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gescartera:una escandalosa trama
#1

GESCARTERA:
UNA ESCANDALOSA TRAMA
Editorial Iniciativa Socialista, nº 62, otoño 2001

I
El caso Gescartera ha servido para revelar una escandalosa trama política, financiera y eclesiástica. Los protagonistas de esta enorme estafa de más de 18.000 millones de pesetas no proceden de segmentos marginales de la sociedad sino que representan a lo más granado de la derecha española de toda la vida, actuando en una sorprendente comunión donde encontramos hilos que llevan al Partido Popular, a importantes instituciones del Estado (incluyendo las que deben evitar estos delitos), a la Iglesia Católica, a la ONCE, a instituciones financieras que actúan en paraísos fiscales, etc. Si los hilos son así de llamativos, los actores no son menos histriónicos.

Un secretario de Estado de Hacienda relacionado personalmente, al menos en el pasado, con José María Aznar; una hermana suya, al frente de la sociedad Gescartera y redactora de un comprometedor diario personal; y otro hermano, destacado oficial de la Guardia Civil. Un antiguo consejero de Aznar en el Gobierno de Castilla-León. Una expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, protagonista del pretendido escándalo provocado por el que se acusaba al PSOE de haber condonado 200.000 millones en deudas tributarias, y superviviente de unas supuestas visitas nocturnas en busca de misteriosos documentos a las oficinas de la Agencia Tributaria; persona fuertemente protegida desde Génova o Moncloa. Un ex vicepresidente de la CNMV, diputado del PP famoso por su labor de inquisidor de regalos y corruptelas ajenas, que parece ahora intercambiar dádivas y no ser muy respetuoso con razonables incompatibilidades. El Arzobispado de Valladolid que recupera una inversión multimillonaria mientras otros inversores no lo consiguen, como punta de un iceberg de obispados, congregaciones religiosas y ONGs vinculadas a la Iglesia. Entre los estafados: la policía, la Guardia Civil y otras instituciones y empresas, que invierten fondos públicos en el entramado. La ONCE, en un curioso papel entre las sombras del caso, aunque seguramente en posición de ofrecer mucha luz adicional. Y, como primer imputado, y supuesto muñidor de la trama, un coleccionista de trajes de Armani, feligrés al menos ocasional de monseñor Guerra Campos, con la apariencia perfecta de un testarrefo de lujo. Como en muchas películas corales resulta difícil, al menos de momento, diferenciar entre los protagonistas principales, los actores secundarios y los invitados especiales. Mientras tanto, el botín se encuentra en lugar desconocido.

II
Un primer punto de diagnóstico es el fracaso de los organismos dedicados al control. Debacle de todos órganos reguladores: la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que debería velar por el funcionamiento transparente de los mercados financieros, la Agencia Tributaria, que debería detectar los movimientos de fondos relacionados con fraudes fiscales, y los organismos policiales y administrativos que deberían prevenir y perseguir los delitos económicos, el blanqueo de dinero y los movimientos sospechosos de capitales. La incompetente actuación de todos esos organismos es, en primer lugar y antes de pensar en las posibilidades de actuación corrupta, una consecuencia del abandono al que están sometida la función controladora o supervisora del Estado.

La ocupación de los resortes funcionales del Estado por gentes afines, que fue uno de los objetivos del PP, junto con la confusión de intereses entre lo privado y lo público, que es otra de las señas de identidad en la forma de gobernar de Aznar, tienen expresión en los reiterados nombramientos para cargos de responsabilidad de personas relacionadas con grandes empresas, asesorías fiscales y consultoras privadas, que pueden servir fácilmente de canal de transmisión en la Administración Pública de los grupos privados de intereses. Eso se ve agravado por la ausencia de unas normas que limiten el ejercicio privado de los funcionarios en excedencia procedentes de los cuerpos de élite en relación con su labor anterior. Además, la ausencia de métodos de trabajo más eficaces y desburocratizados, hacen, junto a las rutinas funcionariales, el resto del desastre.

Gescartera es un hijo legítimo del PP y de su forma de gobierno, del mismo modo que lo son los oligopolios al servicio de intereses particulares surgidos de las privatizaciones. En definitiva, una concepción patrimonialista del Estado como un yacimiento a explotar, de rentas y de poder, que pertenece por derecho propio, y tradicionalmente, a apellidos de siempre, más aquellos que se van reclutando porque son de los nuestros. La resultante ocupación del Estado incluye la consideración de todo puesto influyente en alguna Administración pública, como parte de la bolsa de dádivas, premios y reparto de favores a disposición de quien ostenta el poder frente a cualquier criterio de profesionalidad.

En el caso Gescartera existen unas responsabilidades políticas evidentes. Estas alcanzan al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y, sobre todo, al vicepresidente y ministro de Economía Rodrigo Rato. Cuando esta revista esté en manos de nuestros lectores, es posible, y nos gustaría acertar, que esas responsabilidades se hayan hecho reales con sus dimisiones o ceses; pero en el momento de redactarse este editorial, prosiguen los intentos del Partido Popular por salvar a sus ministros. Es evidente que la ruina de sus responsables económicos, el supuesto buque insignia de su gestión, deja al Gobierno Aznar políticamente tocado. Además, debe señalarse que la dimisión de los responsables de los desdichados nombramiento de Enrique Giménez Reina y Pilar Valiente, no podría obviar la existencia de unas responsabilidades que alcanzan al propio Aznar, que deberá explicar detalladamente sus relaciones personales con esos dos altos cargos, así como con algún consejero de su etapa de Gobierno en Castilla-León.

El comportamiento del PSOE en todo este asunto tampoco resulta especialmente brillante. Una oposición plana y vulgar, incapaz de una reflexión ética, política y estratégica de altura. Ello se manifiesta no únicamente en la timidez en que se han comportado en todo el asunto (producto seguramente de una sobredosis de responsabilidad) con las ocasionales tracas sin sustancia a las que nos tiene acostumbrado el señor presidente de la Junta de Extremadura. Ello está contribuyendo a que uno de los mayores escándalos financieros de la democracia (al nivel, si no superior, a los que costaron perder unas elecciones al PSOE) no esté suponiendo para la oposición un crecimiento correlativo al desgaste del Gobierno. Del mismo modo, esa mala oposición propicia reacciones de normalidad entre la ciudadanía, como si la corrupción, la connivencia entre intereses públicos y privados, y la estafa, fueran algo a lo que hubiera que acostumbrarse.

Esa actitud tiene que ver con la negativa a extraer las consecuencias de la ola de corrupción que acompañó a los últimos gobiernos de Felipe González. Mientras la corrupción se vea como algo de que acusar a los demás (y de intentar tapar cuando ocurre en medios cercanos), la ética y la política socialista seguirán siendo poco creíbles. Si además lo acompañamos de la negación de comisiones de investigación en las Comunidades que gobierna, como Andalucía, seguiremos estando muy lejos de algo imprescindible, un código de comportamientos éticos, que impida la solidaridad con quienes cometan irregularidades, porque la corrupción no podemos pensar que tiene un único color político. En definitiva, menos corresponsabilidad gubernamental y más responsabilidad ética y ciudadana, aunque le pudiera costar algún disgusto político o judicial a algún miembro del PSOE.

III
El caso Gescartera desvela una escandalosa trama. Más allá de ruidos mediáticos en este asunto hay tres cuestiones que son esenciales:

La prioridad es localizar y recuperar el dinero. El Gobierno debe asumir su responsabilidad en esa misión y debe garantizar que se hará todo lo posible para localizar el destino de los fondos desaparecidos. Sería una indignidad, a añadir a muchas otras, que finalmente fueran los ciudadanos españoles que pagan sus impuestos quienes taparan los agujeros de una gigantesca estafa producto de un mal funcionamiento del aparato del Estado y de una escandalosa connivencia de personas estrechamente vinculadas al Partido Popular.

Un segundo aspecto, de máxima importancia, debe ser desvelar el entramado de protecciones políticas y financieras que han alimentado y protegido a esa red hasta alcanzar tan grandes dimensiones.

Finalmente, es necesario determinar el origen del dinero invertido en Gescartera, la posibilidad de que se trata de fondos de dinero negro generados en actividades empresariales y eclesiásticas, o de una captación del de inversores particulares, y la investigación rápida y eficaz de los delitos fiscales que se puedan haber cometido, incluidos los cometidos por personas relacionados o dependientes de la Iglesia.

IV
Junto a los aspectos administrativos y políticos, el caso Gescartera también debería servir para otras reflexiones de mucho más largo alcance. La primera de ellas pone de manifiesto la necesidad imperiosa de establecer controles efectivos sobre los movimientos financieros y de capitales tanto a escala nacional como, sobre todo, internacional. Dichos controles efectivos implican poner coto al bochornoso papel que cumplen los paraísos fiscales, instrumentos necesarios para los blanqueos de capitales y la comisión de toda clase de delitos económicos o del trasfondo económico de numerosos delitos de otra naturaleza. El Gobierno español ha sido en los foros que afrontan estos problemas (ya sea la OCDE o al Unión europea) uno de los que menos esfuerzos ha hecho en esa dirección. ¿Utopía? Nada de eso. El compromiso de todos los países democráticos debe ser la exigencia de que tanto la Unión Europa como Estados Unidos establezcan una legislación efectiva y que renuncien a los paraísos que tienen en su territorio o alimentan directa o indirectamente desde hace décadas. Es necesario detener la conversión de los circuitos financieros en un desagüe hediondo donde la financiación del terrorismo internacional, el tráfico de armas, los fondos mafiosos, el fraude fiscal y las estafas, en general, encuentren un refugio supuestamente seguro.

Una segunda reflexión de largo alcance tiene que ver con la Iglesia Católica y su dinero negro. Resulta evidente que la Iglesia viene abusando de los privilegios fiscales y financieros derivados del Concordato entre el Estado Español y el Estado de El Vaticano (la Santa Sede). El coste para todos los españoles, incluidos los no creyentes, de las exenciones fiscales, asignaciones, subvenciones y ayudas, sueldos de profesores de religión católica en la enseñanza pública, retribuciones de capellanes, etc. resulta inaceptable. Pero que esos abusos legales vayan acompañados de su colaboración con los posibles delitos fiscales de sus feligreses o de empresas asociadas, o, directamente, de la génesis de dinero negro producto de sus multiformes actividades mercantiles, es un escándalo de primera magnitud. No es una anécdota la participación de obispos, responsables de organizaciones católicas y de ONGs religiosas en el caso Gescartera. En nuestra opinión, es únicamente una manifestación adicional de lo insostenible del status de la Iglesia Católica en España. La pudibundez de una izquierda insuficientemente laica no puede seguir cooperando con su silencio a la generosa financiación estatal de una institución que, ni en sus comportamientos ni en sus principios, respeta los derechos de una ciudadanía civil a tomar decisiones sin la interferencia clerical, ni tampoco, como confirmamos ahora, las reglas mínimas de la decencia fiscal y financiera. La jerarquía religiosa no puede seguir actuando en una sociedad democrática con los reflejos internacional-católicos de siempre y pretender seguir financiándose con dinero público en lugar de con el que le faciliten sus fieles. La ciudadanía democrática no puede seguir tolerando pasivamente sus privilegios financieros, educativos y políticos, al servicio, como siempre, del oscurantismo y de la hipocresía.

2 de octubre de 2001

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