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El PP y las instituciones públicas que controlaba facturaron más de 26 millones de euros a las empresas de correa en la última legislatura de Aznar

• El PP era el principal cliente de Francisco Correa y sus hombres. Las empresas de la trama ‘Gürtel’ facturaron casi 39 millones de euros al partido y a los organismos de la Administración que controlaba, en mayor proporción durante la mayoría absoluta de Aznar.


Reportaje por: Daniel MONTERO
Fotografías por:

14/12/09
El Partido Popular era un cliente muy rentable para Francisco Correa. Tanto que el principal imputado en la operación Gürtel facturó en los últimos siete años más de 38 millones de euros a la formación de Mariano Rajoy y a distintos organismos e instituciones públicas controlados por el PP. El grueso del dinero llegó cuando José María Aznar estaba en La Moncloa. Durante el último gobierno popular (2000-2004, con mayoría absoluta), el PP nacional entregó a Correa más de 15 millones de euros por la organización de actos, según los datos de la Agencia Tributaria. A eso hay que sumar los contratos de ayuntamientos, parlamentos y gobiernos regionales controlados durante los años de mayoría absoluta. En total, Correa recibió 26 millones de euros en cuatro años durante el último periodo de Aznar. Y eso en dinero legal. Los informes policiales señalan que algunos actos del PP fueron abonados con más de un 50 por ciento en negro.
El flujo de dinero procedente de Génova –el tesorero era Luis Bárcenas– para Correa se frenó en seco tras la salida de Aznar de la presidencia. Cayó hasta un 80 por ciento. Pero el volumen de ingresos de la red no se resintió. El holding mantuvo un torrente constante de entrada de dinero público hasta el estallido de la operación Gürtel. En los últimos dos años, eso sí, el grueso del dinero llegó desde organismos oficiales de la Comunidad Valenciana: como media, las sociedades atribuidas a Correa recibían 2,5 millones de euros al año en dinero declarado a Hacienda.
Special Events fue durante años la joya de la corona. Ella fue la encargada de organizar los principales actos del PP, varias campañas electorales y hasta la boda de la hija del ex presidente Aznar. Álvaro Pérez, el Bigotes, era el titular de la cuenta del PP y el encargado de tratar con la familia Aznar. La empresa recibió durante los años de mayoría absoluta –además de los 15 millones de euros directos de Génova– 165.000 euros del Grupo Parlamentario Popular –encabezado entonces por Eduardo Zaplana–, un millón de euros de Aena –presidida por Pedro Argüelles y José Eladio Seco en ese periodo–, 267.450 euros del Ayuntamiento de Madrid –dirigido por Alberto Ruiz Gallardón– y fundaciones de la esfera del PP, como Fundescam, presidida por Pío García Escudero, o la Fundación Popular Iberoamericana, que contrataron servicios por 700.000 euros entre ambas.
Nada se escapaba a la red de Correa. En 2001, el consejero de Agricultura de la Xunta de Galicia, Castro Gago (PP), recurrió a los servicios de Special Events. El organismo le encomendó un plan de estudio y coordinación contra el mal de las vacas locas. Special Events –sin experiencia alguna en la materia– subcontrató después varios estudios a científicos y profesionales. Y cobró su porcentaje por la mediación. Al final, la maniobra costó 1,4 millones de euros a los gallegos.
La influencia del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reportó también 728.409 euros a los hombres de Correa. En aquellas fechas, 2002 y 2003, la entidad estaba presidida por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. La contabilidad B de la empresa, localizada por la policía, refleja un año después un supuesto pago de 30.000 euros a Álvaro de la Cruz, número dos de la FEMP. La tesis policial contempla esta partida como porcentaje para garantizar a la trama Gürtel la organización de la VII Asamblea General de la entidad. El precontrato ascendía a casi 600.000 euros.
La cuenta de Special Events se redondeó con los contratos que suscribieron con él varios alcaldes populares de la Comunidad de Madrid: Guillermo Ortega (Majadahonda), por 142.000 euros; Bonifacio de Santiago (Las Rozas), por 43.000 euros; y Ginés López Rodríguez (Arganda), por 3.000 euros. Sin embargo, el primer edil que más dinero aportó en un solo ejercicio fue Bernabé Cano, alcalde de La Nucía (Alicante), localidad de poco más de 15.000 habitantes que contrató en 2002 los servicios de Special Events por 524.435 euros. El dinero fue destinado a organizar los Premios Luis del Olmo, pero el Ayuntamiento declaró ante Hacienda el pago de una cantidad mucho menor: 184.702 euros.
Los datos de Hacienda sobre la red empresarial se remontan únicamente hasta el 2000, ya que los delitos fiscales prescriben a los cinco años. Los únicos documentos sobre la contabilidad del grupo de años anteriores a ese año se encontraron ocultos en una caja de seguridad del Banco de Santander en Pontevedra. En ellos, los agentes localizaron apuntes manuscritos sobre al menos 367 actos organizados para el PP; y dedujeron que más de la mitad del dinero por dichos actos, hasta 536.566 euros, se pagó en B.
Entre los principales proveedores aparece ante Hacienda un particular llamado Eduardo Jaussi. También imputado, Jaussi era el encargado de diseñar y construir los decorados para los actos del PP y otros organismos oficiales. El empresario facturó a Special Events 848.923 euros hasta el abandono de José María Aznar como máximo responsable popular, en 2004. La contabilidad legal de Correa muestra gastos anuales de más de 25.000 euros en una joyería y constantes transferencias entre sociedades del grupo. Otro proveedor que figura en la contabilidad de Correa es el restaurador madrileño José Luis, especializado en servicios de cáterin y que fue el encargado de elaborar el menú de la boda de Ana Aznar.
La mayoría de las sociedades del grupo presentan facturas a nombre de Pasadena Viajes, la agencia fundada por el principal imputado. La empresa organizó incluso en 2005 un viaje personal para la familia Aznar, declarado a Hacienda por Famaztella, la sociedad que aglutina los derechos de autor del matrimonio. Fue un leve apunte, ya que el grueso de su facturación se debe al Partido Popular (2.275.043 euros), la Fundación Popular Iberoamericana (415.004 euros) y el Ministerio de la Presidencia, que pagó hasta 912.405 euros a Pasadena. La empresa fue la elegida para organizar los desplazamientos diplomáticos de la cartera controlada entonces por Mariano Rajoy.
La caída de José María Aznar como presidente del Gobierno supuso un descalabro económico para los acusados, tal y como reflejan sus apuntes contables y las declaraciones de Correa. El empresario aseguró al juez Garzón que la elección de Rajoy al frente del PP y un reportaje de interviú sobre sus negocios en Madrid le cerraron las puertas de Génova. Las cuentas de Special Events se resintieron tanto que la sociedad quedó muerta. Pero los ingresos del grupo incluso crecieron. A partir de 2005, la sociedad Orange Market, encargada de organizar actos para el PP de la Comunidad Valenciana tomó el peso de la facturación. Y comenzó a requerir los servicios como proveedores de otras sociedades del grupo, lo que trasladó parte de los dividendos de nuevo a Madrid. La ruptura del grupo con el PP de la capital fue tal que incluso lo llevaron al juzgado para cobrar una deuda. Al final, el problema se resolvió con un acuerdo extrajudicial.
En 2007, la empresa Orange Market declaró unos ingresos brutos de 3,8 millones de euros. Ese mismo año, y según los informes policiales, la misma sociedad percibió otros 2,8 millones de euros en dinero negro por actos organizados para el PP. “Dicha cantidad tiene su origen en una financiación paralela del Partido Popular”, explican documentos judiciales. Con ese dinero se abonaron según la contabilidad, actos en Villarreal, vallas en el metro de Valencia, actos de campaña en Alicante e incluso mítines de Mariano Rajoy. Al año siguiente, los ingresos en B de Orange Market ascendieron, según los mismos documentos, a 3,4 millones de euros.
Las cuentas declaradas ante Hacienda muestran que la mayoría de sus ingresos oficiales procedían de la Agencia Valenciana de Turismo, con más de un millón de euros al año; la Generalitat Valenciana –presidida por Francisco Canps desde 2003–, que gastó hasta 103.094 euros, y el Partido Popular regional, que gastó 872.208 euros en los servicios de Orange Market en el año 2007.


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