Avisu Septiembre 2020: aquellos usuarios que estén rexistraos y no puedan entrar en la su cuenta, que se pongan en contactu con nosotros en [email protected] x

¡BIENVENÍU A LOS FOROS DE LLASTRES, Invitado! Somos la primera comunidad llastrina que se formó en internet, allá por 1998. Puedes registrate de forma gratuita y empezar a debatir, estamos encantados de que formes parte de esta comunidad Smile x

Calificación:
  • 0 voto(s) - 0 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

La tutela
#1

La tutela eclesiástica

14 Nov 2009

Compartir: [Imagen: ico_facebook.gif] [Imagen: ico_twitter.gif] [Imagen: ico_meneame.gif] [Imagen: ico_delicious.gif]

Tags: política religión sociedad RAMÓN COTARELO
Enfrentada a la práctica democrática, la Iglesia católica española está en batalla contra las normas de convivencia que relativizan el predominio absoluto de los valores que su moral consagra. Este toque a rebato corre a cargo del segundo en la Conferencia Episcopal Española, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, cuya defensa de la primacía católica sólo es comparable a su modo sesgado de entender los debates públicos, cosa especialmente clara en los dos últimos sobre los crucifijos en las aulas y la reforma de la legislación sobre el aborto.
Dice monseñor que la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de pedir que se retiren los crucifijos de las escuelas es “discriminatoria”, atenta contra la libertad y contradice la saludable doctrina de la separación entre la Iglesia y el Estado. De donde se siguen tres conclusiones que oscilan entre la falsedad y la arrogancia. La primera, que la Iglesia propugna una separación entre ella y el Estado que su historia y su práctica cotidiana, desde su financiación hasta la organización de la enseñanza, desmienten de continuo. La segunda, que se arroga el derecho a casar las decisiones de los tribunales decidiendo que el de Estrasburgo simplemente no sabe lo que dice, ya que su decisión va en contra de la finalidad que afirma perseguir. La tercera, que la presencia de los crucifijos en las escuelas, fruto de un acto de imposición estatal de los tiempos del nacionalcatolicismo franquista, es una muestra de libertad.
Y de los crucifijos pasa monseñor a anatematizar la legislación sobre el aborto en un acto de imperio absoluto del dogma católico que pretende imponerse sobre la voluntad del legislador, obligándole a modular su actuación en materia de interés general según sus convicciones privadas so pena de una sanción cercana a la excomunión. Poseído de un espíritu antihegeliano, monseñor Martínez Camino dice que el Estado no puede imponer principios morales a la sociedad ni arrogarse la representación de la mayoría, aunque sea a favor del catolicismo. Es decir, que el Estado no tiene por qué cuidarse del interés general, pero la Iglesia sí puede tratar de imponer su concepción de la moral al legislador, incluso con amenazas.
Siempre que la Iglesia católica pretende imponer su visión moral al conjunto de la sociedad, invoca el derecho divino y la ley natural haciéndolos coincidentes y atribuyéndose el monopolio de su interpretación; es decir, pretende situarse por encima del Estado, al que sólo reconoce función vicaria suya. Y siempre, también, que se critica esa pretensión totalitaria de imponer la parte al todo, surgen voces que reclaman para la Iglesia el derecho a la libertad de expresión, recordando que se trata de formular una posición moral en el conjunto del debate democrático.
Ambas posiciones no son compatibles: el debate democrático se da en el marco de la supremacía de la legislación civil sobre todas las creencias morales particulares y rechaza con contundencia la pretensión de una de aquellas de imponerse sobre las demás por razón de su pretendido origen divino.
Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas
12 comentarios

El secreto de la democracia

03 Nov 2009

Compartir: [Imagen: ico_facebook.gif] [Imagen: ico_twitter.gif] [Imagen: ico_meneame.gif] [Imagen: ico_delicious.gif]

Tags: política RAMÓN COTARELO
Cuando arrecian los escándalos de corrupción como en España, o de comportamientos éticamente reprobables de los gobernantes como en Italia, o de los ex gobernantes como en Francia, o del conjunto de los legisladores como en Gran Bretaña, suele suscitarse un ánimo muy crítico hacia la democracia, que aparece deslegitimada por tales episodios. El escepticismo y la desafección de la ciudadanía hacia las instituciones de una sociedad libre son el caldo de movimientos populistas que pretenden sustituir la democracia por el autoritarismo.
Para evitar ese peligro, en estos momentos de crisis es cuando las instituciones democráticas deben activar todos sus mecanismos defensivos de legitimación. El más eficaz es la exigencia de responsabilidad de todos los cargos públicos en todos los niveles. Pero esa responsabilidad no se reduce a que los políticos recaben para sí la responsabilidad por las consecuencias de sus actos o los de sus subordinados, una responsabilidad que, de todos modos, ha quedado ya muy diluida a causa del uso abusivo y meramente formal que se hace de ella.
Junto a dicha responsabilidad, habitualmente llamada política, que suele exigirse en sede parlamentaria, la democracia dispone de otras dos tan importantes como la anterior, o incluso más, a los efectos de legitimación. La primera es lo que los ingleses llaman responsiveness y hace referencia a la prontitud con que los políticos reaccionan a la opinión de la calle de forma acorde con su condición de representantes y, en cierto modo, delegados de los ciudadanos. La segunda, a la que los ingleses llaman accountancy, suele ser subsidiaria de la anterior, es la rendición de cuentas e implica que los políticos están obligados a dar explicaciones de sus actos en toda circunstancia y momento cuando la situación así lo requiera.
Este es el momento en que los tres pincipales dirigentes del Partido Popular, Rajoy, Aguirre y Camps, todavía no han cumplido los requisitos mínimos de esas dos formas de responsabilidad: Rajoy no ha dado aún explicación alguna de la incidencia de la trama Gürtel en el partido que preside y menos todavía ha aclarado las contradicciones entre las decisiones preventivas que dice haber tomado en su día y los datos del sumario, que muestran lo contrario.
Aguirre, aquejada de la misma carencia respecto a las órdenes para contratar con las empresas de la trama de corrupción añade, además, un ominoso silencio respecto al funcionamiento de una Fundación, Fundescam, con la que se podrían haber financiado sus campañas, así como su grado de implicación en la trama de presunto espionaje.
Por último, el señor Camps está en aguda deuda con la opinión pública respecto a los motivos que lo llevaron a faltar a la verdad en relación con el pago de sus trajes o de sus vínculos con los pintorescos miembros de la trama, así como su grado de implicación en las contrataciones presuntamente irregulares de la Generalitat. En tanto estas carencias no se subsanen con las debidas explicaciones, el comportamiento de los políticos citados tendrá una fuerte carga de deslegitimación de la democracia.
Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas
25 comentarios

Refundación del PP

20 Oct 2009

Compartir: [Imagen: ico_facebook.gif] [Imagen: ico_twitter.gif] [Imagen: ico_meneame.gif] [Imagen: ico_delicious.gif]

Tags: política RAMÓN COTARELO
No hay sondeo o estadística de prestigio de las instituciones en cualquier sociedad democrática en donde los partidos políticos no aparezan al final o casi al final de la lista. Y lo mismo sucede con las estadísticas de la percepción de la corrupción: los partidos se cuentan invariablemente entre las instancias consideradas más corruptas. Este es el trasfondo de desconfianza sobre el que hay que valorar el monumental escándalo de corrupción que afecta al PP con la trama Gürtel y el modo profundamente erróneo que ha tenido de gestionarlo.
La dirección nacional conservadora empezó por acusar al juez instructor de falta de imparcialidad y malevolencia; continuó atribuyendo intenciones nefandas a las fuerzas de seguridad y la administración de justicia; pretendió que todo era un montaje con la connivencia de los medios de comunicación no amigos; sostuvo que estaba siendo objeto de una persecución ilegal desde los aparatos del Estado y, por último, quiso reducir las responsabilidades a unos cuantos comportamientos individuales de gentes ajenas al partido pero que pretendían aprovecharse de él. Así creyó poder salir del paso con una faena de aliño forzando algunas dimisiones de personas de segunda fila y algunas destituciones de otras directamente imputadas, aunque no de todos sus cometidos. Y dejó la primera línea de responsabilidades políticas intacta.
Cuando el PSOE sufrió un episodio similar, aunque de menor calado, en los años noventa, le costó perder dos elecciones seguidas (en una de ellas, además, el Gobierno) y cambiar dos veces de dirigente nacional. En estas circunstancias, el PP no ha sabido o querido actuar en consecuencia, tranquilizado por la impresión errónea de que los escándalos de corrupción no tienen coste electoral, lo que es obviamente falso. No tiene coste electoral inmediato (también el PSOE volvió a ganar las elecciones de 1993) porque el voto tiende a ser inelástico y porque, en este caso concreto, el partido afectado por la corrupción no está en el gobierno. Pero es un error garrafal pensar que no tiene coste en absoluto. Al contrario, precisamente porque llueve sobre mojado en un sistema que, como todos los democráticos, desconfía de los partidos (a los que, por otro lado, considera imprescindibles para el mantenimiento de la democracia), las consecuencias suelen ser demoledoras.
La oposición conservadora no ha sabido responder a las circunstancias de la corrupción y el grado de deterioro está ya muy avanzado. Es posible, aunque dudoso, que, sometido a una ratificación, Rajoy vuelva a ser proclamado presidente del PP. Lo que está claro es que, cuando todo el sumario sea conocido y puedan aquilatarse mejor las responsabilidades, el PP tendrá que convocar un congreso extraodinario del que debe salir un reconocimiento de culpa en el escándalo, una batería de reformas que lo hagan imposible en el futuro y una refundación del partido para mantener un voto que, según los sondeos, está escapándose a raudales, so pena de retornar a los tiempos del techo electoral de incondicionales de Alianza Popular.
Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas
4 comentarios

La realidad y la ficción

08 Oct 2009

Compartir: [Imagen: ico_facebook.gif] [Imagen: ico_twitter.gif] [Imagen: ico_meneame.gif] [Imagen: ico_delicious.gif]

Tags: justicia política RAMÓN COTARELO
Los especialistas en comunicación política saben que un Gobierno tiene éxito cuando consigue que la imagen del país real coincida con la del país oficial que él fábrica, bien porque esta respeta la realidad, bien porque la realidad se deja amoldar a la propaganda. Pues ese es el reto principal de todos los gobiernos del mundo: si hay o no distancia entre el país real y el oficial; entre la realidad y la ficción.
Si esto sucede así con los gobiernos, no hace falta decir nada de la oposición, que no es otra cosa que un intento de Gobierno o gobierno putativo. El éxito de la oposición, lo que suele convertirla en un ariete capaz de conquistar el baluarte del poder, es mantener un discurso oficial tan pegado a la realidad que la opinión la escucha antes a ella que al Gobierno.
Por eso resulta tan extraño y parece tener un elemento de suicidio voluntario la política comunicativa del PP, formulada y practicada por su mismo presidente, de elaborar un discurso que no solamente no coincide con la realidad sino que la niega tajantemente, tratando de reemplazarla por una historia ficticia hecha de teorías conspirativas y fábulas acusatorias
cocinadas apresuradamente con el fin de negar la evidencia de unos hechos tan tozudos como demoledores.
Hoy la realidad en España es un proceso judicial de gran alcance con un expediente de casi cien mil folios, decenas, quizá cientos de imputados, pruebas abrumadoras de todo tipo que implican a responsables políticos y cargos públicos del PP en todos los escalones de la Administración y en toda España, con gente en la cárcel y comisiones rogatorias surcando el planeta en busca de decenas de millones de euros ilícitamente obtenidos y ocultos en paraísos fiscales. Toda esa máquina constituye una sólida realidad que apunta a una supuesta trama corrupta entreverada en la estructura del PP en todos los niveles que lleva años funcionando, desde los tiempos de las legislaturas de Aznar, esquilmando los caudales públicos, enriqueciendo a personajes corruptos y financiando ilegalmente al partido.
Negar esa evidencia que todo lo abarca es una actitud que sólo puede proceder de una desesperada congoja de impotencia infantil. Pretender sustituirla con una serie de insidias (en el sentido estricto del término), fabulaciones, presunciones conspirativas sin base fáctica alguna y ataques y golpes bajos a las instituciones del Estado de derecho con el fin de deslegitimarlo es una táctica alucinada que únicamente puede responder a la periclitada práctica de acabar un juego dando una patada al tablero, confiando en la aparición de algún salvapatrias.
Pero los tiempos de esas tácticas han pasado y el requisito de lealtad democrática es hoy inexcusable. Si el PP quiere conservar alguna esperanza de llegar a las elecciones de 2012 con alguna expectativa más sólida que los dos entecos sondeos de hace unos días sólo podrá ser abandonando la ficción, afrontando la realidad, asumiendo sus responsabilidades y, si es necesario (y cada vez lo será más si sigue confundiendo la realidad con su alucinación), refundándose.
Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas
2 comentarios

Política de la crisis

25 Sep 2009

Compartir: [Imagen: ico_facebook.gif] [Imagen: ico_twitter.gif] [Imagen: ico_meneame.gif] [Imagen: ico_delicious.gif]

Tags: economía política Ramón Cotarelo
Cuando se anuncia la salida de la crisis y algunos países, como Alemania y Francia, han dejado de estar técnicamente en recesión, España, junto a Reino Unido y algún otro, forma en el pelotón de los torpes y los augurios son negativos: no está del todo excluida la posibilidad de la depresión y no se prevé recuperación hasta fines de 2010. Dos son los motivos que se aducen para explicar este comportamiento desparejo del país: la dependencia del ladrillo, por un lado, que explica por qué la crisis ha sido más grave aquí y ha provocado la tasa de paro más alta de la Unión Europea; y la eficiencia del sector bancario, por otro, que explica por qué el país tardó más en entrar en crisis y esta afectó menos financieramente, datos que ahora se aducen para justificar por qué se demora en tomar la senda de la recuperación. Pero hay otras peculiaridades que todavía no aparecen en los análisis, aunque acabarán haciéndolo. La más importante ha sido la voluntad expresa del Gobierno de afrontar la crisis adoptando las medidas de movilización de recursos públicos como todos los países similares, pero sin merma de las políticas sociales, sino al contrario: procurando que estas se amplíen para compensar a los sectores más desfavorecidos por el aciago momento. La última muestra ha sido la dotación de los 420 euros para los parados de larga duración.
Estas políticas han producido un fuerte endeudamiento e incremento del déficit, que ha escalado porcentajes del PIB que casi triplican el previsto en el Pacto de Estabilidad Presupuestaria. Y aunque se haya adoptado un severo plan de restricción del gasto público –que ha llegado a capítulos estratégicos, como investigación y desarrollo–, no será suficiente para hacer frente a las deudas, por lo que se ha anunciado un todavía impreciso aumento de la presión fiscal para el año próximo que, según declaraciones del presidente, afectará a las rentas más altas, en línea con la clásica política fiscal socialdemócrata. Todo lo anterior es el resumen de la respuesta a la crisis más profunda desde la de 1929 a cargo de un Gobierno que, al carecer de mayoría absoluta, no tiene asegurada su supervivencia parlamentaria sino que depende de alianzas variables y se enfrenta a una oposición mayoritaria que ha hecho de la falta de colaboración y de la crítica a las medidas anticrisis su vía de ataque, sin haber conseguido poner al Ejecutivo en situación delicada en las Cortes ni tampoco distanciarse significativamente en intención de voto.
Es interesante que un Gobierno minoritario enfrentado a una crisis sin precedentes, con una tasa de paro muy elevada y obligado a subir los impuestos, medida siempre impopular, pueda escoger apoyos parlamentarios a su gusto y haya sabido mantener la paz social en las calles sin ceder a las crecientes presiones de una patronal que ha intentado e intenta trasladar el coste de la crisis a las espaldas de los trabajadores. Una comparación de los costes de la movilización social en los años ochenta con la reconversión industrial permite apreciar el calado de la diferencia.
Catedrático de Ciencia Política
4 comentarios

Burda represalia

11 Sep 2009

Compartir: [Imagen: ico_facebook.gif] [Imagen: ico_twitter.gif] [Imagen: ico_meneame.gif] [Imagen: ico_delicious.gif]

Tags: justicia política Ramón Cotarelo
La política y la justicia se llevan muy mal, pero van siempre unidas porque el fundamento fáctico de ambas es el poder. El caso del juez Garzón, acusado de prevaricación por un seudosindicato de extrema derecha, es muy ilustrativo al respecto. El magistrado, que representa una concepción progresista del derecho, se ha ganado fama de hombre riguroso, audaz e innovador que ha prestado servicios impagables a la profundización y universalización del Estado de derecho. Ya sólo por esto se entiende que despierte envidias en el mundo corporatista de la Administración de Justicia. Además, la actividad del magistrado suele tener gran trascendencia política, tanto por sus posiciones personales como por el tipo de asuntos a que orienta su acción y, así como las primeras a veces han sido contraproducentes –como él mismo reconoce refiriéndose a su breve paso por la política práctica–, los asuntos en que se concentra suelen provocar verdaderas revoluciones en prácticas tradicionalmente establecidas. Sus aportaciones a la causa de la jurisdicción universal en los delitos contra la humanidad, comenzando por el intento de procesar al dictador Pinochet, movieron reacciones defensivas de distintos gobiernos, entre ellos el español, más interesados en la razón de Estado que en la justicia universal.
De similar importancia fue la investigación sobre los GAL que permitió el procesamiento de altos cargos –incluido un ministro– de los Gobiernos de Felipe González como responsables de delitos de terrorismo de Estado. Esencial también ha sido su teoría de que la lucha contra el terrorismo de ETA implica la persecución judicial de su red de capilaridad social a través de actividades seudolegales de sostenimiento de la actividad delictiva. El último movimiento de Garzón fue el intento de procesamiento de los responsables del delito de genocidio y otros crímenes contra la humanidad durante la Guerra Civil y la posguerra, así como de recuperación de los miles de cuerpos de víctimas de aquellos, todo transferido luego a los órganos judiciales por causa de una correcta interpretación de la competencia. Con este historial no es de extrañar que a la inquina de los sectores judiciales se haya sumado el odio con que determinadas posiciones políticas obsequian a quienes, como Garzón, cuestionan la impunidad con que cometen, encubren o celebran diversos tipos de crímenes.
Es Garzón quien ha calificado de “burda represalia” la querella que el citado seudosindicato neofranquista ha presentado contra él y, desde el punto de vista político, la expresión lo define. Pero los querellantes han encauzado su acción por la vía judicial. El órgano competente ha admitido la querella y en el marco del Estado de derecho es de esperar que su decisión sepa deslindar la carga indudablemente política de esta enésima persecución contra Garzón de la cuestión jurídica de fondo. Entre otras cosas porque si, como recuerdan hoy muchos, el juez está tan sometido a la ley como un ciudadano cualquiera, no es menos cierto que debe gozar de igual amparo de los tribunales de justicia.
Catedrático de Ciencias Políticas
7 comentarios

Un ejemplo de mal Gobierno

02 Sep 2009

Compartir: [Imagen: ico_facebook.gif] [Imagen: ico_twitter.gif] [Imagen: ico_meneame.gif] [Imagen: ico_delicious.gif]

Ramón Cotarelo
La responsabilidad democrática no se agota en la obligación de dar cuenta ocasional y extraordinaria en sede parlamentaria de los actos políticos de los gobernantes y administradores públicos. Abarca también un deber permanente y continuo de las autoridades de rendir cuentas de sus actos ordinarios, sobre todo los de carácter económico, a petición de la ciudadanía o de cualquier instancia legítima de la sociedad civil. Es el puntal mismo del principio de publicidad, sin el cual toda democracia se convierte en un régimen opaco y proclive a la corrupción.
Todos los actos de todas las Administraciones públicas (excepto los que estén amparados en la normativa de secretos oficiales) están sometidos al escrutinio de la ciudadanía, para que esta juzgue el comportamiento de sus representantes en función del principio kantiano de que todas aquellas medidas que afecten al interés general y no puedan hacerse públicas son injustas. La Fundación para el Desarrollo Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) es una entidad oscura y misteriosa (tanto que hasta carece de página web), de actividad errática e imprecisa, presidida por Esperanza Aguirre y que puede haber sido cauce para una financiación ilegal de sus campañas electorales a través de un mecanismo aparentemente corrupto. Algunos empresarios, en especial el presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, pueden haber canalizado cuantiosos donativos al PP a través de la fundación, siendo luego compensados con creces a través de la adjudicación directa de contratos públicos. En ambos casos, posiblemente, se ha procedido en fraude de ley, burlando tanto la Ley Orgánica de Régimen Electoral General como de la de Contratos del Sector Público.
El comportamiento de las autoridades de la Comunidad Autónoma de Madrid que han negado información sobre las cuentas de Fundescam y obstaculizado el acceso de este periódico al conocimiento de su facturación –que es pública– es, por lo menos, una falta del deber de rendición de cuentas, cuando no un intento de ocultación deliberada de información. Esta sólo ha podido obtenerse mediante requerimiento notarial, algo que pone a la Administración al nivel de la mafia. El desprecio y la insensibilidad con que la comunidad ha venido tratando este asunto en el que intervienen la presunta corrupción y la financiación ilegal del partido, así como todos los que ensombrecen su gestión, que son abundantes –desde el supuesto espionaje hasta las implicaciones en la trama Gürtel y las dudosas privatizaciones en provecho de intereses particulares–, es testimonio de la actitud autoritaria de su presidenta, que está en las antípodas del liberalismo clásico que dice profesar.
Se acerca mucho, en cambio, a un tipo de gestión clientelar en el que los fondos públicos se manejan para enriquecimiento de los allegados, que luego devuelven parte del favor mediante generosos donativos a las arcas electorales, cuando no en forma de tradicionales mordidas. Todo un ejemplo de lo que un Gobierno democrático, transparente y escrupuloso con las cuentas públicas no puede ser.
Catedrático de Ciencias Políticas
4 comentarios

La cuestión colombiana

29 Ago 2009

Compartir: [Imagen: ico_facebook.gif] [Imagen: ico_twitter.gif] [Imagen: ico_meneame.gif] [Imagen: ico_delicious.gif]

Tags: política internacional Ramón Cotarelo
Desde un punto de vista geopolítico y con el pretexto de la lucha contra el narcoterrorismo, Colombia viene actuando como una cabeza de puente de los Estados Unidos en América del Sur. Aunque el país disponga del segundo ejército en importancia de la zona y muchos conflictos concretos vividos en los últimos años los hayan desencadenado acciones de las fuerzas militares o paramilitares colombianas (por ejemplo, el último ataque en territorio ecuatoriano), suele pretextarse que el auge del izquierdismo en los países aledaños supone un peligro para la seguridad nacional de Colombia y, desde luego, un riesgo para los intereses estratégicos de los Estados Unidos.
Invocando la lucha contra el narcoterrorismo, ambos países firmaron un acuerdo de defensa que pone siete bases militares a disposición de los estadounidenses en territorio colombiano, circunstancia que ha disparado la inquietud –cuando no la hostilidad– entre los países circunvecinos y pone en entredicho la veracidad del discurso de Obama de cambiar el enfoque imperial estadounidense en América Latina. Hasta puede decirse que se confirma, una vez más, la sabiduría convencional de que los demócratas acaban practicando siempre una política exterior más agresiva que los republicanos, y Obama no parece ser una excepción.
Para atender a esta crisis, de la que depende la estabilidad política del subcontinente y en la que incluso se barajaba la posibilidad de ruptura de relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela –cuyo mandatario, Hugo Chávez, hablaba de “vientos de guerra”–, se convocó la cumbre de Unasur, la organización que reúne a 12 países de la zona en San Carlos de Bariloche, en la Argentina. A fin de evitar un fracaso similar al que se produjo en la última, en Quito, a la que Álvaro Uribe no acudió por considerar que había animadversión hacia Colombia, esta reunión se planteó muy breve y, para soslayar posibles bloqueos, sin orden del día previo.
La mayoría de países de la zona, más o menos de izquierda, rechaza la presencia de bases militares estadounidenses sosteniendo que tienen una finalidad política estratégica que amenaza la soberanía de los estados y la global del subcontinente, pues la lucha contra el narcoterrorismo es sólo un pretexto. Por su lado, Colombia sostiene que el acuerdo no implica peligro alguno fuera de las fronteras colombianas, que la verdadera amenaza es el terrorismo y lo que considera la actitud connivente con él de algunos países de la región, así como la carrera de armamentos que, a su juicio, ha desencadenado la política exterior venezolana. De hecho, es cierto que se da un incremento de la carrera armamentística y el gasto militar se ha duplicado en América del Sur en los últimos cinco años, pero lo que se ha puesto en evidencia en el encuentro de Bariloche es que el enfrentamiento y la desunión entre los países de América del Sur impide una acción concertada en defensa de sus intereses y trabaja a favor del de los Estados Unidos de seguir controlando la zona directamente y por medio de gobiernos sumisos a su política.
Catedrático de Ciencias Políticas
1 comentario

Gobierno y oposición

24 Ago 2009

Compartir: [Imagen: ico_facebook.gif] [Imagen: ico_twitter.gif] [Imagen: ico_meneame.gif] [Imagen: ico_delicious.gif]

Tags: política Ramón Cotarelo
En un tipo ideal de sistema parlamentario con Estado unitario hay una nítida separación entre el Gobierno y la oposición. En un Estado compuesto real, con órganos de gobierno en niveles distintos (nacional, subnacional y/o local), especialmente cuando esos gobiernos son autónomos, la línea de separación entre Gobierno y oposición se hace confusa, no porque ambos órdenes se mezclen, sino porque el partido de Gobierno en un nivel puede ser oposición en el siguiente.
En un caso extremo, en España, podría haber un Gobierno nacional del PP o del PSOE con todos los autonómicos en manos del otro partido, de forma que cada uno es Gobierno en un nivel y oposición en el otro. Así sucede en la realidad: el partido del Gobierno central es oposición en la Comunidad Autónoma de Madrid o en la de Valencia, así como en sus respectivos municipios, todas ellas administraciones territoriales de considerable envergadura demográfica y presupuestaria. Carece de sentido que el PP afirme que el Gobierno persigue a la oposición porque –aunque consiguiera demostrar tan repudiable hecho, cosa impensable pues no exhibe prueba alguna– no podría demostrar que el PP que gobierna en Madrid sea al mismo tiempo oposición por la elemental regla de la identidad de que una cosa no puede ser ella misma y su contraria al mismo tiempo. Y da la casualidad de que las principales persecuciones judiciales de presuntos comportamientos delictivos se dan en comunidades como Madrid, Valencia y Murcia, en las que gobierna el PP, o en otras como Baleares, en que lo hizo. Decir que el Gobierno persigue a la oposición cuando el partido supuestamente perseguido es a su vez Gobierno es una falsedad de política partidista. Y se añade una consecuencia igualmente perversa para el funcionamiento del sistema democrático: confundir la jerarquía de los niveles de Gobierno con falta de lealtad al conjunto utilizando, por ejemplo, los gobiernos de los niveles autonómicos para hacer oposición al Gobierno central.
La perversión reside en que así como se exige que el Gobierno central no discrimine comunidades autónomas en función de su partido de Gobierno, estas mismas se permiten el lujo de boicotear las políticas del Gobierno central en asuntos propios de las competencias de este, como hace la Comunidad Valenciana con la asignatura de Educación para la Ciudadanía o la madrileña con la Ley de Dependencia. La situación se complica si a los distintos niveles internos en España unimos el de la Unión Europea, en donde el PP, oposición al Gobierno central en España y Gobierno en algunas de sus comunidades autónomas, también es gobierno de la UE, dado que el grupo del Partido Popular Europeo (en el que se integra el PP) es mayoritario en el Europarlamento. Llevar la insólita cuestión de la pretendida (y no probada) persecución de la oposición española al Parlamento europeo y pretender una declaración institucional de este es un golpe bajo para la Presidencia española del primer semestre de 2010 y una muestra de la nula lealtad del PP a los intereses del Estado español en su conjunto.
Catedrático en Ciencias Políticas
3 comentarios

ETA, fiel a sí misma

11 Ago 2009

Compartir: [Imagen: ico_facebook.gif] [Imagen: ico_twitter.gif] [Imagen: ico_meneame.gif] [Imagen: ico_delicious.gif]

Tags: política terrorismo Ramón Cotarelo
El comunicado de ETA el sábado y las bombas de Mallorca el domingo son piezas de una estrategia de la banda que en lo sustancial no ha variado desde el inicio de la Transición. Originariamente trataba de provocar una involución política, una caída de la democracia y una nueva dictadura militar que diera justificación a su existencia. No habiéndolo conseguido, lo que pretende ahora de un Gobierno democrático es una nueva ronda de negociaciones. Asegura que no pretende imponer nada, sino facilitar una salida razonable en la que todos los proyectos sean materializables. Esta precisión, que parece de Perogrullo, en el fondo quiere decir que sean materializables incluso aunque no gocen de apoyo mayoritario o sea, que se
impongan…
Ahora bien, después de tres mesas de negociaciones –con González, Aznar y Zapatero– siempre volcadas por decisión unilateral de ETA, es poco problable que ningún otro Gobierno de España vuelva a proponer negociación alguna. Eso lo sabe ETA igualmente, pero confía en que, si no se realiza su estrategia manifiesta (golpe de Estado, negociación), se dé la latente. Esta consiste en que cunda el cansancio, el aburrimiento y la apatía en la población española de forma que una mayoría de esta se pronuncie a favor de la independencia de Vas-conia o algo así.
Sería el pueblo el que obligaría a un poder político remiso a ceder. Todos los que dicen hoy que hay que negociar, que jamás se vencerá a ETA policial y judicialmente, están asumiendo las razones de la banda, algunas de las cuales son, a mi juicio, inasumibles. Por ejemplo, esa tan frecuente de culpar de las posibles víctimas de la actividad terrorista a los poderes públicos por no hacer nada por evitarlas (esto es, negociar) e incluso a las mismas víctimas, en la medida en que son estas quienes han elegido a aquellas personas públicas.
Pero es que, por último, al margen de las cuestiones formales, hay un obstáculo a la negociación que es insalvable por cuanto no hay nada que negociar. Esto es, no hay nada que negociar fuera del Parlamento; dentro del Parlamento, todo. Siendo esto así, la única negociación posible es sobre cómo y cuándo dejan los terroristas las armas. Esta decisión no es muy prometedora y quizá traiga más sufrimiento, como dice la propia ETA, pero España ha pasado por momentos mucho peores en esto del terrorismo, con más de cien muertos al año.
El ritmo actual de los atentados y la correspondiente campaña de verano, aparte de mostrar que el terrorismo abertzale tiene algo que ver con el islámico en ese odio al turismo que los caracteriza, deja en evidencia que ETA está más débil que nunca. El cerco policial y judicial surte efecto. Quizá no se consiga acabar con la banda de inmediato pero su final será un hecho.
Entre tanto sigue actuando a su peculiar manera. Juega con fuego aunque no quiere hacer mucha sangre pues trata de conservar la lealtad de los suyos. A fuer de terrorista, a ETA le vendría bien una carnicería, pero si hay una desgracia en algún establecimiento turístico, el aislamiento social de ETA y sus epígonos será ya completo.
Catedrático de Ciencia Política




Usuarios navegando en este tema: 1 invitado(s)