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Un presunto caso de corrupcion
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La transparencia con el dinero público
Un presunto caso de corrupción
Migoya defiende su respuesta «rápida y firme» ante el caso de la funcionaria
La jefa de servicio destituida por adjudicar contratos a su empresa tiene
otra denuncia relacionada con el supuesto desfalco en un Juzgado de Gijón
11:35
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Ana Rosa Migoya, en el centro, ayer, en el distrito langreano de Barros.
Ana Rosa Migoya, en el centro, ayer, en el distrito langreano de Barros. fernando rodríguez

Esta información ha sido elaborada por Luisma Díaz (Langreo), R. García (Gijón) y José A. ORDÓÑEZ (Oviedo)
La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, defendió ayer su «rápida y firme» actuación en el caso de la funcionaria destituida por supuestas adjudicaciones irregulares a una empresa de su propiedad (Implans Mounts). Según indicó ayer en Langreo, inmediatamente después de tener conocimiento de la existencia de «irregularidades administrativas» en la gestión de la jefa de servicio de Procesos Administrativos, la Consejería procedió a su destitución y puso el asunto en manos de la Fiscalía, a la que ofreció «toda la colaboración que sea necesaria» para esclarecer el caso. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, la denuncia presentada por el Principado ante la Fiscalía no es la única contra la funcionaria M. R. A. por un supuesto desfalco que sumaría más de medio millón de euros. El juzgado número cuatro de Gijón investiga otra denuncia por hechos relacionados con este escándalo. Su titular, la magistrada asturiana Ana Pandiella, ha decretado secreto sumarial.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron la puesta en marcha de las diligencias en Gijón, aunque no quisieron concretar si la denuncia ha sido interpuesta por un particular o por una empresa. El juzgado tendrá que decidir, una vez que se concluyan las investigaciones, si se abre un proceso judicial en Gijón distinto al que se está tramitando en la actualidad en Oviedo o si, por el contrario, todo se resuelve en un único proceso.

Centrada en las actuaciones de la fiscalía, Migoya se refirió ayer por primera vez al caso de la jefa de servicio, después de que este diario publicara la víspera una información sobre la escasa transparencia informativa que rodea a este espinoso asunto. Según el relato de la Consejera, «tras detectar una serie de irregularidades administrativas en las actuaciones de la funcionaria, se tomaron las medidas adecuadas cuando hay indicios de delito: se la cesó de su cargo, se la separó del servicio y se acudió a la fiscalía para que investigase lo sucedido». Migoya no entró a valorar la cuantía económica de los contratos públicos que pudo autoconcederse la funcionaria, ni si estos indicios de delito podrían retrotraerse hasta el anterior cargo de la trabajadora en la Consejería de Cultura (también con Ana Rosa Migoya al frente). «Ahora el caso está en el ámbito judicial. Desde el Principado, hemos hecho todo lo necesario para atajar este problema. Se actuó con rapidez y coherencia, llevándolo todo a fiscalía», declaró la consejera de Administraciones Públicas, para añadir que «nuestra obligación ahora es dejar que la justicia actúe. El Principado estará al servicio del Juzgado para lo que necesite».

Las irregularidades fueron detectadas por el director general de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Alberto Pérez Cueto, cuando, revisando documentos, advirtió una inusual concentración de contratos menores en favor de una empresa, que resultó ser la de la funcionaria.MIGOYA EL DAÑU YA ESTA HECHU LA FUNCIONARIA LLEVO LA PASTA


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