La propiedad cuestiona la imparcialidad de la CUOTA en su informe sobre la urbanización de La Isla

La propiedad de los terrenos incluidos en la actuación urbanística de El Barrigón, en La Isla (Colunga), ha manifestado su “profunda preocupación” ante los hechos que se están produciendo en relación con la tramitación de ese expediente y anuncia que sus servicios jurídicos analizarán de manera inmediata tanto el contenido del informe emitido este jueves por la Comisión Permanente de la CUOTA como las circunstancias que han rodeado su elaboración y aprobación. La sociedad La Forca considera “extremadamente grave” que haya tenido conocimiento de las conclusiones de un informe contrario a sus intereses a través de los medios de comunicación, antes incluso de que dicho documento haya sido puesto a disposición de la propiedad y de que esta haya podido conocer sus fundamentos técnicos y jurídicos. Según la información difundida públicamente, la Comisión Permanente de la CUOTA ha considerado que la modificación planteada no se ajusta a la ordenación territorial y urbanística vigente, fundamentalmente por entender que determinados terrenos están sujetos a la protección derivada del POLA y del PESC. El informe sostiene además una determinada interpretación de la sentencia del TSJA de 2011 y aprecia deficiencias en la información pública realizada durante la tramitación municipal. La propiedad analizará y, en su caso, combatirá jurídicamente cada una de esas conclusiones tan pronto como la Administración le permita conocer el contenido íntegro del documento. Lo que resulta “difícilmente admisible”, dice la sociedad, es que la Administración haga pública su posición y traslade a los medios las conclusiones de un informe antes de que los propios interesados hayan podido siquiera conocerlo. “No parece razonable que la propiedad tenga que conocer por la prensa una decisión administrativa que afecta directamente a sus derechos e intereses y que, mientras se realizan declaraciones públicas categóricas sobre la supuesta ilegalidad de la actuación, no disponga todavía del documento que permitiría conocer los razonamientos que sustentan tales afirmaciones. La propiedad cuestiona las garantías de objetividad e imparcialidad que están rodeando el expediente.- La propiedad considera especialmente grave que la Comisión Permanente que ha emitido el pronunciamiento contrario a la actuación haya estado presidida precisamente por el Director General de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, circunstancia expresamente recogida en la información publicada este jueves. Según la información y documentación de la que dispone la propiedad, “ese mismo Director General habría participado previamente en reuniones de la plataforma constituida expresamente para oponerse a la actuación urbanística de El Barrigón”. De acreditarse definitivamente esta circunstancia en los términos conocidos por la propiedad, “resulta inevitable plantearse si concurrían las condiciones necesarias para garantizar la plena objetividad e imparcialidad de su posterior intervención institucional en un asunto respecto del cual habría participado previamente en reuniones de una organización constituida precisamente para combatirlo”. La Forca considera que “no estamos ante una cuestión menor ni ante una simple discrepancia urbanística. La imparcialidad de quienes intervienen en un procedimiento administrativo constituye una garantía esencial para los ciudadanos y para los propietarios afectados por las decisiones de la Administración”. Por este motivo, los servicios jurídicos de la propiedad examinarán específicamente la intervención del Director General en el procedimiento, su participación en la reunión de la Comisión Permanente celebrada este jueves y la eventual concurrencia de circunstancias que pudieran haber determinado su deber de abstenerse. La propiedad dispone además de comunicaciones de la Directora General de Urbanismo que considera de “gravedad”. La preocupación aumenta como consecuencia de otra circunstancia sobre la que la propiedad dispone de constancia documental. La sociedad tiene en su poder comunicaciones realizadas a través de WhatsApp por la Directora General de Urbanismo, Laura López Díaz, en las que, según resulta de su contenido, se habría facilitado a terceros información y orientaciones acerca de cómo actuar frente a la tramitación urbanística que se estaba desarrollando en el Ayuntamiento de Colunga. Para la propiedad, “resulta difícilmente conciliable con la necesaria apariencia de objetividad e imparcialidad que responsables de la Administración llamada a intervenir en un procedimiento puedan, simultáneamente, participar o colaborar, directa o indirectamente, en actuaciones dirigidas a combatir ese mismo procedimiento”. Por ese motivo, exigirá que se esclarezca en qué condición se realizaron esas comunicaciones, “qué información se trasladó, a quién se facilitó, cuál era su finalidad y si existieron otras actuaciones o comunicaciones relacionadas con este expediente”. Los servicios jurídicos de la propiedad analizarán toda la documentación disponible y determinarán las consecuencias jurídicas que, en su caso, procedan. La CUOTA había informado favorablemente en 2023 y todos los informes sectoriales conocidos son favorables.-  La contundencia con la que ahora se pronuncia la Administración autonómica resulta todavía más llamativa atendiendo a los antecedentes del expediente. La propia CUOTA emitió en 2023 un pronunciamiento favorable respecto de la actuación sin formular las objeciones que ahora se plantean. Asimismo, todos los informes sectoriales emitidos hasta la fecha y conocidos por la propiedad han sido favorables, incluidos los correspondientes a Cultura, Carreteras, Confederación Hidrográfica y Costas.  Particularmente significativo resulta el pronunciamiento de Costas, que modificó la servidumbre de protección y la situó en 20 metros precisamente como consecuencia de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 2011. La propia información difundida este jueves reconoce expresamente que, tras aquella sentencia, la Demarcación de Costas modificó la servidumbre de protección hasta los 20 metros.
Este es un tema de discusión derivado de la entrada https://coperibadesella.com/24/09/2026/la-propiedad-cuestiona-la-imparcialidad-de-la-cuota-en-su-informe-sobre-la-urbanizacion-de-la-isla/