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Juzgados y lucha
#1

18-10-2010

Se les acusa de desórdenes públicos en una concentración en que los trabajadores fueron desalojados violentamente por la policía
Diego Cañamero y Sánchez Gordillo se enfrentan hoy lunes a un nuevo juicio

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[url=http://www.rebelion.org/]Rebelión




El Sindicato Andaluz de Trabajadores-as (SAT) se concentrará hoy lunes 18 de octubre ante los juzgados del Prado de San Sebastián en Sevilla con motivo de un nuevo juicio contra el portavoz nacional del SAT, Diego Cañamero, y el responsable de Soberanía Alimentaria, Juan Manuel Sánchez Gordillo. Se les acusa de desórdenes públicos por los hechos ocurridos delante de la Casa Rosa el año pasado. Allí los trabajadores concentrados fueron desalojados violentamente por la policía nacional. El desalojo tuvo como consecuencia varios trabajadores heridos, algunos de los cuales fueron evacuados en ambulancia hasta hospitales cercanos.
Entre los heridos se encontraba el propio Juan Manuel Sánchez Gordillo al que salvajemente le inmovilizaron en el suelo varios policías que le doblaron el brazo y le insultaron, no respetando su condición de parlamentario. Sánchez Gordillo precisó de atención médica durante meses debido a esa agresión. Otro trabajador fue evacuado en ambulancia debido a un infarto provocado por la tensa situación que generó la carga policial. Hay que hacer constar que esta carga se realizó contra jornaleros y jornaleras que permanecían sentados pacíficamente delante de la Casa Rosa y muchos de los cuales eran personas mayores.
La sentada fue debida al rechazo por parte de las autoridades a recibir a una delegación de los trabajadores y trabajadoras que habían realizado una marcha reivindicativa de 60 km a 40º C, en pleno verano, para protestar contra el desempleo masivo.
El juicio comienza a las 10 de la mañana y a la salida del mismo, el SAT anunciará a la opinión pública la decisión adoptada con respecto a los numerosos juicios que todavía quedan pendientes por luchar contra la crisis.
El SAT, heredero del SOC, con una práctica de lucha pacifista durante 30 años, está siendo criminalizado por el Gobierno. Prueba de ello son los más de 400.000 euros en multas que se le exige, así como 53 años de cárcel sobre un total de 350 compañeros y compañeras procesados.


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