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"La vida es un derecho, no una obligación"
#1

POLÍTICA
El doctor Luis Montes reclama en Elplural.com los cuidados paliativos
"La vida es un derecho, no una obligación"
Los médicos Luis Montes y Fernando Soler, del Hospital Severo Ocho de Leganés se felicitan ante la voluntad del Gobierno andaluz de aprobar la eutanasia pasiva.
<!-- El debate ciudadano sobre una cuesti&oacute;n de tanto calado como el derecho de las personas a decidir sobre la propia muerte, suscita en los agentes sociales un c&uacute;mulo de pasiones y reacciones emocionales que interfieren, lo oscurecen y distorsionan alej&aacute;ndolo del clima de racionalidad que requiere un an&aacute;lisis reposado y multidisciplinar de un tema tan capital.Visceralidad de algunos
Partiendo de concepciones de la vida muy diferentes, cuando no radicalmente opuestas, las diferencias ideol&oacute;gicas generan a menudo una visceralidad que en nada contribuye a la expresi&oacute;n serena de puntos de vista ni a la clarificaci&oacute;n de posturas. Esos posicionamientos previos, esos &ldquo;principios&rdquo; en que se sustentan las diferentes visiones del problema, no s&oacute;lo afectan al hecho nuclear del debate: a como uno entiende la vida y la muerte, tambi&eacute;n a la forma de entender la libertad y los derechos de las personas, a la visi&oacute;n misma de la sociedad y a la relaci&oacute;n de los ciudadanos con las leyes. No es extra&ntilde;o pues que resulte dif&iacute;cil hacerse o&iacute;r en medio de un debate tan ideologizado y entre sordos.
Persecuci&oacute;n salvaje
Quienes hemos sufrido en nuestras carnes c&oacute;mo una pr&aacute;ctica de buen hacer m&eacute;dico, la sedaci&oacute;n de pacientes terminales, es decir el alivio del sufrimiento que la agon&iacute;a comporta, dio lugar a la persecuci&oacute;n m&aacute;s salvaje e injustificada de unos profesionales por parte de las autoridades sanitarias, sabemos algo de c&oacute;mo desde el poder y sus medios de difusi&oacute;n se puede entorpecer intencionalmente un debate, confundiendo interesadamente sedaci&oacute;n con eutanasia y eutanasia con asesinato, cuando no con supuestas limpiezas &eacute;tnicas, exterminio de ancianos y discapacitados y otras lindezas que, si bien han sido finalmente desmentidas por los jueces, han ocasionado restricciones objetivas del auxilio m&eacute;dico en la muerte de las personas. El miedo de muchos m&eacute;dicos a sufrir una persecuci&oacute;n similar a la del Severo Ochoa ha causado mucho dolor innecesario que alguien deber&aacute; pagar alguna vez.
Garant&iacute;a del derecho a morir sin sufrimiento
Por eso, recibimos con satisfacci&oacute;n la noticia de que el Gobierno Andaluz prepara una normativa dirigida a garantizar a los pacientes alguna cota de decisi&oacute;n sobre sus vidas y sobre el modo en que quieren morir, garantizando que ning&uacute;n m&eacute;dico que comparta los puntos de vista del Obispo Em&eacute;rito de Pamplona, les va a hurtar su derecho a morir sin sufrimiento.
Contradicciones
Cierto es que los instrumentos legales existentes deber&iacute;an ser suficientes para garantizar estos derechos, pero la realidad es que algunos de ellos parecen m&aacute;s dirigidos a lo contrario. &iquest;Qu&eacute; sentido tiene si no, que la Ley de Instrucciones Previas (Testamento Vital) de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, establezca en su art&iacute;culo 3&ordm;-3 que &ldquo;los profesionales sanitarios podr&aacute;n ejercer la objeci&oacute;n de conciencia con ocasi&oacute;n del cumplimiento de las instrucciones previas&rdquo;?Si tales instrucciones est&aacute;n restringidas a lo permitido en la propia ley y limitadas por la Lex Artis. &iquest;en qu&eacute; norma &eacute;tica puede basarse la negativa de un m&eacute;dico a seguir los deseos de su paciente rechazando un tratamiento que prolongue innecesariamente su agon&iacute;a, o solicitando el alivio de su sufrimiento?
Patente de corso
No podemos olvidar adem&aacute;s, que esa supuesta Lex Artis puede convertirse en una patente de corso en manos de un grupo de autodenominados expertos, elegidos a tal efecto por cualquier pol&iacute;tico o servidor de pol&iacute;ticos. El conflicto provocado por el consejero Lamela en el Severo Ochoa de Legan&eacute;s es un magn&iacute;fico ejemplo de que esta afirmaci&oacute;n est&aacute; muy bien fundada.
Izquierda huidiza
Tampoco vamos a pecar de optimistas, tenemos claro que esa futura ley andaluza, que ya se est&aacute; rotulando, sobre todo por quienes afilan los cuchillos para rechazarla, como ley sobre la eutanasia, no va a entrar en la cuesti&oacute;n fundamental que la sociedad debiera estar debatiendo de no haberse frenado por la acci&oacute;n premeditada de los elementos m&aacute;s reaccionarios de la derecha y, por qu&eacute; no decirlo, la cobard&iacute;a de la izquierda en el poder que huye de un debate en el que no tiene claros los argumentos. Nos referimos, claro est&aacute;, al derecho ciudadano a disponer el final de su vida cuando considera que lo que resta de ella no merece ser vivida.
Por contribuir modestamente a este trascendente debate, queremos expresar algunas de nuestras reflexiones:
Derecho a la vida
En primer lugar, consideramos que la vida es un derecho, no una obligaci&oacute;n. Este derecho a la vida que se formula desde casi todas las constituciones, idearios &eacute;ticos y religiones (aunque casi nunca ha impedido el exterminio de los contrarios en nombre de los dioses respectivos) en la pr&aacute;ctica se encuentra limitado al derecho a no ser arrebatada por otro; en modo alguno a que uno mismo pueda disponer de ella. Las religiones ponen la propiedad de la vida en manos de sus dioses, de tal modo que las personas quedamos reducidos a simples usufructuarios de este bien que como tal, estamos obligados a preservar. La vida se convierte de hecho, en una obligaci&oacute;n. Los Estados, por cierto, aprovechan esta concepci&oacute;n de la vida obligatoria para ejercer dominio sobre las personas ya que nadie hay m&aacute;s libre que quien es due&ntilde;o de su vida y la cohesi&oacute;n social no est&aacute; basada tanto en la libertad real de los individuos cuanto en el dominio de los m&aacute;s por los menos.
La religi&oacute;n, con su doctrina moral y el estado con las leyes que traducen esos principios en la pr&aacute;ctica, generan sin embargo contradicciones profundas que es preciso mostrar a los ciudadanos para su an&aacute;lisis.
Suicidio
Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha negado la existencia de un derecho fundamental al suicidio, que a nuestro juicio emanar&iacute;a directamente del constitucional derecho a la vida. Esta negaci&oacute;n del derecho a poner fin a la propia vida, choca con el derecho reconocido por la llamada Ley de Autonom&iacute;a del Paciente, por las de &uacute;ltimas voluntades y por el propio C&oacute;digo Penal de 1995 que reconocen el derecho del paciente a decidir la no aplicaci&oacute;n o la suspensi&oacute;n de tratamientos y procedimientos que pueden prolongar su vida, lo que en definitiva es dar preeminencia al derecho de autonom&iacute;a sobre la obligaci&oacute;n de preservaci&oacute;n de la vida. &iquest;Qu&eacute; l&oacute;gica tiene que uno no pueda quitarse la vida y s&iacute; decidir que se le desconecte de un aparato respirador, lo que conducir&aacute; a la muerte de un modo cierto?
Incongruencia legal
En esta incongruencia argumental de las leyes se llega a lo que a nuestro juicio es un desatino total: el C&oacute;digo Penal vigente desde 1995 (que ciertamente fue un paso en la descriminalizaci&oacute;n de ciertas conductas eutan&aacute;sicas) establece el car&aacute;cter de &ldquo;necesaria&rdquo; que debe tener una conducta en el marco eutan&aacute;sico para quedar tipificada como delito. Quedan fuera del tipo penal las conductas que prestan una ayuda al suicidio sin la cual &eacute;ste hubiera podido igualmente llevarse a cabo. Por explicarlo m&aacute;s sencillamente: la jurisprudencia no considera delito la ayuda al suicidio eutan&aacute;sico si &eacute;ste hubiera podido llevarse a cabo de otro modo por el suicida; la conducta ser&iacute;a at&iacute;pica por no necesaria. Llegamos as&iacute; al hecho incongruente &ndash;y discriminatorio a nuestro juicio&ndash; de que no es punible facilitar un veneno a un paciente terminal que lo solicita, si el tal paciente hubiera podido terminar con su vida de esta u otra forma y s&iacute; resulta delictivo administrar ese veneno a un paciente que lo solicita y que no tiene la posibilidad de procur&aacute;rselo a si mismo por estar impedido. Fue el caso de Ram&oacute;n Sanpedro. De esta contradicci&oacute;n resulta que ayudar al suicidio eutan&aacute;sico a un paciente que lo desea y lo solicita, es un hecho delictivo, aunque atenuado respecto de la ayuda al suicidio no eutan&aacute;sico, s&oacute;lo si el paciente est&aacute; incapacitado para procur&aacute;rselo a s&iacute; mismo. &iquest;Hay desatino m&aacute;s discriminatorio con el m&aacute;s d&eacute;bil que es el imposibilitado para llevar a actos sus decisiones?
Autonom&iacute;a real de la persona
Nuestra propuesta es que se establezca legalmente como principio generador de derechos, la autonom&iacute;a real de los individuos, esto es, la capacidad de decidir por si mismos cu&aacute;ndo consideran que su vida ha dejado de ser un bien y, consecuentemente, el modo y momento de ponerle fin. Establ&eacute;zcanse todas las garant&iacute;as legales precisas para evitar los abusos pero d&eacute;jese que los m&eacute;dicos decidamos hasta d&oacute;nde entendemos que debe llegar nuestro compromiso de procurar alivio al ser humano doliente.

Luis Montes Mieza y Fernando Soler Grande son m&eacute;dicos del hospital Severo Ochoa de Legan&eacute;s

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El debate ciudadano sobre una cuestión de tanto calado como el derecho de las personas a decidir sobre la propia muerte, suscita en los agentes sociales un cúmulo de pasiones y reacciones emocionales que interfieren, lo oscurecen y distorsionan alejándolo del clima de racionalidad que requiere un análisis reposado y multidisciplinar de un tema tan capital. Visceralidad de algunos
Partiendo de concepciones de la vida muy diferentes, cuando no radicalmente opuestas, las diferencias ideológicas generan a menudo una visceralidad que en nada contribuye a la expresión serena de puntos de vista ni a la clarificación de posturas. Esos posicionamientos previos, esos “principios” en que se sustentan las diferentes visiones del problema, no sólo afectan al hecho nuclear del debate: a como uno entiende la vida y la muerte, también a la forma de entender la libertad y los derechos de las personas, a la visión misma de la sociedad y a la relación de los ciudadanos con las leyes. No es extraño pues que resulte difícil hacerse oír en medio de un debate tan ideologizado y entre sordos.
Persecución salvaje
Quienes hemos sufrido en nuestras carnes cómo una práctica de buen hacer médico, la sedación de pacientes terminales, es decir el alivio del sufrimiento que la agonía comporta, dio lugar a la persecución más salvaje e injustificada de unos profesionales por parte de las autoridades sanitarias, sabemos algo de cómo desde el poder y sus medios de difusión se puede entorpecer intencionalmente un debate, confundiendo interesadamente sedación con eutanasia y eutanasia con asesinato, cuando no con supuestas limpiezas étnicas, exterminio de ancianos y discapacitados y otras lindezas que, si bien han sido finalmente desmentidas por los jueces, han ocasionado restricciones objetivas del auxilio médico en la muerte de las personas. El miedo de muchos médicos a sufrir una persecución similar a la del Severo Ochoa ha causado mucho dolor innecesario que alguien deberá pagar alguna vez.
Garantía del derecho a morir sin sufrimiento
Por eso, recibimos con satisfacción la noticia de que el Gobierno Andaluz prepara una normativa dirigida a garantizar a los pacientes alguna cota de decisión sobre sus vidas y sobre el modo en que quieren morir, garantizando que ningún médico que comparta los puntos de vista del Obispo Emérito de Pamplona, les va a hurtar su derecho a morir sin sufrimiento.
Contradicciones
Cierto es que los instrumentos legales existentes deberían ser suficientes para garantizar estos derechos, pero la realidad es que algunos de ellos parecen más dirigidos a lo contrario. ¿Qué sentido tiene si no, que la Ley de Instrucciones Previas (Testamento Vital) de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, establezca en su artículo 3º-3 que “los profesionales sanitarios podrán ejercer la objeción de conciencia con ocasión del cumplimiento de las instrucciones previas”?Si tales instrucciones están restringidas a lo permitido en la propia ley y limitadas por la Lex Artis. ¿en qué norma ética puede basarse la negativa de un médico a seguir los deseos de su paciente rechazando un tratamiento que prolongue innecesariamente su agonía, o solicitando el alivio de su sufrimiento?
Patente de corso
No podemos olvidar además, que esa supuesta Lex Artis puede convertirse en una patente de corso en manos de un grupo de autodenominados expertos, elegidos a tal efecto por cualquier político o servidor de políticos. El conflicto provocado por el consejero Lamela en el Severo Ochoa de Leganés es un magnífico ejemplo de que esta afirmación está muy bien fundada.
Izquierda huidiza
Tampoco vamos a pecar de optimistas, tenemos claro que esa futura ley andaluza, que ya se está rotulando, sobre todo por quienes afilan los cuchillos para rechazarla, como ley sobre la eutanasia, no va a entrar en la cuestión fundamental que la sociedad debiera estar debatiendo de no haberse frenado por la acción premeditada de los elementos más reaccionarios de la derecha y, por qué no decirlo, la cobardía de la izquierda en el poder que huye de un debate en el que no tiene claros los argumentos. Nos referimos, claro está, al derecho ciudadano a disponer el final de su vida cuando considera que lo que resta de ella no merece ser vivida.
Por contribuir modestamente a este trascendente debate, queremos expresar algunas de nuestras reflexiones:
Derecho a la vida
En primer lugar, consideramos que la vida es un derecho, no una obligación. Este derecho a la vida que se formula desde casi todas las constituciones, idearios éticos y religiones (aunque casi nunca ha impedido el exterminio de los contrarios en nombre de los dioses respectivos) en la práctica se encuentra limitado al derecho a no ser arrebatada por otro; en modo alguno a que uno mismo pueda disponer de ella. Las religiones ponen la propiedad de la vida en manos de sus dioses, de tal modo que las personas quedamos reducidos a simples usufructuarios de este bien que como tal, estamos obligados a preservar. La vida se convierte de hecho, en una obligación. Los Estados, por cierto, aprovechan esta concepción de la vida obligatoria para ejercer dominio sobre las personas ya que nadie hay más libre que quien es dueño de su vida y la cohesión social no está basada tanto en la libertad real de los individuos cuanto en el dominio de los más por los menos.
La religión, con su doctrina moral y el estado con las leyes que traducen esos principios en la práctica, generan sin embargo contradicciones profundas que es preciso mostrar a los ciudadanos para su análisis.
Suicidio
Por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha negado la existencia de un derecho fundamental al suicidio, que a nuestro juicio emanaría directamente del constitucional derecho a la vida. Esta negación del derecho a poner fin a la propia vida, choca con el derecho reconocido por la llamada Ley de Autonomía del Paciente, por las de últimas voluntades y por el propio Código Penal de 1995 que reconocen el derecho del paciente a decidir la no aplicación o la suspensión de tratamientos y procedimientos que pueden prolongar su vida, lo que en definitiva es dar preeminencia al derecho de autonomía sobre la obligación de preservación de la vida. ¿Qué lógica tiene que uno no pueda quitarse la vida y sí decidir que se le desconecte de un aparato respirador, lo que conducirá a la muerte de un modo cierto?
Incongruencia legal
En esta incongruencia argumental de las leyes se llega a lo que a nuestro juicio es un desatino total: el Código Penal vigente desde 1995 (que ciertamente fue un paso en la descriminalización de ciertas conductas eutanásicas) establece el carácter de “necesaria” que debe tener una conducta en el marco eutanásico para quedar tipificada como delito. Quedan fuera del tipo penal las conductas que prestan una ayuda al suicidio sin la cual éste hubiera podido igualmente llevarse a cabo. Por explicarlo más sencillamente: la jurisprudencia no considera delito la ayuda al suicidio eutanásico si éste hubiera podido llevarse a cabo de otro modo por el suicida; la conducta sería atípica por no necesaria. Llegamos así al hecho incongruente –y discriminatorio a nuestro juicio– de que no es punible facilitar un veneno a un paciente terminal que lo solicita, si el tal paciente hubiera podido terminar con su vida de esta u otra forma y sí resulta delictivo administrar ese veneno a un paciente que lo solicita y que no tiene la posibilidad de procurárselo a si mismo por estar impedido. Fue el caso de Ramón Sanpedro. De esta contradicción resulta que ayudar al suicidio eutanásico a un paciente que lo desea y lo solicita, es un hecho delictivo, aunque atenuado respecto de la ayuda al suicidio no eutanásico, sólo si el paciente está incapacitado para procurárselo a sí mismo. ¿Hay desatino más discriminatorio con el más débil que es el imposibilitado para llevar a actos sus decisiones?
Autonomía real de la persona
Nuestra propuesta es que se establezca legalmente como principio generador de derechos, la autonomía real de los individuos, esto es, la capacidad de decidir por si mismos cuándo consideran que su vida ha dejado de ser un bien y, consecuentemente, el modo y momento de ponerle fin. Establézcanse todas las garantías legales precisas para evitar los abusos pero déjese que los médicos decidamos hasta dónde entendemos que debe llegar nuestro compromiso de procurar alivio al ser humano doliente.

Luis Montes Mieza y Fernando Soler Grande son médicos del hospital Severo Ochoa de Leganés


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