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La ley electoral española se promulgó...
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El panorama y las elecciones »

AUG
El sistema electoral
articulosAdd comments Teodulfo Lagunero
blogs.larepublica.es/teodulfolagunero

La ley electoral española se promulgó el 20 de enero de 1986. En su actual texto refundido con las catorce modificaciones que ha tenido, sigue siendo -lo fue siempre- antidemocrática, pues es anticonstitucional.
Esta ley es consecuencia de la Ley dictada por Adolfo Suárez para regular las primeras elecciones de 1977, con la que se pretende pasar del régimen fascista a un régimen democrático. Como quiera que, como veremos, la actual Ley electoral es virtualmente una copia milimétrica de aquella primera Ley elaborada por un gobierno franquista y, lógicamente, anterior a la Constitución que se aprueba el 29.12.1978, además de ser una Ley franquista, era una Ley preconstitucional que no se ajustaba, en absoluto, a lo que luego establece la Constitución. Por este motivo es imprescindible que analicemos detenidamente cómo se elaboró esa Ley de 14/marzo/1973, que regularon esas primeras elecciones libres en España. En ella está la “madre del cordero” del disparate antidemocrático y absurdo de que en el actual Parlamento español un diputado de Izquierda Unida necesite más de 400.000 votos y uno del PNV solo 51.000.
En la Ley para la Reforma Política, que aprobaron Las Cortes franquistas, -se ha dicho que haciéndose el harakiri- se prevén ya unas normas electorales. Fundamentalmente dos: los mínimos de representación provincial en el Congreso y el sistema electoral que según esa Ley para le Reforma debía hacerse con criterios de representación proporcional. Dejando a un lado el problema del Senado, que se preveía como Cámara de representación territorial, esa representación proporcional exigía que las circunscripciones electorales del Congreso debían obtener representación en función sólo de la población. Precisamente esto es lo que recoge luego la Constitución cuando en su artículo 68 establece que la representación debe ser proporcional. Aquel gobierno franquista presidido por Adolfo Suárez nombró un comité con los secretarios generales de Justicia, Interior y Presidencia al que se añadieron algunos funcionarios y el vicesecretario general técnico de Exteriores. Dos de los intervinientes fueron Miguel Herrero de Miñón y Alfonso Osorio. Pensaron los reunidos que si se sobrerepresentaba a las provincias rurales de escasa población como Segovia, Ávila, Zamora, etc., ello supondría un privilegio muy estimable a favor del voto de la derecha. Siguiendo el criterio de Alfonso Osorio, se adjudicó un mínimo de dos diputados a cada provincia. Esto es, que esas provincias rurales tenían cada una dos diputados fijos, igual que lo tenían provincias como las de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, etc., que, evidentemente, tenían mucha más población y que en ellas habría un mayor porcentaje de votantes de izquierdas, por ser zonas industriales con gran población de obreros y universitarios con profesores y alumnos, en su mayoría de ideología comunista, o al menos izquierdista. Se estableció también un límite máximo de 350 diputados. Sencillamente, las hectáreas representaban así, más que los ciudadanos. Con esos criterios se publicó el Real Decreto Ley de 14 marzo 1977 que rigió esas primeras elecciones libres. Libres, sí, pero por su contenido no democráticas. Analizar ese momento es entrar en el tema de la Transición. Los partidos políticos recién legalizados, permitida la vuelta de los exiliados, en libertad los presos políticos, y dándose todas las circunstancias sociales, económicas, sociológicas, políticas, tanto referidas a la situación nacional española como la internacional, -entre otras, bases militares norteamericanas en España, guerra fría, las características en aquel momento del ejército, la guardia civil, los grises, la policía política, una judicatura franquista, los grandes poderes bancarios y de dinero vigilantes, y todo el armatoste del Estado, etc., etc.-, ¿qué podían hacer esos partidos políticos cuando se convocan, por primera vez en cuarenta años, unas elecciones libres? ¿Negarse a acudir a ellas, porque no eran democráticas, toda vez que el valor de un voto no era igual a otro, según la ubicación del votante? Un político, cuyo nombre no quiero citar, dijo años después, que fue como dar a un hambriento un plato de lentejas: o las comes, o las dejas. Evidentemente, toda la oposición tomó esas lentejas. Ahora bien, en diciembre de 1978 se aprueba la Constitución. Es una Constitución de consenso. Por primera vez en la historia de España no es una Constitución impuesta por un partido o una parte de España al resto de ella. Aprovecho la ocasión para decir, y lo hago con conocimiento de causa, -ahí está la constitución- que es una buena Constitución. Evidentemente mejorable, como todo en la vida, pero una buena Constitución que tenemos que agradecer a todos los que la consensuaron, los de izquierdas y los de derechas. Ahora bien, ¿por qué se tolera que en las elecciones siguientes, las de 1979 y 1982 se regulen también por una Ley electoral que ya no es que no sea democrática, es que no es constitucional, pues la Constitución impone el sistema proporcional? Quizá cabría alegar que las circunstancias de España durante esos dos años aún obligaban a seguir comiendo lentejas.
El 20 de enero de 1986 se aprueba la Ley Orgánica electoral que venía demandando la Constitución desde su promulgación en 1978. Ya hemos dicho que es una copia del Real Decreto que elaboró Adolfo Suárez cuando representaba un gobierno franquista. En 1986 ya no había por qué comer lentejas. Se pudo y debió exigir que en esa Ley Orgánica electoral se elaborase con otra comida, y no solo con lentejas. Esto es, que fuese constitucional, y por lo tanto, repetimos, con criterio proporcional. Debo recordar que el Partido Comunista votó en contra. Por lo tanto, él no era responsable de que se volviese a exigir al pueblo español que siguiese comiendo solo lentejas. Si la misma Ley anticonstitucional, antidemocrática e injusta ha regido las elecciones del 89, 93, 96, del 2000, 2004 y las últimas del 2008, quiere decirse que todas ellas son anticonstitucionales y los Gobiernos que eligieron esos Parlamentos son ilegales y no democráticos.
Personalmente me parece que las izquierdas españolas y su representación política de Izquierda Unida, tienen una responsabilidad de omisión y de inactividad, permitiendo que una y otra vez se le robe, 14, 16, 13 u 11 diputados, con la gravedad que en todos los sentidos tiene este verdadero atraco a la voluntad popular, privando a Izquierda Unida de todos esos diputados, pues esa disminución de diputados lleva aparejado, con arreglo a otra Ley, también anticonstitucional, que es la Ley de financiación de los Partidos Políticos, que Izquierda Unida reciba millones de Euros todos los años menos de los que democrática y constitucionalmente le corresponden. En las últimas elecciones IU ha recibido 1,86 Euros por voto, mientras que el PP recibía 3,31 Euros el PSOE 3,35 Euros, el PNV 3.71 Euros y CIU 3,19 Euros. Es decir que por ejemplo, un votante al PNV proporcionaba a su partido más del doble que un votante de IU. Supone también que Izquierda Unida tenga menos acceso a los medios de información públicos -que es un derecho constitucional de todos los españoles por igual-. Practicamente el hecho de que IU está tan poco representada ha forzado en determinadas ocasiones al PSOE a inclinarse a la derecha para obtener el apoyo de diputados de CIU o del PNV, mientras que si IU hubiese tenido 32, 34, 37 o 19 diputados, que son los que le corresponderían con un sistema proporcional, quizá el PSOE hubiese tenido una política más acorde con sus principios socialdemócratas. Pensemos lo que hubiese hecho Zapatero ante la crisis actual, si IU -y también los Sindicatos-, hubiese tenido 40 o 45 diputados. Se me dirá que en las últimas elecciones IU con sus 969.946 votos con su sistema proporcional solo hubiese obtenido 13 diputados. No es así, pues la disminución de votantes a IU hay que achacarla fundamentalmente al llamado “voto útil” o “inútil”, bien a favor del PSOE o a la abstención, que es una forma de votar a la derecha. Este voto que consiste en que “si mi voto no sirve para que IU tenga más diputados, prefiero votar al PSOE para así tratar de evitar que gobierne la terrible derecha española” Si en el año 1993, a pesar de ya venir sufriendo las consecuencias de la anticonstitucional Ley electoral, IU obtuvo 2.253.722 votos, si en vez de 18 diputados hubiese tenido los 34 que le correspondía, es previsible que en las siguientes elecciones de 1996, no solo hubiese obtenido los 2.639.774 votos que obtuvo, que le hubiesen permitido obtener 37 diputados en lugar de 21. Evidentemente, no hubiese tenido a partir de entonces la sangría de votos –repetimos por el voto útil o la abstención- que le han llevado en 2008 a tener menos de un millón de votos.
Podemos decir sin equivocarnos que, si no se hubiese tolerado una Ley electoral anticonstitucional y antidemocrática, en 1986, la historia de España a partir de ese año hubiese sido muy diferente, y hoy no presenciaríamos el desmantelamiento del Estado de Bienestar que está realizando el gobierno de Zapatero sometido a los dictados de los llamados mercados, que no son sino los grandes bancos, fondos de inversión, multinacionales, gobernados por políticos neoliberales y conservadores que además controlan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Central Europeo, así como el gobierno de esta Europa de los empresarios. Una vez más estas reflexiones nos conducen a que todas las izquierdas españolas nos movilicemos con todos los medios legales a nuestro alcance para exigir que las próximas elecciones lo sean mediante una Ley electoral proporcional, tal como exige la Constitución, llegándose incluso, repito una vez más, si ello fuese imprescindible, a la huelga de hambre de cuantos estuviésemos dispuestos a hacerlo, con la consiguiente repercusión mediática internacional, que forzase a los actuales Parlamentarios a modificar la Ley electoral.
En un próximo artículo analizaré detalladamente todos los artículos de la Constitución que infringe la actual Ley electoral.


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