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pruebas de fe
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Pruebas de fe

03 Dic 2009

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Tags: educación justicia políticaÓSCAR CELADOR
La historia de la educación española está salpicada de numerosos ejemplos que ilustran los intentos del Estado y de la Iglesia católica de asegurarse de que tanto los docentes como los discentes fueran fieles a sus postulados; en unos casos exigiendo a los candidatos a profesores a acreditar sus sanas opiniones religiosas y políticas, y en otros pidiendo a aquellos que quisieran cursar un determinado nivel de estudios que, como condición para ser escolarizados, aportasen su fe de bautismo y un certificado de buena conducta religiosa. La Constitución de 1978 dio al traste con la concepción de la educación como un mero mecanismo de adoctrinamiento al servicio de los actores políticos y religiosos, al reconocer los derechos a la educación y la libertad de enseñanza en el marco de un Estado laico, que garantiza la libertad de conciencia.
En este contexto, a priori no debe sorprender a nadie que un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Sevilla desestime la petición de unos padres de que, al no conseguir que su hija sea admitida en una escuela religiosa concertada, se amplíe el número máximo de alumnos por clase en ese centro concreto para satisfacer su derecho a que su hija reciba una formación religiosa acorde a sus creencias. Lo preocupante de la decisión judicial no es el fallo en sí mismo, sino la fundamentación que ha hecho el tribunal, ya que esta se ha soportado en el hecho de que los padres eligieron como segunda opción una escuela pública –y por lo tanto laica–, de lo que cabe deducir que no han manifestado de forma inequívoca el deseo de que su hija sea educada en una escuela religiosa.
El juez podía haber rechazado la petición de los padres por motivos tan variados como poderosos, y todos ellos se recogen en el artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Los padres –y no los colegios– son los que deciden dónde quieren escolarizar a sus hijos, pero cuando la demanda supera la oferta de un centro escolar el proceso de admisión debe regirse por criterios objetivos, como la renta o la concurrencia de discapacidad en alguno de los miembros de la unidad familiar, la proximidad del centro escolar al domicilio o al lugar de trabajo de los padres, o la asistencia de hermanos al mismo centro. Ahora bien, y a este respecto la LOE se expresa de forma indubitada, en ningún caso habrá discriminación, entre otros motivos por razón de religión, en el proceso de admisión.
En el caso de que el juez hubiera aplicado las disposiciones de la LOE, habría desestimado igualmente la petición, pero no por tener dudas sobre el deseo de los padres de la menor, sino porque las creencias religiosas no pueden ser tenidas en cuenta en este proceso. Sin embargo, la decisión judicial ha optado por abrir una puerta muy peligrosa, pues, a la vista de su fundamentación, aquellos que aún recuerdan con melancolía los usos de una época felizmente superada se estarán preguntado: ¿qué habría ocurrido si los padres hubieran acompañado a su solicitud un escrito de su párroco que certificase la buena conducta religiosa y la calidad de la fe de la menor y sus padres?
Óscar Celador es profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas
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Juguetes para hacer cosas

02 Dic 2009

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Tags: ciencia educaciónMIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA FISAC
Las cosas que nos rodean, y las que nosotros mismos hacemos, podemos verlas como si consistieran en dos tipos de elementos: materia e información, de qué están hechas y cómo están hechas, átomos y bits. Hace unos años, a un grupo de ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), liderados por Neil Gershemnfeld, se les ocurrió una idea de esas que, cuando crecen, cambian el mundo. Lo mismo que los ordenadores han puesto al alcance de todos las más amplias posibilidades de gestionar información, bits, así también una adecuada configuración de programas de diseño, máquinas herramientas de control numérico y materiales nanotecnológicos puede poner a disposición de cualquiera la capacidad no ya de pensar, inventar o diseñar casi cualquier cosa, sino de hacerla. Es lo que ellos llaman fabricación personal, el “hágalo usted mismo” de los fines de semana en el garaje, pero condimentado con alta tecnología, y en lo que se basan para construir los FabLab (Laboratorios de Fabricación: The Center for Bits and Atoms). La idea se ha ensayado con éxito, tanto en aldeas de la India o de África como en colegios de Boston o en el campus del MIT. Y la experiencia es que a jóvenes y mayores, cuando se les pone en sus manos la posibilidad de hacer cosas insospechadas, terminan inventándoselas y fabricándolas de verdad. El mejor incentivo para la innovación es descubrir que uno mismo puede hacer cosas nuevas.
En España somos grandes constructores de palabras, más que de artefactos. Por algo Don Quijote sólo era capaz de distinguir entre las armas y las letras, ignorando las máquinas, a las que confundía frecuentemente con enemigos fantásticos. Pero esta es también la patria de Torres Quevedo, precursor de la inteligencia artificial, y la del complejo de cooperativas industriales de Mondragón, o la de empresas líderes mundiales en energías renovables. Son ejemplos de una cultura centrada en hacer cosas, no sólo en contemplarlas o consumirlas. Así que no parece que esté tan lejos de nuestra cultura la posibilidad de apostar por construir el mundo con nuestras propias manos, en vez de comprárselo a otros con los beneficios de la especulación inmobiliaria. Es cuestión de querer.
Ahora se presenta una oportunidad: se acercan las Navidades, época de regalos y juguetes. Existen dos grandes opciones: juguetes para consumir o juguetes para construir, bits o átomos. Consolas virtuales para consumir información o juegos de construcción para crear mundos nuevos. El punto de conexión entre ambas alternativas son los ordenadores personales; mejor si se pueden manipular, conectar a robots de juguete y usarlos para programar cachivaches. Por desgracia, los mejores de estos juguetes aún son bastante caros; pero, por suerte, todavía siguen existiendo en las jugueterías, en las tiendas de modelismo y en las de los museos científicos todo tipo de juegos de construcción, artefactos tecnológicos y juguetes científicos, accesibles y llenos de posibilidades.
Hay que aprovechar la oportunidad de aprender con las nuevas generaciones a cambiar el mundo, no sólo a contemplarlo o consumirlo: comprar juguetes para hacer cosas.
Miguel Ángel Quintanilla Fisac es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia
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La fiscalidad del automóvil

01 Dic 2009

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Tags: economía políticaNÚRIA BOSCH
Los vehículos han soportado tradicionalmente una gran carga fiscal tanto en España como en otros países de la Unión Europea. En nuestro país los impuestos representan alrededor del 30% del precio de los vehículos, situándose en una posición intermedia dentro de la Unión Europea. Cuando compramos un vehículo nuevo pagamos el impuesto de matriculación y el IVA. Por su posesión, hay que pagar el impuesto municipal sobre circulación de vehículos y, hasta ahora, el desaparecido impuesto sobre el patrimonio. Otros impuestos gravan la utilización del vehículo. Son el impuesto de hidrocarburos, el impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos, el impuesto sobre primas de seguros y otra vez el IVA, que recae sobre el consumo de hidrocarburos, los recambios y las reparaciones. Finalmente, si el vehículo cambia de propietarios, se exige el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Las nuevas tendencias en la fiscalidad llevan a transformar los impuestos sobre vehículos en impuestos ambientales que incentiven la reducción de la contaminación global y local que ocasionan. En este sentido, en 2005 la Comisión Europea presentó una propuesta de directiva que supone eliminar el impuesto de matriculación de vehículos y reformar el impuesto sobre circulación de manera que su base imponible esté en función de las emisiones de CO². Por tanto, estas son las directrices que toda reforma de la fiscalidad del automóvil debería seguir en el futuro.
En el caso español, un aspecto positivo a destacar es que actualmente el impuesto de matriculación ya grava los vehículos por sus emisiones de CO². Asimismo, el impuesto de circulación municipal debería reformarse en la línea que propone dicha directiva europea. Su base imponible debería formase a partir de las emisiones de CO². A su vez, sobre estas emisiones debería establecerse una tarifa progresiva. Algunos estudios estiman que la reducción en las emisiones de CO² podría ser de alrededor de un 5%.
No obstante, los vehículos han de gravarse primordialmente a través del impuesto de hidrocarburos. De hecho, ya ocurre en la actualidad. El impuesto sobre hidrocarburos representa más del 40% de la recaudación derivada del gravamen de los automóviles. Gravar los vehículos a través de este impuesto permite aplicar el conocido principio de que quien contamina paga, ya que hay una relación directa entre el consumo de hidrocarburos y la contaminación emitida. De hecho, existen argumentos para basar exclusivamente la fiscalidad del automóvil en los impuestos sobre hidrocarburos.
En definitiva, la reforma de la fiscalidad de los vehículos debería ser un elemento importante de toda reforma fiscal verde, debiendo cumplir dos condiciones primordiales. Primera, la reforma ha de ser eficiente desde un punto de vista ambiental, es decir, que produzca una disminución real de las emisiones contaminantes. Y segunda, la reforma no ha de suponer un aumento de la carga fiscal sobre los vehículos, sino una redistribución de la misma a favor de los vehículos menos contaminantes.
Núria Bosch es catedrática de Hacienda Pública
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Hechos y normas

30 Nov 2009

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Tags: justicia políticaFRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN
El debate sobre el Estatut se está intensificando a medida que se conocen noticias muy preocupantes respecto de posibles declaraciones de inconstitucionalidad de una parte importante del texto. Para quienes creemos en la plena constitucionalidad del Estatut no resulta fácil aventurar qué tipo de argumentos está manejando el TC. No es posible, por tanto, hacer una valoración de una sentencia que todavía no existe, pero eso no significa que no podamos realizar algunas consideraciones sobre los posibles efectos políticos de una decisión contraria al Estatut.
La dimensión de esos efectos estará necesariamente vinculada al alcance que pueda tener una eventual declaración de inconstitucionalidad. Aunque es difícil de explicar en pocas palabras, si la sentencia se limitara a declarar inconstitucionales determinados preceptos por cuestiones meramente formales, eso no invalidaría necesariamente el proyecto político que está detrás del Estatut, ya que el contenido de esos preceptos podría incorporarse al ordenamiento –ya lo ha hecho en algunos ámbitos– mediante leyes estatales.
Sería absurdo, sin embargo, que negáramos la entidad del problema que se avecina si finalmente el Tribunal declara inconstitucionales aspectos esenciales, como los que afectan al sentimiento nacional que legítimamente tiene la inmensa mayoría de la sociedad catalana. Lo más grave de todo es que Catalunya aceptó una formulación que se limita a expresar en el preámbulo que “el Parlamento de Catalunya, recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Catalunya, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Catalunya como nación”. Se trata simplemente de la mención de un hecho, al que se le puede poner fecha incluso, del mismo modo que hacen otros preámbulos de otros Estatutos en relación con otros factores que refuerzan su identidad propia.
Dos reflexiones se imponen sobre una posible declaración de inconstitucionalidad de los elementos identitarios del Estatut. La primera, que no habrá razonamiento alguno que convenza a juristas y ciudadanía de que el TC puede declarar la inconstitucionalidad de hechos incorporados a textos normativos. La segunda, que los efectos políticos de esa declaración serían un reforzamiento del sentimiento nacional catalán en su versión más radical, que es la reacción lógica que tiene cualquier comunidad ante algo que se percibe como una agresión injusta e injustificada. De manera natural, el sentimiento nacional en Catalunya se ha ido orientando hacia posiciones independentistas debido a la sensación extendida de agravio frente a otras comunidades autónomas. No podemos olvidar que muchos de los preceptos que está enjuiciando el Tribunal en relación con el Estatut no han sido impugnados en otros estatutos.
Una sentencia contraria a la identidad nacional de Catalunya no la hará menos nación de lo que ya es antes del pronunciamiento del TC, pero sí la alejará más de España. Quizás esto no figure en ninguna norma que pueda ser nuevamente impugnada por el PP, pero será un hecho que habrá que afrontar.
Francisco Balaguer Callejón es catedrático de Derecho Constitucional
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Sin primer empleo

29 Nov 2009

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Tags: economía política trabajoJORGE CALERO
Conocemos bien los estragos que causa el desempleo a las personas, las familias y las sociedades en el corto plazo. En una economía como la nuestra, con unos niveles de empleo especialmente sensibles en las crisis, hemos sido testigos de las dificultades económicas, los problemas psicológicos y las tensiones sociales ocasionadas por el paro. Sin embargo, no somos del todo conscientes de las repercusiones que puede tener el desempleo en el largo plazo; entre ellas se encuentran aspectos tan relevantes (tanto desde el punto de vista individual como desde el colectivo) como incrementos de la morbilidad, descensos de la esperanza de vida y erosión en la formación de capital humano. Quisiera apuntar algunas ideas en torno a este último aspecto, refiriéndome, sobre todo, a las consecuencias que puede tener, a lo largo de la vida activa, la dificultad de acceder a un primer empleo.
Hace más de un año, con la crisis ya suficientemente instalada, se planteó que un posible efecto colateral beneficioso de esta sería que los jóvenes se refugiarían en las aulas ante la dificultad de encontrar o mantener un empleo. ¿Ha sucedido realmente así? Si consideramos a los jóvenes entre 16 y 22 años, en 2006, en plena fase de crecimiento económico, el 61,6% de ellos realizaba estudios (datos de la Encuesta de Población Activa). En 2009, esta proporción había subido sólo de forma leve, hasta el 62,5%. La crisis sólo empuja ligeramente a los jóvenes hacia las aulas. Los empuja, con mucha más intensidad, hacia la calle o hacia sus casas: en la misma franja de edad, el porcentaje de personas que ni estudian ni trabajan ha crecido desde un 10,6% en 2006 hasta un 17,6% en la actualidad, con algunas comunidades autónomas, como Andalucía, donde el porcentaje alcanza el 21%. Esta proporción de la población es muy similar en los hombres y en las mujeres.
Durante el periodo de creación de empleo –que empezó a mediados de la década de los noventa y concluyó en 2007–, el mercado de trabajo aceptaba a jóvenes con bajo nivel de cualificación, que conseguían con relativa facilidad un primer empleo. A costa, claro está, de una tasa elevadísima de abandono prematuro del sistema educativo. Pero al menos existía un primer empleo, hito importantísimo en las trayectorias personales, y cuyos efectos se prolongan a lo largo de toda la vida activa. En ese primer empleo los jóvenes pueden (podían) adquirir conocimientos y actitudes que resultarán cruciales para insertarse en el mundo del trabajo y, por tanto, en el mundo adulto.
En buena medida, el primer empleo, complementado con una buena formación en el puesto de trabajo, puede ser un aceptable sustituto de la educación reglada. Incluso en el peor de los casos, tan frecuente, en los que el primer empleo exige una cualificación muy reducida y no va asociado a un recorrido profesional claro, proporciona un cierto margen para el desarrollo personal y laboral. En la actualidad estas potencialidades del primer empleo han dejado de existir para un grupo numerosos de jóvenes. Los efectos a largo plazo de esta carencia se proyectarán ineludiblemente en el futuro.
Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada
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La ley placebo

28 Nov 2009

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Tags: inmigración trabajoANTONIO IZQUIERDO
El jueves se aprobó una ley placebo sobre la inmigración a propuesta del Gobierno y mejorada por el Parlamento. Ciertamente, la norma no modifica el modelo inmigratorio; su misión parece ser la de aplacar el mal humor que destilan los españoles en los sondeos. Se cree que ese estado de ánimo es el que determina el voto. Si fuera ese el fundamento del cambio legislativo hay que decir que no era necesario, porque hace dos años que las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas registran que la fiebre ha bajado y que hoy estamos al nivel de 2001. Debemos reconocer que el discurso
del Gobierno ha enfriado el acaloramiento público. Pero sólo en la piel.
Si la expresión pública de recelo disminuye, ¿es, acaso, porque somos diferentes los españoles o sólo lo aparentamos? Pues lo común es que con la crisis se tapen menos las vergüenzas racistas. Esa crecida del sentimiento antiinmigrante en época de dificultades ha quedado repetidamente acreditada allende nuestras fronteras. ¿Estamos en presencia de una particularidad celtibérica?
Está claro que los últimos barómetros del CIS reflejan esa mengua de la preocupación por la presencia inmigrante en su doble plano nacional y personal. El agobio ha caído entre 2007 y 2009 del 35% al 19% en el ámbito público y del 12% al 6% en la agenda privada. Por lo visto, la inmigración de países terceros constituye para los ricos un problema nacional y, para los pobres, uno personal. Claro está que las clases acomodadas extraen beneficios de este tipo de inmigrantes que, sin embargo, sólo se integrarán de verdad con los españoles de su misma clase social, es decir, con los nativos que están abajo.
Los datos enseñan que en los periodos de bonanza económica las percepciones se desmaterializan y la repulsión se ceba en lo simbólico. En otras palabras, se regatea con los derechos a cambio de la sumisión en las costumbres. Al contrario de lo que sucede en los tiempos de infortunio, cuando el rechazo se “laboraliza” y socializa. En la prosperidad se enfatizan la diferencia religiosa y los hábitos visibles, mientras que en la escasez lo que repele es su presencia en el trabajo y en la escuela pública. En verdad nunca se ha aceptado que los inmigrantes más vulnerables ejerzan la igualdad de derechos, sino que se les reconocían porque no los consumaban. Lo que ocurre es que, en la crisis, el rechazo se amplia en ámbitos públicos. Ahora abarca desde el trabajo hasta el ambulatorio y, además, se extiende por las clases medias.
No vivimos en una sociedad de intercambios sociales. En realidad hay poco canje de experiencias entre nativos e inmigrantes y, cuando se dan, no necesariamente conducen al aprecio. Los estudios cualitativos muestran que las relaciones mutuas escasean y que en las plazas públicas se mira pero no se habla. Daré sólo un ejemplo: los latinoamericanos aparecen en las encuestas como los preferidos, pero son los más detestados por su presencia en los parques. Sin duda el mejor vecino es el que no se ve. Queremos inmigrantes imaginarios.
Antonio Izquierdo es catedrático de Sociología
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Turismo urbano letal

27 Nov 2009

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Tags: sociedad urbanismo viviendaCARME MIRALLES-GUASCH
Venecia se muere. No la de los turistas, pero sí la ciudad de los venecianos. Hace unas semanas toda la prensa nacional e internacional se hizo eco de un funeral por la muerte de la ciudad, organizado por un movimiento cívico. Hace tan sólo unas décadas Venecia tenía 120.000 habitantes, ahora no llega a los 60.000. Y había sobrepasado los 200.000 en épocas lejanas. El turismo de masas está arrasando la ciudad y está construyendo un decorado. Una ciudad turística, donde los inmuebles se convierten en hoteles, las tiendas de barrio en tiendas de souvenirs, los bares en locales franquiciados iguales en todas partes y donde la vida cotidiana, y con ella sus niños jugando y sus mayores tomando el sol en los campos (plazas en Venecia), se va empequeñeciendo.
En Barcelona hay un debate y un malestar similar. No en toda la ciudad, pero sí en su centro. El espacio histórico y simbólico, que tanto esfuerzo público supuso alejarlo de la marginalidad e incorporarlo al resto de la ciudad, está abarrotado de turistas durante todo el año. Barcelona, desde hace algún tiempo, aparece reiteradamente en la cúspide de las listas de ciudades con más calidad de vida, con más glamour, con más actividades de ocio nocturnas, con playa, sol y espacios públicos de película (Vicky Cristina Barcelona). Algunos incluso la consideran la mejor ciudad del mundo y la transforman en modelo exportable. Y la ciudad cambia. Más hoteles, más apartamentos turísticos, más autocares. Menos farmacias, mercerías y ultramarinos. Menos niños jugando en sus plazas. El aumento de la demanda incrementa los precios de los servicios, de los locales comerciales, de las viviendas. Y todo concentrado en la parte central de la ciudad, que va perdiendo habitantes y cotidianidad y, con ello, sus redes sociales y de vecindad.
Hace algunos años, vecinos de otras partes de la ciudad redescubrieron su centro histórico, incluso apostaron por vivir en él. Sin embargo, hoy los barceloneses están dejando de reconocer espacios emblemáticos de la ciudad como propios. Es difícil pasear por las Ramblas. La Boqueria es un mercado para sacar fotos. Las playas que con tanto esfuerzo se reconstruyeron y se sumaron al espacio público de la ciudad son propiedad de los turistas.
Y no se trata de criticar la actividad turística en sí. Se trata de una gestión poco eficaz que ha apostado por la concentración del fenómeno en un espacio muy reducido de la ciudad sin reconocer otros lugares urbanos, fuera y dentro de esta, como válidos. Se trata de percibir el centro histórico como un gran escaparate donde parece que no hay límites para los equipamientos turísticos. En definitiva, de no saber gestionar el éxito y dejar a la iniciativa privada aquello que tenía que tener un mayor liderazgo público.
Y de ahí el malestar de los vecinos, que ven cómo su espacio vital se reduce y se pierden sus referentes. Y de los ciudadanos, que se alejan de la parte más simbólica de la ciudad, arrasada por
el turismo de masas, convertida en monocultivo económico. Qué lástima.
Carme Miralles-Guasch es profesora de Geografía Urbana
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Violencias contra las mujeres

26 Nov 2009

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Tags: educación feminismo justicia sociedadCARMEN MAGALLÓN
El 25 de noviembre fue instituido por Naciones Unidas como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para que en todo el mundo, al menos una vez al año, se tome en consideración este grave problema. En nuestro país, el trabajo de años de denuncia del movimiento feminista dio finalmente sus frutos y hoy contamos con instrumentos como la Ley Integral contra la Violencia de Género y un delegado del Gobierno responsable del tema. No obstante, los cambios son lentos, y a entender por qué lo son puede ayudar el modelo definido por el pionero de la investigación para la paz, Johan Galtung, que habla de tres tipos de violencia: directa, estructural y cultural, identificables también en el caso de las mujeres.
La más patente, la violencia directa, se materializa en el maltrato, el acoso, las agresiones, y la muerte de tantas mujeres.
La violencia estructural contra ellas es un proceso en cuyo centro se halla la dominación. Se deriva del lugar que ocupan en el orden económico y de poder hegemónicos. El que la pobreza en el mundo tenga rostro de mujer es violencia estructural contra ellas. También lo es que el poder con mayúsculas esté sesgado a favor de los hombres. En la mayoría de los países, ellos son quienes ocupan los cargos importantes, las presidencias de los gobiernos, las jefaturas de las iglesias, los puestos dirigentes de las instituciones y corporaciones. También es violencia estructural, por lo que tiene de incremento de pobreza y de carga de trabajo añadida, el que la mayoría de las familias monoparentales con hijos pequeños o mayores dependientes caiga bajo la responsabilidad de una mujer.
Finalmente, la violencia cultural contra las mujeres, simbólica y persistente en el tiempo, es la que legitima las otras violencias, la directa y la estructural. Se halla en la mayoría de las creencias religiosas, en las que la deidad es masculina, en las ideas sobre la naturaleza de la mujer elaboradas por la filosofía y la ciencia, que la situaron en niveles más cercanos a los animales –la naturaleza– que al ser humano racional; en la literatura y el arte, en las que predominan las obras donde la mujer es objeto de la mirada, en vez de sujeto creativo y autónomo.
El modelo de Galtung facilita la comprensión de los flujos causales que se establecen entre los tres tipos de violencia. Estos flujos circulan en todas las direcciones, pero el principal es el que va de la violencia cultural a la violencia directa pasando por la estructural. La desvalorización simbólica de la mujer (violencia cultural) la abocó históricamente a un estatus de subordinación y exclusión (violencia estructural), y esta marginación y carencia de poder favoreció su conversión en objeto de abuso físico (violencia directa).
La lentitud del cambio puede explicarse por el carácter profundo de la raíz principal, simbólica-cultural, de esta violencia. Por eso la organización en estos días del Foro Internacional Juventud y Violencia de Género, dirigido a los jóvenes y centrado en los aspectos culturales y mediáticos, es un acierto reseñable.
Carmen Magallón es doctora en Físicas y directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz
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Catalunya y su Estatut

25 Nov 2009

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Tags: justicia políticaRAMÓN COTARELO
Prácticamente está todo dicho acerca de las consecuencias de una posible sentencia del Tribunal Constitucional sensiblemente restrictiva del Estatut, entendiendo por tal la que desvirtúe principios simbólicos o restrinja competencias estratégicas.
De un lado, casi todas las fuerzas políticas catalanas, excepción hecha del Partido Popular, Ciutadans y, con matices, Unió Democratica de Catalunya, preanuncian beligerancia en caso de una sentencia restrictiva; de otro, casi todas las fuerzas políticas españolas, pretendiendo despolitizar el conflicto, repiten que las sentencias de los tribunales se acatan y se cumplen. Pero es que el Tribunal Constitucional no es un órgano judicial ordinario, sino un ente político y como tal –especialmente en este caso, en el que se ha dado todo tipo de episodios de fondo partidista– está sometido a los vaivenes políticos.
Venir a pedir ahora acatamiento incondicional frente a las decisiones de un órgano que tiene fuertes déficits de legitimidad y que lo hagan precisamente aquellas fuerzas que más lo han maltratado no deja de ser un ejercicio de hipocresía o de cinismo. No debe olvidarse que la reforma en curso del Estatut se inició porque había un acuerdo general en que Catalunya debía acceder a mayores cotas de autogobierno por la vía legal tras el agotamiento del Estatut de Sau. Carece de sentido enfrentarse a la nueva redacción con un rasero puesto en el nivel de autogobierno del Estatut anterior cuando en otros estatutos se ha alzado sensiblemente.
Los catalanes hacen bien levantando la voz y con ella otras debieran hacerlo, empezando por la del partido del Gobierno, que comenzó la reforma estatutaria como un bravo San Jorge y quiere terminarla como un escurridizo Poncio Pilato. El PSC tiene que recordar a los magistrados de ese órgano político que es deber del Tribunal Constitucional –quizá hoy su último deber– atender al complejo equilibrio constitucional de la España de las autonomías y al autonómico de la España constitucional. Aunque no sea más que porque parte esencial del mérito en levantarlo fue de ese mismo Tribunal en tiempos mejores.
Las cosas han ido por donde han ido y el Tribunal Constitucional está muy tocado. Es bastante posible que sea preciso cambiarlo en profundidad –incluida la reforma constitucional– si se quiere que sobreviva a este tifón provocado porque el estatuto en reforma es el catalán, en el que se quiere hacer un escarmiento para mostrar al impertinente nacionalismo que el irredentismo tiene un límite infranqueable.
Carece de sentido provocar un enfrentamiento por asuntos que, en muy buena medida, son retóricos o tienen precedentes o, simplemente, están regulados de forma análoga en otros estatutos. Lo que podía faltarnos es que, tras años de escuchar que Catalunya estaba siendo objeto de trato privilegiado con agravio comparativo para los demás, nos encontráramos con que es objeto de un trato discriminatorio negativo con agravio comparativo para los catalanes por haber ido por la vía estrictamente legal de reforma del Estatut sin inventarse aventuras
soberanistas.
Ramón Cotarelo es catedrático de Ciencias Políticas
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El vértigo de la historia

24 Nov 2009

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Tags: política internacionalCARLOS TAIBO
El vigésimo aniversario de la desaparición del Muro de Berlín nos ha dejado un alud de literatura que pretende rescatar lo que fueron aquellos acontecimientos. Apenas han visto la luz, sin embargo, análisis que permitan calibrar lo que supusieron los hechos de 1989. Pareciera como si, en la zozobra general en que estamos, optásemos por el relato historicista y pintoresco y nos alejásemos de cualquier suerte de reflexión que obligue a escarbar, en serio, en las causas de esa zozobra.
Las reflexiones del momento no han dejado hueco, por lo pronto, para una discusión vital: la que se pregunta por lo que fueron, al cabo, los sistemas de tipo soviético. Aún hoy son muchos los que viven de una doble ilusión óptica: por un lado, la que nace de la certeza de que esos sistemas eran realmente comunistas y, por el otro, la que da por descontado que con el hundimiento de la URSS el comunismo desapareció irremediablemente de la faz de la Tierra. Si lo primero es más que discutible –los sistemas de tipo soviético en modo alguno consiguieron trascender el universo histórico y social del capitalismo–, lo segundo se revela poco creíble en un planeta en el que, 20 años después, muchas de las ideas que el orden liberal creyó arrinconar para siempre reaparecen, bien es cierto que a menudo en orgullosa contestación de lo que fueron los regímenes del socialismo irreal.
En paralelo, sobran las razones para recelar del buen sentido de algunos de los pronósticos que se formularon en la estela de los hechos de 1989. El más sonado fue, claro, el que se refería a un eventual final de la historia de la mano de la incontestada entronización del orden liberal. Momento es este de reflexionar sobre la formidable aceleración de los ritmos que permite que hoy, sólo 20 años después, todas las certezas de entonces se hayan desvanecido. Con la globalización y el propio capitalismo en entredicho, el vértigo de los tiempos nos asalta e invita a abandonar cualquier certidumbre en lo que hace al rigor de las grandes tesis que nos han acompañado en los últimos cuatro lustros.
La efemérides de 1989 debería servir, por encima de todo, para acometer una reflexión sobre el singularísimo momento histórico en que nos encontramos. Aunque es verdad que, a diferencia de lo ocurrido 20 años atrás, el sistema hoy en crisis, el capitalismo, se beneficia de la ausencia, más allá de respetabilísimas elaboraciones teóricas, de fórmulas alternativas que den réplica a la triste realidad que arrastramos, su crisis despunta por doquier. Al margen de su incapacidad para acabar con la pobreza, la exclusión y la injusticia, cada vez se hace más evidente su vocación de agudizar los problemas medioambientales y de recursos que acosan al planeta.
Más allá de lo anterior, con todo, dos datos permiten tomar el pulso a la condición contemporánea del capitalismo. El primero nos recuerda que, al calor de un proceso globalizador que ha apostado con claridad por la gestación de un paraíso fiscal de escala planetaria, en abierta ignorancia de cualquier razón de cariz humano, social o ecológico, se ha perfilado un caos de escala planetaria que ha escapado visiblemente del control y de los intereses de quienes pusieron en marcha el proceso correspondiente. El segundo subraya lo que por momentos se antoja evidente: la llamativa incapacidad del capitalismo de estas horas para dar satisfacción de sus propios objetivos.
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política


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