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una ley andaluza de muerte digna,necesaria
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El Plural / Art. Opinión
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ART. OPINIÓN

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SUSANA RADIO
27/03/2010




Una ley andaluza de muerte digna, necesaria, reclamada y pionera

Las leyes deben atender a las necesidades de la ciudadanía, al desarrollo de la sociedad y a las preocupaciones y anhelos del pueblo; y los gobiernos han de impulsar que se cumplan estas premisas

Hoy, en Andalucía, podemos sentirnos orgullosos de ser pioneros en España en la aprobación de una ley ampliamente reclamada y reivindicada, que afecta a miles de andaluces y andaluzas y que se nos mostraba como una necesidad imperiosa en el avance de la sociedad democrática

La Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, conocida como Ley de muerte digna, aprobada por unanimidad por el Parlamento andaluz, es la primera que ordena en España los derechos de los pacientes terminales y las obligaciones de los profesionales que los atienden.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía, en su artículo 20 (Testamento Vital y Dignidad ante el proceso de muerte), reconoce, en su punto 1, el derecho de todos los andaluces a declarar la voluntad vital anticipada que deberá respetarse, en los términos que establezca la ley; y en su punto 2, recoge el derecho de todas las personas a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales y a la plena dignidad en el proceso de la muerte. Por lo tanto, el objetivo de esta ley no es otro que hacer cumplir el Estatuto, desarrollarlo y crear un marco legislativo que garantice los derechos de los ciudadanos y ciudadanas a elegir y que su decisión sea tenida en cuenta y a la vez respaldar a los profesionales en las prácticas médicas que se enmarcan en este proceso.

Pero a este necesario desarrollo normativo del Estatuto se une el hecho de que el de la muerte digna es un debate abierto y reclamado por la sociedad. Según el barómetro sanitario de Andalucía de 2007, realizado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados, la ciudadanía muestra un respaldo masivo a las posiciones más avanzadas en relación con la dignidad de la muerte y el tratamiento del dolor en enfermos terminales. Y es que se calcula en 60.000 los andaluces que necesitan cuidados paliativos actualmente, entre enfermos oncológicos y otras patologías en fase avanzada. Muchos han sido los casos que en los últimos años han salido a la luz y han suscitado la polémica, enfrentando opiniones contrapuestas por parte de diversos sectores sociales en torno a cuál era la actuación correcta desde el punto de vista ético, moral, legal, etc. Difícil olvidar a la granadina Inmaculada Echevarría, que tuvo que acudir a los tribunales para que le desconectaran la ventilación mecánica que la mantenía con vida contra su voluntad desde hacía años. La Ley de muerte digna evitará que se repitan en Andalucía casos tan tristes como éste.

Sus 33 artículos hacen un amplio y minucioso recorrido por todas las necesidades y circunstancias que rodean ese difícil momento de la muerte de los enfermos en fase terminal, con el objetivo último de garantizar una atención adecuada durante el proceso final de la vida, basada en evitar el sufrimiento, y el respeto a la dignidad y a la libre decisión de cada uno. Gracias a esta ley, las andaluzas y los andaluces podrán acceder a cuidados paliativos integrales de alta calidad, en un centro sanitario o en su domicilio, donde podrán fallecer si así lo desean sin menoscabo de la calidad de la atención sanitaria; recibirán información adecuada y comprensible del diagnóstico, pronóstico y tratamientos posibles; podrán participar activamente en la toma de decisiones relativas a su enfermedad o muerte y tendrán la posibilidad de rechazar cualquier tratamiento, aunque ello suponga el acortamiento de su vida. Además, mediante el testamento vital, tendrán la facultad de declarar sus valores y preferencias de tratamiento, y tendrán derecho a rechazar tratamientos de soporte vital cuando su aplicación sólo prolongue la vida biológica sin aumentar las probabilidades de recuperación con un mínimo de calidad de vida. Todos ellos son avances sustanciales que se unen a otros como el derecho del paciente a recibir un tratamiento adecuado del dolor, alivio espiritual y sedación paliativa; a estar acompañados por sus seres queridos durante todo el proceso de atención sanitaria y a la protección de sus datos personales.

La oportunidad de esta ley se demuestra en el hecho de que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento andaluz, con el apoyo de los tres grupos de la Cámara (PSOE, PP e IU), una votación sólo perturbada por la petición de los populares de disgregar los artículos 18, 21 y 27 para que se votaran por separado. Se enfrenta así el Partido Popular a sus propias contradicciones, contentando por un lado al sector más radical de su electorado, pero sin dejar de atender al clamor social a favor de esta norma, imposible de desoír hasta para un partido tantas veces tan alejado de la mayoría de la ciudadanía y la realidad en los temas sociales. La no inclusión de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y la regulación de los comités de ética son los asuntos que recogen estos artículos que rechaza el PP sin tener en cuenta que esta Ley regula buenas prácticas clínicas y derechos indisputables del paciente ante los que no cabe objeción de conciencia alguna.

En definitiva, la Ley andaluza de muerte digna regula y une dos derechos fundamentales como son el de la vida, una vida vivida en dignidad, y el de la libertad, la libertad de elección ante esos últimos y difíciles momentos de la vida.


*Susana Radío Postigo es Secretaria de Bienestar Social de la Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía

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