaban bajo responsabilidad de la AIE, mientras que Repsol y el grupo TENEO se subordinaban a la SEPI. Por otro lado, el Grupo Patrimonio dio lugar a una doble Sociedad Estatal de Participaciones Accionariales (SEPA I y SEPA II). En todos estos años, los sucesivos holdings fueron vendiendo paquetes de acciones de, entre otras, la eléctrica Endesa, la electrónica Indra, la papelera Ence y Repsol. Lo mismo sucedió con Argentaria y con el monopolio Telefónica.


3. Despegue económico, liberalización y contestación sindical; la reforma militar
El control de la inflación, que alcanzaba el 14,6% a finales de 1982, constituyó un objetivo confeso desde el momento en que quedó de manifiesto el abandono de las políticas estatalistas. Siguiendo la pauta de los socialistas franceses, González fue decantándose por un pragmatismo promercado que intentaba aunar la liberalización de la economía y una política social activa, lo que le granjeó la confianza del gran capital y la patronal. Esta última, que venía pregonando que sin podas en el déficit público y en los elevados tipos de interés, y sin la flexibilización del mercado de trabajo, no vendrían inversiones productivas ni se crearía empleo, accedió a firmar el Acuerdo Económico y Social con el Gobierno y los sindicatos cuando apreció que el primero estaba asumiendo lo esencial de sus tesis.

Si bien la macroeconomía funcionaba, pasando el quinquenio 1985-1989 por una fase de crecimiento expansivo (con el pico en 1987, cuando el PIB aumentó un 6,1%) acompañada de una inflación globalmente a la baja (aunque todavía por encima del 5%) y de una entrada masiva de capitales financieros extranjeros (atraídos por los tipos de interés fijados por el Banco de España, entre los más altos de la OCDE, que convertían en muy atractivas las emisiones de deuda pública y las inversiones a plazo españolas), los sindicatos entendían que la prosperidad de los números se hacía a costa del bolsillo o del puesto de los trabajadores. Observadores terceros pusieron en cuestión la robustez de un crecimiento tras el que había muchos movimientos especulativos de capital a corto plazo e inversiones agresivas a la caza de la máxima rentabilidad.

En la segunda mitad de la década, diversos colectivos que se sentían damnificados por las reformas del Gobierno protagonizaron una fuerte conflictividad social. El descontento obrero y estudiantil cristalizó en las huelgas generales, convocadas por las principales centrales sindicales, del 20 de junio de 1985, contra el recorte de las pensiones, y la más masiva y contundente del 14 de diciembre de 1988, contra el Plan de Empleo Juvenil y las revisiones a la baja de los salarios de los funcionarios, que paralizó el país por primera vez desde 1934. Para los sindicatos y la oposición a la izquierda del PSOE, la política del Gobierno era cada vez más favorable a los empresarios, lo que hacía muy difícil aceptar sus propuestas de concertación social.

La huelga general de 1988, en la que incluso la señal de la cadena pública Televisión Española (TVE) fue cortada por los trabajadores, marcó un hito al conseguir la retirada del Plan de Empleo Juvenil, que buscaba facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral mediante modalidades de contratación temporal y con salarios de baja remuneración (los despectivamente llamados contratos basura). La UGT de Nicolás Redondo, que había apoyado la reforma de las pensiones en 1985, optó sin embargo por presentar un frente unitario con Comisiones Obreras (CCOO, próximas al PCE), el otro sindicato mayoritario, en la huelga de 1988.

La tremenda presión de la calle no sólo arrancó el aparcamiento de la flexibilización (o precarización, según lo veían sus detractores) del mercado laboral juvenil, sino que impelió a González a dar un giro acusadamente social a su gestión, incrementando el gasto público. Como consecuencia, se dispararon el déficit, que invirtió la tendencia al recorte desde su pico negativo del 6% del PIB alcanzado en 1985, y la deuda pública, crecida en consonancia a partir de un nivel equivalente al 40% del PIB.

En otro terreno bien distinto, el de la España de las Autonomías, establecida por la Constitución de 1978 y que terminó de articularse en los primeros años del Gobierno socialista con la elaboración y entrada en vigor de los estatutos de las comunidades de Extremadura, Castilla y León, Madrid y Baleares (en febrero y marzo de 1983) y los de las ciudades de Ceuta y Melilla (en marzo de 1995), González encajó el que en su momento, en agosto de 1983, fue considerado su primer revés serio.

Se trató de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la controvertida Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA, de junio de 1982), defendida a capa y espada por el PSOE y la UCD, y considerada por el PCE y los nacionalistas catalanes y vascos un instrumento del Gobierno central para cortocircuitar las competencias y las normativas aprobadas por las asambleas autonómicas. El Tribunal estimó que 14 de los 38 artículos de la LOAPA no se ajustaban a la Constitución de manera parcial o total, obligando a las Cortes a reelaborar una norma autonómica sin naturaleza orgánica y desprovista de carácter armonizador.

La resolución de la cuestión militar
Una labor de la mayor importancia, aunque opaca para el público, fue la reforma del Ejército, conducida sin estridencias y con habilidad por el ministro de Defensa, Narcís Serra, uno de los dirigentes del socialismo catalán. El proceso había comenzado ya en la etapa ucedista, pero ahora se vio facilitado por la moderación ideológica del PSOE y de González.

El Gobierno obtuvo en esta tarea la ayuda inestimable de los generales Gutiérrez Mellado y Manuel Díez-Alegría Gutiérrez, antiguo jefe del Alto Estado Mayor, así como del almirante Ángel Liberal Lucini, quien fue, desde 1984, el primer Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD, nombrado por el presidente del Gobierno y directamente supeditado a él). La realización de la a veces llamada transición militar, entendida como un corolario pendiente de la ya concluida transición política del posfranquismo, tuvo un mérito adicional desde el momento en que la organización terrorista ETA, en la cima de su poderío, seguía atentando con saña contra las Fuerzas Armadas, poniendo en su punto de mira a oficiales de la más alta graduación (asesinatos entre 1984 y 1988 del teniente general Guillermo Quintana Lacaci, de los generales Luis Azcárraga y Juan Atarés, y de los vicealmirantes Fausto Escrigas y Cristóbal Colón de Carvajal, amén de decenas de uniformados de rangos inferiores) y creando enorme crispación en los cuarteles.

La profunda reestructuración de las cadenas de mando y del organigrama de la Defensa, la inculcación en los uniformados del apoliticismo, la obediencia constitucional y el principio de supremacía de la autoridad civil, la profesionalización de la oficialidad castrense y el paulatino pase a retiro, incentivado, de muchos viejos oficiales que se habían identificado con la dictadura franquista combinado con una calculada política de ascensos al generalato, desterraron definitivamente el fantasma del golpismo en España y, en un sentido general, terminaron con la tradición de la injerencia en los asuntos extramilitares, que había durado casi dos siglos.

En 1985, tal como confirmó crípticamente el propio González en un mítin en La Coruña en 1997, todavía tuvo lugar un complot golpista urdido por oficiales ultras, en activo y en la reserva, que planearon asesinar al presidente del Gobierno, al rey y su familia, al vicepresidente Guerra, al ministro Serra y a los jefes de la cúpula militar mediante un gran atentado terrorista en el curso de un desfile en la capital gallega. El objetivo del múltiple magnicidio era crear un vacío de poder que sería cubierto por una junta militar. Los conspiradores abortaron la operación al ser advertidos por los servicios de inteligencia de la Defensa, el CESID, de que estaban perfectamente al tanto de sus intenciones. El Gobierno renunció a emprender acciones contra los responsables de tan terrible maquinación, a los que tenía estrechamente vigilados, y ninguno de ellos fue perseguido.


4. El relanzamiento de las relaciones internacionales de España; la OTAN y la UE
Los gobiernos de González confirieron el impulso definitivo a la apertura al exterior iniciada por los primeros gobiernos democráticos. La diplomacia española en este período, conducida sucesivamente por los ministros Fernando Morán, Francisco Fernández Ordóñez (desde 1985) y Javier Solana (desde 1992), adoptó un estilo no especialmente distintivo y, antes bien, rechazó el unilateralismo y la no alineación, renunció a casi todas las reservas de excepcionalidad nacional y buscó la plena participación en el concierto de países occidentales, que era, por geografía, cultura e historia, el ámbito propio de España; allí estaban sus principales socios comerciales y allí esperaba apoyarse para superar su retraso tecnológico. La estrategia internacionalista de González tuvo su definición máxima con la inserción en las estructuras euro-atlánticas.

El cambio de postura sobre la OTAN y las relaciones con Estados Unidos
Entre 1983 y 1984, poniendo fin a un período de ambigüedad y vacilaciones, el Gobierno socialista, no sin sufrir disensiones internas y enfrentamientos con las bases del partido, recicló el acendrado discurso neutralista y antiamericanista del PSOE al pasar a defender la permanencia de España en la OTAN en las condiciones del ingreso negociado por el Gobierno de Calvo-Sotelo y producido, contra la voluntad mayoritaria de la sociedad española, el 30 de mayo de 1982. El giro era copernicano, si se tiene presente que por aquellas fechas el PSOE había convocado movilizaciones masivas bajo la consigna de OTAN, de entrada no. Asimismo, en su programa electoral, el partido se comprometía a someter a los ciudadanos en referéndum la permanencia o la salida de la organización defensiva, y González había asegurado que llegado ese momento, un gobierno suyo aconsejaría el voto favorable.

Al contrario, por ejemplo, que su homólogo socialista griego, Andres Papandreou, el gobernante español se preocupó desde el primer momento en mitigar las aprensiones de Estados Unidos en materia de defensa y seguridad, pero sin renunciar a una serie de principios. El 19 de abril de 1983 el Congreso autorizó el nuevo Convenio bilateral de Amistad, Defensa y Cooperación con Estados Unidos, que había dejado firmado (2 de julio de 1982) el Gobierno ucedista y que puso al día el viejo Pacto de Madrid de 1953 entre los gobiernos de Franco y Eisenhower. El nuevo convenio entrañaba la modernización material de las Fuerzas Armadas Españolas merced a la obtención de 400 millones de dólares en créditos para la compra de armas y equipos estadounidenses, y por otro lado dotaba de un nuevo marco a la cooperación militar-industrial, que permitía a España acceder a los concursos internacionales para el suministro de material militar para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Dos meses después, el 20 de junio, González se desplazó en visita oficial de trabajo a Washington, donde fue recibido por el presidente Ronald Reagan. Éste, según hizo constar en su diario, vio en su huésped español a un "agudo, brillante, con personalidad, joven, moderado y pragmático socialista". La buena comunicación y los deseos de entendimiento volvieron a presidir los nuevos encuentros con Reagan en 1985, el primero en mayo en Madrid y el segundo en septiembre en Washington.

En octubre de 1984, durante el Debate sobre el Estado de la Nación, González hizo oficial su viraje atlantista con un discurso en el que expuso un "decálogo" sobre la política nacional de paz y seguridad, que debía servir de base para un consenso parlamentario en política exterior. Sus puntos principales eran: la continuidad en la OTAN, pero sin participar en su estructura militar integrada (luego el Gobierno seguiría reservándose el control operativo de las tropas españolas en caso de movilización aliada); el rechazo a la instalación o tránsito de armas atómicas por territorio nacional; el compromiso con la distención y el desarme internacionales (que vino a ilustrar la adhesión el 14 de noviembre de 1987 al Tratado de No Proliferación Nuclear); la vigencia del Convenio con Estados Unidos, pero abriendo negociaciones para reducir la presencia militar de la superpotencia; la voluntad de participar en la Unión Europea Occidental (UEO, en la que España ciertamente iba a ingresar el 27 de marzo de 1990); y la reivindicación de la soberanía sobre Gibraltar.

No por casualidad, el presidente español abandonó las tesis del desmarque de la política de bloques militares y el desmantelamiento de todas las bases extranjeras en territorio español, con la salvaguardia nuclear de por medio, en el momento álgido del último período de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la URSS libraban una cruda contienda geopolítica y armamentística, el equilibrio del terror ofrecía una dudosa, por peligrosa, garantía de paz y la política europea se hallaba mediatizada por la acalolarada polémica de los euromisiles, cuya instalación por la OTAN en Alemania Occidental y el Reino Unido el español respaldó. González se vio reforzado con la asunción de sus planteamientos por el XXX Congreso del PSOE, en diciembre de 1984, y el cambio de titular en el Ministerio de Exteriores, en julio de 1985, cuando cesó Morán, cuyas relaciones con el Departamento de Estado no eran fluidas, y tomó el relevo Fernández Ordóñez, un atlantista convencido.

Cumpliendo con un compromiso electoral, aunque en realidad doblegado por la presión de una de las sociedades más pacifistas y antimilitaristas del continente, González convocó para el 12 de marzo de 1986 el referéndum sobre la OTAN. Éste no tenía carácter vinculante y sólo era consultivo, pero corría el riesgo de convertirse en un plebiscito sobre la gestión del Gobierno; si González lo perdía, su situación, con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, se tornaría muy comprometida.

La decidida implicación del presidente, que hizo valer su carisma y argumentó, con persuasión y pedagogía, las razones para votar y las consecuencias de votar no (de las que citó el daño político para el Gobierno, el desprestigio de España en el mundo occidental y hasta riesgos impredecibles para la misma OTAN y para el equilibrio internacional entre los bloques, prospectivas que fueron tachadas de exageraciones demagógicas por el PCE), resultó decisiva para el vuelco de la opinión del electorado, que finalmente aprobó la permanencia en la OTAN en las condiciones fijadas por el Gobierno. El ganó con el 52,5% de los votos, aunque el 40,2% de los censados se abstuvo de votar. 14 años después, González iba a considerar la promesa y convocatoria de esta consulta, que tantas preocupaciones personales y costes políticos le causó, como el "mayor error" de su carrera política.

El desenlace del referéndum sobre la OTAN tuvo el efecto de descongelar las negociaciones bilaterales con Estados Unidos, conducidas por el ministro Fernández Ordóñez, para la reducción de la presencia militar de este país en España. Se llegó así al Convenio sobre Cooperación para la Defensa, que sustituyó al Convenio de 1982. Adoptado el 1 de diciembre de 1988 y en vigor desde el 4 de mayo de 1989, el nuevo Convenio establecía las salidas en el plazo de tres años del Ala Táctica 401 de la Fuerza Área de Estados Unidos (consistente en 72 cazas F-16) de la Base de Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid, y de los destacamentos de reabastecimiento y rescate aéreos (Ala Táctica 406) de la Base Aérea de Zaragoza, además de la clausura de algunas instalaciones menores. Tras estos repliegues, la presencia militar estadounidense en España quedaría reducida a las bases de utilización conjunta de Morón de la Frontera (en Sevilla), aérea, y Rota (en Cádiz), naval.

La activación del nuevo Convencio bilateral con Estados Unidos coincidió con el debut de las Fuerzas Armadas Españolas en las operaciones de mantenimiento de la paz y de observación de la ONU, de la que España era miembro desde 1955. A petición de los secretarios generales Javier Pérez de Cuéllar y Boutros Boutros-Ghali, miles de soldados profesionales tomaron parte a partir de abril de 1989 y hasta el final del Gobierno socialista en 1996, sucesivamente, en las misiones de las Naciones Unidas en Namibia (UNTAG), Angola (UNAVEM I y II), Centroamérica (ONUCA, que fue de paso la primera misión mandada por un militar español), Haití (ONUVEH), El Salvador (ONUSAL), Bosnia-Herzegovina (UNPROFOR), Mozambique (ONUMOZ) y Guatemala (MINUGUA).

(Epígrafe en elaboración)


5. Un lento declive bajo las sombras de la corrupción y la crisis económica; el caso de los GAL
(Epígrafe en elaboración)


6. Tras la derrota electoral de 1996: actitudes evasivas y prolongación del ascendiente internacional


Posibles temas similares…
Tema / Autor Respuestas Vistas Último mensaje



Usuarios navegando en este tema: 1 invitado(s)